Los terremotos duran apenas segundos, pero sus consecuencias pueden perdurar por generaciones.

El 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por un doble evento sísmico de gran magnitud: un sismo precursor de magnitud de 7.2, seguido apenas 39 segundos después por un sismo principal de magnitud de 7.5 cerca de Yumare, en el norte del país,¹ el terremoto más fuerte registrado en Venezuela desde 1900. Estos sismos no solo estremecieron edificios e infraestructura, sino también los ya frágiles cimientos de las instituciones públicas del país. Si bien las investigaciones de ingeniería aún están en curso, el terremoto ya ha puesto de manifiesto vulnerabilidades sobre las que ingenieros, periodistas y residentes venían advirtiendo desde hace años.² El terremoto subraya por qué esas advertencias merecían una atención mucho mayor.³ Determinar si estas deficiencias específicas contribuyeron a las fallas observadas requerirá, en última instancia, investigaciones forenses de ingeniería independientes. No obstante, la lección más amplia ya es evidente: el abandono institucional se acumula silenciosamente con el tiempo hasta que un desastre natural lo transforma en una crisis humanitaria. Los terremotos no generan décadas de mantenimiento diferido, supervisión regulatoria deficiente o malas prácticas de construcción; simplemente dejan al descubierto todas esas debilidades de manera simultánea.  

Cuando un desastre natural golpea a un Estado frágil, su impacto se ve amplificado por la débil coordinación institucional, la fragmentación de la autoridad, la corrupción, el control político y la ausencia de información confiable. Esta constituye una de las principales lecciones de la literatura internacional sobre desastres. Los terremotos son fenómenos naturales, pero la magnitud de sus consecuencias depende profundamente de factores políticos e institucionales. Un mismo evento sísmico puede producir resultados muy distintos según exista un marco efectivo de normas de construcción, instituciones de respuesta a emergencias en las que la población confíe, mecanismos claros de coordinación, sistemas de contratación pública transparentes e información pública creíble. En Estados frágiles, como la Venezuela actual, estas condiciones suelen estar ausentes. En consecuencia, el desastre no comienza cuando la tierra tiembla. Comienza años antes, con el deterioro de la infraestructura, la corrupción, una regulación débil, la politización de las instituciones y la erosión de la confianza pública.  

Esta conclusión está respaldada por un amplio cuerpo de investigación académica. El estudio comparativo de Kahn (2005), considerado un trabajo seminal en la materia, demostró que, si bien los países más ricos no experimentan menos desastres naturales, las democracias y aquellos con instituciones más sólidas registran significativamente menos muertes asociadas a estos eventos. Posteriormente, Raschky (2008) mostró que la calidad institucional reduce de manera independiente tanto las pérdidas humanas como las económicas ocasionadas por los desastres naturales, incluso después de controlar por el nivel de ingreso. Bello et al. (2021) identifican la debilidad de la gobernanza como uno de los principales factores de riesgo que pueden amplificar los costos humanos de los desastres naturales. Más recientemente, investigaciones del Fondo Monetario Internacional concluyen que la corrupción incrementa sustancialmente la mortalidad asociada a desastres al deteriorar la calidad de la infraestructura, debilitar los sistemas de respuesta a emergencias, reducir la capacidad del sistema de salud y limitar el cumplimiento de las normas de construcción. En conjunto, estos estudios refuerzan un principio cada vez más aceptado en la economía de los desastres: la calidad de la gobernanza es uno de los determinantes más importantes de la resiliencia. Los países no pueden prevenir los terremotos, pero sí pueden reducir de manera significativa sus consecuencias mediante instituciones más sólidas, una mejor coordinación, mayor transparencia y una administración pública responsable.  

1. LA PRIMERA VÍCTIMA SUELE SER LA COORDINACIÓN 

La respuesta a un terremoto es una carrera contra el tiempo. Las primeras 72 horas son decisivas para las labores de búsqueda y rescate. Cada hora perdida puede significar vidas perdidas. En Venezuela, sin embargo, las primeras 48 horas estuvieron marcadas por una ausencia casi total de respuesta gubernamental. Lo que siguió fue una actuación del régimen de Delcy caracterizada por la burocracia, la propaganda y la obstrucción. 

Una respuesta efectiva requiere que decenas de actores actúen de manera coordinada: bomberos, hospitales, organismos de protección civil, fuerzas armadas, gobiernos municipales, empresas de servicios públicos, organizaciones comunitarias y equipos internacionales de rescate. En un Estado con capacidad institucional, estos actores operan bajo una estructura de mando unificada. En un Estado frágil, en cambio, suelen actuar en paralelo, con responsabilidades poco claras, información incompleta y niveles limitados de confianza. 

Es precisamente aquí donde la fragilidad institucional se vuelve letal. Los equipos de rescate pueden desconocer dónde se les necesita con mayor urgencia o, como hemos observado en el caso de Venezuela, ser impedidos de llegar a las zonas más afectadas. Los suministros pueden arribar al país, pero no llegar a los hospitales adecuados ni a la población afectada, porque el control de esos recursos pasa a ser una prioridad por encima de su distribución hacia los lugares donde más se necesitan. Incluso cuando existe maquinaria pesada disponible, esta puede no desplegarse con la rapidez necesaria. Asimismo, las autoridades locales pueden conocer mejor las necesidades de sus comunidades, pero carecer de acceso a los canales nacionales de toma de decisiones.  

2. LA FRAGMENTACIÓN CONVIERTE UNA TRAGEDIA EN UNA CRISIS PROLONGADA 

Los terremotos de gran magnitud requieren una coordinación nacional efectiva; sin embargo, los Estados frágiles suelen caracterizarse por una autoridad fragmentada. Gobiernos centrales, autoridades regionales, municipios, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones religiosas y actores políticos pueden intervenir simultáneamente. 

Esta fragmentación puede generar duplicidad de esfuerzos en algunas zonas y abandono en otras, lo que parece haber ocurrido durante las primeras 48 horas tras el terremoto en Venezuela. Algunas comunidades recibieron alimentos, agua y atención médica de múltiples actores, mientras que otras permanecieron durante días con escasa asistencia. Esta situación también dificulta la reconstrucción: los donantes financian prioridades distintas, los contratistas operan bajo estándares diferentes y las familias afectadas tienen dificultades para identificar qué institución es responsable de cada tarea. 

El terremoto de Haití de 2010 sigue siendo uno de los ejemplos más claros de esta problemática. El país recibió una enorme cantidad de asistencia internacional; sin embargo, la débil coordinación nacional y la proliferación de sistemas paralelos limitaron la eficacia tanto de las labores de socorro como de la reconstrucción. La lección no es que la ayuda internacional sea ineficaz. La lección es que la ayuda produce mejores resultados cuando fortalece un marco de coordinación nacional y local creíble, en lugar de sustituirlo. 

Venezuela enfrenta ahora una prueba institucional similar. El terremoto constituye no solo una emergencia humanitaria, sino también una prueba de la capacidad del país para organizar información confiable, recursos, personas e instituciones en torno a un objetivo común: salvar vidas y reconstruir con transparencia.  

3. LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS EQUIPOS INTERNACIONALES DE RESCATE HAN EVITADO UNA TRAGEDIA AÚN MAYOR  

Uno de los aspectos más importantes y esperanzadores de la respuesta al terremoto en Venezuela ha sido el papel desempeñado por la sociedad civil, las comunidades locales, los voluntarios, las organizaciones vecinales y el personal de salud, junto con el invaluable apoyo de los equipos internacionales de rescate. 

En contextos de fragilidad institucional, la sociedad suele responder con mayor rapidez que el Estado. Los vecinos rescatan a personas atrapadas entre los escombros antes de que lleguen los equipos especializados. Médicos y enfermeras continúan prestando atención pese a la escasez de recursos. Las organizaciones comunitarias identifican a los adultos mayores, los niños y las familias más vulnerables que requieren apoyo urgente. Los voluntarios locales colaboran en la distribución de agua, alimentos, medicamentos e información. 

Los equipos internacionales de rescate también desempeñan un papel fundamental. Aportan capacidades especializadas de búsqueda y rescate, apoyo médico, logística, experiencia en ingeniería y equipos de emergencia que, en muchos casos, no están disponibles a nivel nacional en la escala requerida. Su presencia puede compensar parcialmente las limitaciones de capacidad del Estado, especialmente durante la fase más crítica del desastre. 

Esta contribución merece reconocimiento. Sin la labor de la sociedad civil y la asistencia internacional, el costo humano del terremoto en Venezuela probablemente habría sido considerablemente mayor. 

Sin embargo, esta realidad también pone de manifiesto un problema más profundo. La extraordinaria respuesta de la sociedad no debería sustituir la preparación institucional. La sociedad civil puede salvar vidas, pero no puede reemplazar plenamente un sistema funcional de gestión de emergencias. Del mismo modo, los equipos internacionales pueden brindar un apoyo decisivo, pero no pueden resolver por sí solos los problemas derivados de una infraestructura deficiente, una regulación inadecuada, una autoridad fragmentada y la falta de información confiable. 

La respuesta más eficaz ante un desastre ocurre cuando la sociedad civil, los socios internacionales, los gobiernos locales y las instituciones nacionales trabajan de manera coordinada. En los Estados frágiles, el desafío radica en que esa coordinación suele depender de la improvisación, en lugar de sustentarse en relaciones de confianza previamente construidas. En Venezuela, la respuesta del gobierno hacia la sociedad civil y los actores internacionales ya ha erosionado cualquier nivel mínimo de confianza. El papel inicialmente limitado de las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales venezolanos, centrado en gran medida en registrar voluntarios y realizar tareas burocráticas, así como la reciente suspensión temporal de las operaciones de los equipos internacionales de rescate para asistir a una “reunión” con Delcy Rodríguez,⁴ sugieren que el control y la propaganda han recibido una prioridad mayor que el objetivo de salvar vidas.   

4. LA CORRUPCIÓN COMIENZA ANTES DEL TERREMOTO  

Cuando las personas piensan en la corrupción tras un desastre, suelen imaginar ayuda humanitaria desviada o contratos de reconstrucción con sobrecostos. Esos riesgos son reales. Sin embargo, la corrupción suele ser mucho más peligrosa antes de que ocurra el desastre. 

Se manifiesta en la débil aplicación de los códigos de construcción. Se manifiesta cuando se toleran edificaciones inseguras. Se manifiesta cuando se pospone el mantenimiento de la infraestructura. Se manifiesta cuando los contratos públicos se adjudican con base en la lealtad política, en lugar de la calidad técnica. Se manifiesta cuando los sistemas de inspección existen en el papel, pero no en la práctica. 

Los terremotos dejan estas fallas al descubierto de manera implacable. Edificios que deberían haber resistido colapsan. Carreteras que deberían haber permanecido transitables dejan de funcionar. Hospitales que deberían actuar como pilares de la respuesta de emergencia terminan dañados o sobrepasados por la demanda. 

Por ello, la mortalidad asociada a un desastre es función tanto de la magnitud del evento como de la calidad de la gobernanza. Un terremoto de gran intensidad en un país con normas de construcción rigurosas e instituciones competentes puede ser devastador, pero manejable. Un terremoto de características similares en un Estado frágil puede convertirse en una catástrofe nacional.  

5. EL CONTROL POLÍTICO PUEDE DISTORSIONAR LAS PRIORIDADES HUMANITARIAS  

En contextos frágiles y autoritarios, la respuesta a un desastre puede politizarse. La información puede centralizarse. El acceso puede ser restringido. La ayuda puede dirigirse hacia zonas políticamente prioritarias. Las organizaciones independientes pueden enfrentar limitaciones para operar. Asimismo, las cifras de víctimas y las estimaciones de daños pueden ser incompletas, publicarse con retraso o ser objeto de controversia. 

Todo ello socava tanto la eficiencia de la respuesta como la confianza pública. La población necesita saber a dónde acudir, qué carreteras permanecen abiertas, qué hospitales continúan operando, dónde se encuentran los refugios y si las réplicas o las fallas en la infraestructura siguen representando una amenaza. Las organizaciones humanitarias requieren información confiable para asignar sus recursos de manera eficiente. Los socios internacionales necesitan transparencia para coordinar su apoyo. Las comunidades, por su parte, necesitan la certeza de que la asistencia se distribuye en función de las necesidades y no de la lealtad política. Cuando la información carece de credibilidad, la incertidumbre se convierte en otra forma de desastre.  

6. LA AUSENCIA DE INFORMACIÓN CONFIABLE ES, EN SÍ MISMA, UN SÍNTOMA DE FRAGILIDAD  

Uno de los problemas más importantes en Venezuela no es únicamente lo que se sabe, sino también lo que no se sabe. En los días posteriores a los terremotos, las restricciones impuestas por el gobierno a los medios de comunicación y a los canales de información llevaron a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de las Naciones Unidas a señalar que restablecer el acceso a la información era esencial para una respuesta de emergencia eficaz.⁵  

En los Estados frágiles, los datos básicos sobre un desastre suelen ser incompletos, tardíos, politizados o inconsistentes. Las cifras de víctimas, los daños a las edificaciones, la capacidad hospitalaria, el desplazamiento de la población, las pérdidas de infraestructura y las necesidades de reconstrucción pueden resultar difíciles de verificar. Esta falta de información confiable no constituye un simple inconveniente técnico; forma parte de la propia fragilidad institucional. 

Sin datos confiables, la respuesta de emergencia se vuelve más lenta y menos equitativa. La ayuda no puede dirigirse de manera eficiente. Las comunidades más vulnerables se vuelven invisibles. Los costos de reconstrucción tienden a subestimarse. La corrupción resulta más difícil de detectar. Y la confianza pública continúa deteriorándose. 

Por esta razón, la transparencia no es un aspecto secundario de la respuesta ante un desastre; es uno de sus pilares fundamentales. Una evaluación de daños creíble, el acceso abierto a la información sobre las necesidades humanitarias, el seguimiento transparente de la ayuda y el monitoreo independiente de la reconstrucción son tan importantes como los camiones, las grúas y los refugios de emergencia.  

7. LA VERDADERA LECCIÓN DE VENEZUELA 

El terremoto de junio de 2026 en Venezuela nos recuerda que los desastres revelan las condiciones institucionales que existían mucho antes de que la tierra comenzara a temblar. El terremoto fue un fenómeno natural. La magnitud de sus consecuencias estará determinada por la deficiente gobernanza del país. 

La sociedad civil y los equipos internacionales de rescate han demostrado valentía, solidaridad y eficacia. Su respuesta ha evitado que la tragedia sea aún mayor. Sin embargo, la lección más importante sigue siendo ineludible: ningún país debería depender principalmente de la improvisación, el heroísmo y el apoyo externo cuando ocurre un desastre. 

Para los Estados frágiles, la preparación ante desastres debe entenderse como parte del proceso de reconstrucción del Estado. Construir resiliencia implica fortalecer los sistemas de gestión de emergencias, hacer cumplir las normas de construcción, proteger la neutralidad de la asistencia humanitaria, reducir la corrupción, empoderar a los gobiernos locales y generar información pública confiable. 

Los terremotos ponen al descubierto las fallas geológicas. En Estados frágiles o fallidos, como Venezuela, también dejan al descubierto las fallas institucionales. Y, a largo plazo, la reconstrucción más importante no es únicamente la de los edificios y las carreteras, sino la de la confianza pública, la capacidad institucional y la capacidad del Estado y de la sociedad para actuar de manera coordinada cuando hay vidas en juego. Lamentablemente, el régimen de Delcy ha vuelto a mostrar sus verdaderas prioridades: para su administración, el control político y la propaganda prevalecen sobre el objetivo de salvar vidas venezolanas. 

8. EL TERREMOTO DEJARÁ UNA CICATRIZ ECONÓMICA DURADERA   

Más allá del sufrimiento humano inmediato y de la destrucción física, es probable que el terremoto debilite aún más las ya frágiles perspectivas económicas de Venezuela. Los daños a la infraestructura productiva, las interrupciones en la actividad empresarial y las crecientes presiones fiscales limitarán la recuperación durante años. La experiencia internacional demuestra que, si bien la reconstrucción puede estimular la actividad económica, este “dividendo de la reconstrucción” solo se materializa cuando el proceso está bien planificado, se gestiona con transparencia y cuenta con el respaldo de instituciones creíbles capaces de movilizar financiamiento tanto nacional como internacional. Para Venezuela, la recuperación debe ir más allá de reconstruir carreteras, hospitales y viviendas; también debe reconstruir las instituciones encargadas de planificar, coordinar y supervisar ese proceso. Una estrategia nacional integral de recuperación, respaldada por un gobierno legítimo, con sólida capacidad técnica y la confianza tanto de la ciudadanía como de la comunidad internacional, será indispensable para restablecer el crecimiento económico y fortalecer la resiliencia del país. 

En última instancia, los desafíos de Venezuela pueden entenderse a través de dos tipos de fallas institucionales. La primera ocurre antes de un terremoto: años de mantenimiento diferido, débil aplicación de las normas de construcción, deterioro de la infraestructura, corrupción, subinversión y erosión de la capacidad del Estado. La segunda ocurre después del terremoto: coordinación insuficiente, toma de decisiones fragmentada, respuesta de emergencia tardía, escasa transparencia e incapacidad para movilizar recursos de manera eficiente cuando cada minuto cuenta. Aunque los terremotos son fenómenos naturales, las catástrofes humanitarias no lo son. Estas están determinadas por la fortaleza, o la debilidad, de las instituciones que las sociedades construyen mucho antes de que la falla geológica se active. 

Referencias

• Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. (2001). The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. American Economic Review.   

• Alexander, D. (2017). Corruption and the Governance of Disaster Risk. Oxford Research Encyclopedia of Natural Hazard Science.   

• Bello, O., A. Bustamante, and P. Pizarro, “Planning for disaster risk reduction within the framework of the 2030 Agenda for Sustainable Development”, Project Documents (LC/TS.2020/108), Santiago, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), 2021.   

• Cevik, S., & Jalles, J. T. (2023). Corruption Kills: Global Evidence from Natural Disasters. IMF Working Paper WP/23/220.   

• Escaleras, M., Anbarci, N., & Register, C. A. (2007). Public sector corruption and major earthquakes: A potentially deadly interaction. Public Choice, 132(1–2), 209–230. https://doi.org/10.1007/s11127-007-9148-y  

• Hallegatte, S., Rentschler, J., & Walsh, B. (2020). The Adaptation Principles. World Bank.   

• Kahn, M. E. (2005). The Death Toll from Natural Disasters: The Role of Income, Geography, and Institutions. Review of Economics and Statistics, 87(2), 271–284.   

• Raschky, P. A. (2008). Institutions and the Losses from Natural Disasters. Natural Hazards and Earth System Sciences, 8, 627–634.   

• United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030.   

• Wisner, B., Gaillard, J. C., & Kelman, I. (Eds.). (2012). The Routledge Handbook of Hazards and Disaster Risk Reduction.   

• World Bank & Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR). The Fragility, Conflict and Violence (FCV) and Disaster Risk Nexus. 

Fuente: DevTech . Reproducido con autorización del autor

|*|: José Pineda es economista (UCV) y PhD por la Universidad de Maryland