El Estado venezolano del presente atraviesa una situación excepcional.

Decisiones fundamentales de su vida política dependen, en buena medida, de factores externos. Esa realidad obliga a replantear una pregunta de fondo: ¿qué significa realmente que un Estado sea soberano? El proceso político que ahora comienza ofrece una oportunidad para responder esa pregunta desde una perspectiva institucional.

El anuncio formulado por Dinorah Figuera sobre el inicio de una agenda conjunta para promover la estabilidad, la recuperación nacional y la democracia constituye un hecho político significativo. No solo porque reconoce la necesidad de restablecer las garantías para la participación política y fortalecer el orden constitucional, sino porque abre un espacio para discutir una cuestión de mayor alcance: la reconstrucción del Estado venezolano como condición para el pleno ejercicio de la soberanía nacional.

También resulta relevante el cambio de posición de Jorge Rodríguez. Hace apenas unos días sostenía que no era el momento de hablar de elecciones ni de modificaciones en el Tribunal Supremo de Justicia. Poco después aceptó incorporarse a una agenda orientada al fortalecimiento de la democracia, del sistema electoral y del Estado de derecho. Ese cambio no es un detalle menor: refleja una alteración sustancial del escenario político. Difícilmente ese giro pueda explicarse como una simple rectificación personal. Más bien pone de manifiesto hasta qué punto el proceso político venezolano se encuentra hoy condicionado por los Estados Unidos.

La influencia que hoy ejercen los Estados Unidos sobre decisiones fundamentales del país no obedece únicamente a su poder. Refleja —sobre todo— el progresivo deterioro del Estado venezolano, el debilitamiento de sus instituciones y la vocación autoritaria de quienes ejercen el poder político en Venezuela.

Durante años buena parte de esas decisiones estuvieron condicionadas por la influencia del régimen cubano. Hoy muchas dependen de la posición asumida por los Estados Unidos. Ambos fenómenos —aunque diferentes en su naturaleza y características— evidencian una misma debilidad: la incapacidad de las instituciones venezolanas para decidir por sí mismas el destino nacional.

Ese diagnóstico pone de manifiesto que el verdadero desafío no consiste en denunciar la influencia extranjera, sino en reconstruir un Estado capaz de hacerla innecesaria. Solo instituciones independientes y eficaces podrán sostener la democracia sin depender permanentemente del respaldo de otros gobiernos.

El respaldo internacional puede facilitar una transición política. Pero no puede sustituir la legitimidad democrática ni la capacidad de decisión de un Estado soberano. El éxito del proceso no deberá medirse únicamente por el cambio de quienes ejercen el poder, sino por su capacidad para restablecer el Estado de derecho, rescatar la confianza ciudadana y devolver a los venezolanos el pleno ejercicio de su soberanía.

La transición política no constituye un fin en sí misma; constituye un medio para recuperar la República. Para alcanzar ese objetivo, es necesario promover un Pacto Republicano, el cual debería descansar, al menos, sobre los siguientes compromisos fundamentales.

El primero consiste en revocar la reciente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia propuesta por el chavismo. No está en discusión el número de magistrados, sino el control político del máximo tribunal. En 2022 se justificó la reducción de treinta y dos a veinte magistrados alegando razones de eficiencia y racionalización institucional. Cuatro años después se sostiene exactamente la tesis contraria para regresar a treinta y dos integrantes. La contradicción demuestra que el verdadero problema nunca ha sido el número de magistrados, sino el propósito de preservar el control político del máximo tribunal.

Con esta ley, la recuperación institucional se inicia con plomo en el ala. El Tribunal Supremo seguiría diseñado para preservar la influencia política del chavismo. Sería otra engañifa y una burla a la aspiración nacional de contar con un Poder Judicial independiente. La credibilidad del proceso dependerá de que logre desmontar los mecanismos construidos para concentrar el poder y no de que los consolide bajo nuevas formas.

El segundo compromiso consiste en renovar el Consejo Nacional Electoral mediante procedimientos que garanticen independencia, equilibrio y credibilidad. Solo así las elecciones volverán a ser el mecanismo mediante el cual los venezolanos puedan decidir libremente la alternancia en el poder.

El tercer compromiso consiste en despolitizar la Fuerza Armada Nacional. Esta constituye la condición más importante para que la transición sea irreversible. Mientras la institución continúe identificándose con el legado de un proyecto político, persistirá el riesgo de que vuelva a intervenir como actor partidista y no como una institución profesional al servicio exclusivo de la Nación.

Ese proceso debe comenzar por medidas concretas. La primera consiste en eliminar definitivamente las consignas políticas del saludo militar. Ninguna fuerza armada democrática puede identificarse institucionalmente con un partido, un líder o una ideología.

Sin embargo, la despolitización no puede agotarse en el plano simbólico. También exige revisar en profundidad los programas de formación de las academias militares para eliminar los contenidos ideológicos incorporados durante las últimas décadas y establecer una formación fundada en el profesionalismo, la subordinación al poder civil, el respeto a la Constitución y el servicio exclusivo a la Nación.

El cuarto compromiso consiste en restablecer la libertad de prensa. Ello exige restituir los medios de comunicación confiscados o expropiados, eliminar las restricciones impuestas a la prensa independiente y garantizar que ningún venezolano vuelva a ser perseguido por ejercer la libertad de informar, investigar, opinar o difundir ideas. Una República no puede consolidarse mientras el Estado conserve instrumentos destinados a controlar el debate público y silenciar la crítica.

Una vez cumplidos esos compromisos, Venezuela estará en condiciones de celebrar elecciones libres, una vez establecidas las garantías institucionales indispensables para que los ciudadanos puedan elegir, sin coacción ni fraude, al presidente o presidenta de la República. Así tendremos la legitimidad democrática que solo otorga el voto libre de los ciudadanos y volverá a expresar la voluntad soberana del pueblo venezolano.

Estos compromisos constituyen las bases mínimas sobre las cuales puede edificarse una transición capaz de recuperar la confianza ciudadana y devolver al país la capacidad de decidir libremente su destino. La soberanía se recuperará cuando Venezuela deje de necesitar que otro país garantice el funcionamiento de sus instituciones.

Ese —y no otro— debería ser el propósito del Pacto Republicano: reconstruir un Estado capaz de sostener por sí mismo la libertad, la democracia, el Estado de derecho, la República y, con ellos, la soberanía nacional.