El presidente Donald Trump ha dicho que los venezolanos no estamos preparados para votar.

La afirmación merece ser examinada a la luz del estilo al que nos tiene acostumbrados. Quien sigue sus discursos sabe que Trump habla, ante todo, para sus electores y que muchas de sus declaraciones forman parte de una manera de negociar. Pero en este caso, por los términos en que lo expresó, parece haber algo más que una táctica.

Hay que aclarar que los venezolanos sí estamos listos para votar. Lo que todavía no está listo es el marco institucional dentro del cual debe realizarse la elección. Las instituciones esenciales siguen siendo las mismas que existían el 28 de julio de 2024 y algunos cambios posteriores han sido más cosméticos que sustanciales. Por esa razón es necesario acelerar el proceso de reinstitucionalización que se discute en la Mesa de Diálogo bajo la supervisión del Departamento de Estado. Estamos ante una posibilidad que debemos aprovechar.

Una elección no consiste solamente en colocar una papeleta en una urna. Requiere un árbitro electoral independiente, jueces capaces de hacer respetar las reglas, libertad de expresión, observación internacional, liberación de los presos políticos y garantías contra el ventajismo electoral, incluido el uso desbordado de los medios de comunicación del Estado a favor del chavismo. El resultado proclamado debe corresponder al expresado por los ciudadanos. La experiencia del 28 de julio explica por qué esta vez no basta con convocar elecciones. Hay que reconstruir las condiciones para que el voto sea respetado.

El proceso, desde luego, presenta dificultades. Se discute, por ejemplo, la constitucionalidad de la integración del Comité de Postulaciones Judiciales que interviene en la selección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La presencia de diputados en el Comité, prevista por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, plantea una seria objeción constitucional a la luz del artículo 270 que no puede resolverse mediante engañifas lingüísticas. Reconocer esa objeción no significa retirarse y dejar el terreno libre a quienes durante años han entendido las instituciones como instrumentos de control. Conviene, por el contrario, que participen universidades, academias, colegios de abogados, sindicatos, iglesias y demás organizaciones de la sociedad civil.

No hay contradicción. Se puede cuestionar una norma y al mismo tiempo intervenir en el proceso que ella regula para impedir que sus defectos produzcan consecuencias todavía peores. Hay momentos para las exquisiteces hermenéuticas y otros en los cuales el Derecho debe encontrarse con la política. Este es uno de ellos.

Ese encuentro con la política obliga a mirar hacia Estados Unidos y a entender el temperamento de Donald Trump. Es archiconocido que el presidente es un negociador tenaz y que acostumbra llevar las posiciones iniciales hasta sus extremos. En su libro The Art of the Deal, publicado en 1987, explicó un método forjado durante sus años en el mundo empresarial neoyorquino y que todavía resulta reconocible. Afirma que hay que apuntar muy alto y después empujar, insistir y volver a empujar hasta acercarse al resultado buscado. Recomienda, además, mantener abiertas varias opciones y, sobre todo, negociar desde una posición de fuerza.

Hay una idea de ese libro muy útil para entender el momento actual. Trump sostiene que el peor error de un negociador consiste en parecer desesperado por alcanzar un acuerdo. La fuerza está en disponer de algo que la otra parte quiere, necesita o no puede ignorar. Para comprender algunas de sus decisiones políticas quizá resulte más útil leer esas páginas que intentar encontrar en cada declaración una doctrina coherente.

Esa manera de entender la negociación nos interesa a los venezolanos porque Trump es hoy— nos guste o no— un factor determinante en el proceso político venezolano. Ha dado muestras de confianza en Delcy Rodríguez y de reservas frente a la oposición. Negarlo no modifica la situación; sería confundir la realidad con la ilusión. Hay que entenderla y actuar con pensamiento estratégico. Si Trump mantiene esa posición, conviene examinar las razones que la explican y determinar qué puede hacer la oposición para modificarla. Una respuesta sería unirse en torno a un Pacto Republicano, dejar de lado las descalificaciones entre sus distintos sectores y proyectar, dentro y fuera del país, una imagen de madurez política que permita confiar en su capacidad para formar un gobierno estable y garantizar la gobernabilidad.

Algunos esperan que las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre modifiquen el escenario. Hay razones para pensar que los republicanos atraviesan dificultades. Un estudio publicado por The Economist el pasado 10 de septiembre, basado en 58.000 respuestas recogidas por YouGov durante 2026, muestra el deterioro de la coalición que llevó a Trump nuevamente a la Casa Blanca. Jóvenes y votantes de minorías que lo apoyaron en 2024 se han alejado de él, y uno de cada cinco de quienes votaron por Trump desaprueba hoy su gestión.

Eso podría costarle a los republicanos la Cámara de Representantes. El Senado es más incierto. En cualquier caso, nadie tiene una bola de cristal para saber lo que en definitiva ocurrirá. Aun si los demócratas conquistaran una o ambas cámaras, tampoco puede asegurarse que la política de Washington hacia Venezuela se modifique en la dirección que algunos esperan. La estrategia democrática venezolana no puede consistir en aguardar que una elección celebrada en otro país resuelva nuestros problemas.

Conviene entonces volver a la propia lógica de Trump. Si la fuerza de una negociación depende de aquello que la otra parte no puede ignorar, la oposición venezolana necesita construir la suya. Esta no puede ser prestada por Washington, sino que tiene que provenir del respaldo popular, de la unidad alrededor de objetivos concretos y de la participación. No basta con demostrar que se pueden ganar elecciones. Hay que convertir ese respaldo en una fuerza política capaz de influir en el curso de la transición y en la reconstrucción de un Estado debilitado durante años, mientras se pretendía sustituir sus instituciones por una retórica revolucionaria que condujo al fracaso.

Esa fuerza debe traducirse en una estrategia concreta. La oposición debe participar en la reinstitucionalización y prepararse al mismo tiempo para las elecciones. Intervenir en la escogencia de mejores magistrados y exigir un Consejo Nacional Electoral independiente no significa convalidar las deficiencias existentes, sino tratar de corregirlas mediante una estrategia compartida.

Nada de esto puede ser asunto de ingenuidad. Las artimañas las conocemos y sobran razones para desconfiar de la palabra de quienes durante años han incumplido acuerdos y utilizado las instituciones en su beneficio. Hay que entrar en este proceso con los ojos abiertos, exigir garantías y prepararse para vencer los obstáculos. Pero la desconfianza no puede convertirse en inmovilidad. No hay hoy otra opción viable para avanzar hacia unas elecciones con mejores condiciones. La expresión “con esos bueyes tenemos que arar” resume esta realidad.

Estamos listos para votar. Lo que falta es reconstruir las instituciones que permitan que el voto decida. Esa tarea no corresponde a Donald Trump ni puede depender del resultado de las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. Es responsabilidad de quienes desean vivir en democracia.