Admitamos, de entrada y sin lugar a elucubraciones, que tenemos una seria amenaza en ciernes.

Sin embargo, nos mantenemos anclados, procesalmente, en todo nuestro irrefragable acervo de probanza que hemos consignado en las distintas audiencias por ante la Corte Internacional de Justicia.

Los honorables magistrados saben que acaudalamos los elementos de convicción; así también, la contraparte está consciente que es muy difícil que la excolonia británica pueda salir favorecida, en este juicio que ellos accionaron, de manera unilateral,

Recordemos que el Alto Tribunal de La Haya se autoconfirió jurisdicción y competencia, el día 20 de diciembre de 2020, para conocer forma y fondo sobre el caso confrontado entre Venezuela y Guyana.

Nos lució (aunque se halle contemplado en el artículo 36 de su Estatuto) una determinación escabrosa y rara:

“La competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes.

Los Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación…. en caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá”.

Y, como lo hemos leído, la Corte ya decidió.

En la citada ocasión nos propusimos contactar a nuestros amigos Esequibistas, para comparar opiniones y conjeturas.

Esequibistas que hemos defendido (desde hace muchísimos años) esa extensión territorial que nos arrebataron con vileza.

Esequibistas que hemos recorrido casi todas las universidades del país; que publicamos – recurrentemente- y a través de los medios y las plataformas digitales para concienciar en cuanto a la restitución que nos merecemos histórica y jurídicamente.

Establecimos comunicación, además, con estudiosos de los vericuetos y de los otros caminos estrechos y difíciles de transitar en el Derecho Internacional Público.

Lo hicimos adrede para saber si tenemos puntos de coincidencias, en nuestros respectivos análisis, sobre lo que decidió la Corte, con base a la contención centenaria.

Sin lugar a dudas que Guyana aguardó la ocasión, casi como una emboscada jurídica, para demandar a Venezuela en ese Ente Jurisdicente; yéndose, directamente al “arreglo judicial”, como una solución –no precisamente la inmediata—que contempla el artículo (33) de la Carta de las Naciones Unidas.

Había un espectro de opciones de solución, previamente a habilitar la vía jurisdiccional.

Ellos nunca han querido la negociación directa, la conciliación o la mediación; atendiendo el Acuerdo de Ginebra, del 17 de febrero de 1966, único documento válido, con pleno vigor jurídico; al cual estamos obligados a someternos para dirimir esta controversia.

Con todo lo que se puedo evitar; asumimos, con responsabilidad e inteligencia, que si ya el litigio tomó el rumbo y calificación que la propia Corte le confirió; qué nos quedaba entonces, sino   apertrecharnos con los recursos irrebatibles que nos asisten; digamos, con los Justos Títulos que poseemos; que no admiten pruebas en contrario (iuris et de iure); para exponerlos y defendernos con justeza, en los distintos trayectos procesales, a cuyas audiencias nos hemos hecho presentes.

Concordante a este asunto, desde siempre, escuchamos y prestamos atención, con detenimiento, todas las intervenciones del presidente guyanés Irfaan Ali, donde rechaza el reclamo justo que hace Venezuela sobre lo que nos despedazaron con añagaza (159.500 km2).

Cada vez que el Dr. Ali se dirige a la prensa guyanesa o a través de los medios internacionales lo hace con los términos más desconsiderados y temerarios hacia nosotros.

Además, continúa entregando concesiones –a diestra y siniestra—en la zona disputada, a empresas transnacionales

En cada discurso, percibo al primer mandatario de la excolonia británica engreído y prepotente; inclusive asoma la posibilidad de esperar una sentencia definitiva, presuntamente favorable para ellos, por parte de la Corte Internacional de Justicia.

El actual gobierno guyanés se siente convencido y especula que la Sala Juzgadora garantizará como válido y vinculante (y con la condición de res judicata) la nula e írrita tratativa tramposa – el “laudo”- que nos despojó de una séptima parte de nuestra geografía venezolana.

Que quede claro que no estamos rehuyendo la confrontación jurídica; por cuanto, poseemos los Justos Títulos traslaticios, que confieren carácter posesorio sobre la disputada área y su proyección atlántica, desde el 8 de septiembre de 1777, con la Cédula Real de Carlos III, al crearse la Capitanía General de Venezuela; donde quedaron integradas las provincias de Caracas, Maracaibo, Nueva Andalucía (Cumaná), Guayana hasta el río Esequibo, Margarita y Trinidad.

Nacimos al mundo como Capitanía General de Venezuela, teniendo al río Esequibo como nuestro costado limítrofe por el este; ratificado con el Tratado de “Paz y Amistad” suscrito entre España y Venezuela, el 30 de marzo de 1845, cuando nos concede la independencia y reconoce el río Esequibo como el límite este de la naciente República venezolana.

Nada de quedarnos callados, inanimados o inertes; porque sabemos que el juicio – ya emprendido—no se ha detenido ni se paralizará, por ausencia de la delegación de Venezuela.

Que quede claro, también, que no hemos despojado nada a ningún país, ni pretendemos hacerlo. Fue a nuestra Nación a la que se le perpetró, con alevosía, un vulgar desgajamiento.