Hay momentos en la historia de un país en los que las diferencias políticas deben ceder espacio a lo esencial: la defensa de la vida, la solidaridad y el compromiso con quienes hoy sufren.

Los acontecimientos ocurridos en los últimos días en Venezuela han dejado familias enlutadas, comunidades afectadas y ciudadanos que, una vez más, enfrentan la incertidumbre con una admirable capacidad de resiliencia. A ellos les debemos respeto, acompañamiento y acciones concretas, no discursos pasajeros. Como venezolanos, nuestra primera obligación es estar unidos alrededor del dolor de nuestros compatriotas y tender la mano sin distingos de ninguna naturaleza.

Estas tragedias también nos obligan a reflexionar con responsabilidad. Durante años he insistido en que la falta de institucionalidad ha debilitado la capacidad del Estado para prevenir, responder y recuperar a las comunidades frente a situaciones de emergencia. No se trata únicamente de señalar responsabilidades, sino de comprender que cuando las instituciones pierden eficiencia, planificación y capacidad de respuesta, quienes terminan pagando las consecuencias son los ciudadanos más vulnerables. Esa es una realidad que no podemos seguir normalizando.

La reconstrucción de Venezuela no comenzará únicamente cuando mejoren los indicadores económicos. Empezará el día en que asumamos, como sociedad, que el fortalecimiento institucional debe ser una política de Estado y no un eslogan circunstancial. Necesitamos organismos técnicamente preparados, sistemas de prevención modernos, servicios públicos confiables, protección civil fortalecida, inversión en infraestructura, mantenimiento permanente y mecanismos transparentes que permitan actuar antes de que las emergencias se conviertan en tragedias. Prevenir siempre será más humano y menos costoso que improvisar.

Del mismo modo, es indispensable promover una cultura nacional de corresponsabilidad. Los gobiernos tienen obligaciones ineludibles, pero la ciudadanía organizada, las universidades, los gremios, las organizaciones sociales y el sector privado también pueden aportar conocimientos, recursos y propuestas. La reconstrucción institucional exige planificación, profesionalización de la administración pública, rendición de cuentas y una visión compartida donde el interés nacional esté por encima de cualquier parcialidad política. Venezuela necesita acuerdos para resolver problemas, no confrontaciones que profundicen nuestras debilidades.

Durante más de veinticinco años hemos observado cómo, en demasiadas ocasiones, la respuesta oficial ha privilegiado solo la imagen sobre la solución estructural de los problemas. Gobernar no puede reducirse a reaccionar cuando ocurre una tragedia ni a construir narrativas de preocupación. La verdadera sensibilidad hacia la gente se demuestra con políticas públicas sostenidas, presupuestos ejecutados con transparencia, servicios eficientes y capacidad para proteger a los ciudadanos antes, durante y después de una emergencia. Solo instituciones fuertes, profesionales y sometidas al control democrático podrán garantizar que la atención al ciudadano deje de ser una excepción y se convierta en una obligación permanente.

Este debe ser un punto de inflexión para todos. Más allá de nuestras diferencias, Venezuela necesita recuperar el camino de la institucionalidad democrática, donde las instituciones funcionen al servicio de la gente y donde existan controles, planificación y responsabilidad pública. Tarde o temprano ese será el rumbo indispensable para construir un país más seguro, más justo y más humano. Mientras ese momento llega, corresponde acompañar con respeto y solidaridad a las familias que hoy lloran la pérdida de sus seres queridos, expresar nuestro apoyo a quienes resultaron afectados y renovar el compromiso de trabajar, desde cada espacio, para que tragedias como esta encuentren un país mejor preparado y verdaderamente comprometido con la protección de su gente.

@freddyamarcano