Durante más de tres décadas, una máxima resumió buena parte de la estrategia electoral moderna en Estados Unidos: It's the economy, stupid.

James Carville la acuñó durante la campaña presidencial de Bill Clinton en 1992. Sin embargo, en una entrevista concedida a Fox News el pasado 3 de julio sorprendió al reconocer que hoy lamenta haber reducido el debate político a aquella fórmula. Frente al deterioro institucional y la corrupción —afirmó— la economía ya no basta para explicar las prioridades de una sociedad.

La reflexión de Carville trasciende la política estadounidense. Su máxima nació en una democracia con instituciones sólidas, donde la independencia judicial, la libertad de prensa, la alternancia en el poder y el respeto por las reglas del juego no estaban en discusión. En ese contexto era comprensible que la economía ocupara el centro del debate público. Pero cuando las instituciones se debilitan, la corrupción se expande, los derechos humanos dejan de respetarse y el Estado de derecho se erosiona, la fortaleza institucional vuelve a convertirse en la condición indispensable para el desarrollo económico.

Venezuela ilustra con claridad ese cambio de perspectiva. El debate suele plantearse como una elección entre estabilizar la economía o impulsar una transición política que permita celebrar elecciones libres. Ambas posiciones parten de una preocupación legítima, pero comparten un mismo supuesto: que la economía, la política y las instituciones pueden avanzar por caminos distintos. La experiencia histórica demuestra exactamente lo contrario.

En efecto, toda reforma económica profunda requiere confianza. Los inversionistas, nacionales y extranjeros, no solo evalúan indicadores macroeconómicos. También observan la independencia de los tribunales, los niveles de corrupción, la seguridad jurídica, la estabilidad de las reglas del juego, la protección del derecho de propiedad y la posibilidad real de hacer cumplir los contratos frente a la administración pública. Ningún programa de reconstrucción atraerá los recursos que Venezuela necesita si quienes deben invertir dudan de la solidez de sus instituciones.

Esta relación opera también en sentido inverso. Una transición política difícilmente podrá consolidarse sin ofrecer una perspectiva creíble de recuperación económica. Las sociedades aceptan los costos inevitables de una transformación institucional cuando perciben que ese esfuerzo abrirá oportunidades de empleo, inversión, crecimiento y bienestar. Una legitimidad democrática nacida de elecciones libres se fortalece cuando produce resultados que mejoran la vida de los ciudadanos.

Los terremotos del 24 de junio hicieron visible esa realidad. Reconstruir las ciudades destruidas no consiste únicamente en levantar edificios. Exige licitaciones transparentes, supervisión técnica independiente, seguridad jurídica y tribunales capaces de sancionar la corrupción y el incumplimiento de las normas de construcción. En otras palabras, sin instituciones sólidas e independientes no habrá recuperación posible.

La experiencia internacional confirma esa conclusión. La recuperación de Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial no fue únicamente el resultado del Plan Marshall. También descansó sobre el fortalecimiento del Estado de derecho, la consolidación de instituciones democráticas y la recuperación de la confianza ciudadana. Algo semejante ocurrió durante la transición española y, años más tarde, en los países de Europa Central y Oriental tras la caída del comunismo. Las reformas económicas y las institucionales avanzaron simultáneamente porque unas hicieron posibles las otras.

La política que actualmente impulsa Estados Unidos respecto de Venezuela parece responder a esa misma lógica. Concibe la estabilización económica, la recuperación institucional y la transición política como procesos que pueden avanzar en paralelo, superponerse y reforzarse mutuamente. Esa es, probablemente, la única vía para una reconstrucción duradera de Venezuela.

En este contexto, Venezuela atraviesa una situación excepcional, marcada por una intensa participación de la comunidad internacional. La represión, durante años uno de los principales instrumentos de control político, continúa formando parte del panorama venezolano, aunque hoy encuentra mayores límites en un escrutinio internacional mucho más intenso que en etapas anteriores. Todo ello sugiere que la transición ya está en marcha y que sus dimensiones política, económica e institucional avanzan simultáneamente, aunque no siempre al mismo ritmo y con inevitables tensiones y contradicciones.

Ese cambio de enfoque también ha comenzado a reflejarse en el debate nacional. En una columna publicada en El Nacional el 23 de junio, Humberto García Larralde invirtió la conocida máxima de Carville al titular su artículo: “¡Es la política, estúpido!”. Tiene razón al recordar que sin instituciones legítimas no habrá recuperación económica sostenible. El desafío consiste, entonces, en fortalecer las instituciones que hagan posible la libertad, el Estado de derecho y la confianza ciudadana en quienes gobiernan.

Desde esa perspectiva, la magnitud de la reconstrucción exige un gobierno dotado de legitimidad democrática. Administrar los recursos que requerirá el país demandará instituciones independientes, mecanismos eficaces de control y autoridades capaces de inspirar confianza. Toda transición necesita esa legitimidad, porque la Constitución no concibe que una situación provisional se convierta en permanente. Después de tantos años de crisis, los venezolanos no solo necesitan un programa económico. Merecen un gobierno y unas instituciones en las que puedan confiar.

En definitiva, la economía y la transición política no compiten entre sí. Se necesitan mutuamente porque ambas descansan sobre instituciones capaces de garantizar la libertad, el Estado de derecho y la confianza. En una democracia consolidada, la economía puede ocupar el centro del debate político. En un país que debe reconstruir sus instituciones, la economía deja de ser el punto de partida y pasa a ser el resultado.

De lo que se trata ahora es de construir un pacto republicano para la transición, fundado en la Constitución, que armonice la exigencia de legitimidad democrática con las condiciones materiales indispensables para que la voluntad popular pueda expresarse libremente. Ese pacto debería descansar sobre cuatro compromisos fundamentales: restablecer plenamente la vigencia de la Constitución; garantizar una administración de emergencia —no politizada— orientada exclusivamente a atender la crisis nacional; renovar las instituciones electorales y judiciales mediante procedimientos que generen confianza; y convocar elecciones libres con observación nacional e internacional, en un plazo razonable que permita organizarlas con las debidas garantías.

La estabilización económica, la recuperación institucional y la legitimidad democrática deben avanzar juntas. Ninguna puede esperar a las otras, porque solo unas instituciones libres y confiables pueden hacer posible una recuperación económica profunda y duradera.