El proyecto de la Revolución Bolivariana sigue intacto en Venezuela, consolidando un plan de hambre y miseria implantado durante casi tres décadas.

La realidad demuestra que los acontecimientos del pasado 03 de enero de 2026 solo cambiaron la cúpula visible del poder autocrático, pero mantuvieron vigentes las estructuras de la quinta república, la devaluación y la persecución a disidentes bajo un régimen interino que calca la ilegalidad constitucional de sus antecesores. La inflación inducida continúa usándose como arma de sumisión masiva para destruir el salario, y a las familias trabajadora.

Este modelo heredado opera sobre la vida cotidiana mediante la institucionalización del colapso de los servicios como herramienta de control. El racionamiento eléctrico y la privación de agua por tubería continúan aplicándose bajo idéntico patrón doctrinario; no obstante, las tarifas se cobran con estricta obligatoriedad, sin compensar los daños a electrodomésticos. Asimismo, el despojo de las prestaciones sociales y los aumentos del transporte colectivo, acordados entre el régimen interino y los empresarios del transporte que se mantienen afectos al proyecto bolivariano, ratifican la inmutabilidad de los vicios del pasado.

La escasez y los precios escandalosos de alimentos y medicinas, castiga criminalmente a los jubilados, se ejecuta a la par del desmantelamiento de los hospitales. Este desespero refleja la vigencia de un libreto totalitario continuado al pie de la letra por la presidenta interina, quien replica las mañas de usar la justicia para encarcelar opositores y erigir trabas burocráticas que estrangulan el empleo formal, dificultando deliberadamente la creación de nuevas empresas privadas, impidiendo la creación de nuevos puestos de trabajo, manteniendo así la dependencia social.

Lejos de un cambio histórico, el régimen de facto actual sostiene con rigor las mismas argucias de sus predecesores, operando como la continuación directa del proyecto bolivariano. Esta administración interina conserva intacta la ambición de perpetuarse en la presidencia de la república para continuar apoderándose y negociando de forma discrecional las riquezas del país. Para viabilizar este saqueo y asegurar la sumisión, aplican la asfixia económica y el castigo sistemático originario, cerrando todo espacio de alivio. El interinato busca imponer un proceso electoral amañado bajo condiciones viciadas; por ello, retrasa la designación de nuevos miembros en el TSJ y el CNE. Al secuestrar el arbitraje institucional, el régimen afianza el control absoluto del Estado, garantizándose impunidad para disponer del patrimonio nacional y cerrar cualquier vía de cambio democrático. El pueblo venezolano debe movilizarse firmemente en las calles para rechazar la continuidad de este proyecto y exigir, tal como lo hace la Coalición Sindical Nacional, la aprobación inmediata de un cronograma electoral verdaderamente competitivo y transparente.