“La educación militar no respondió a los objetivos de la democracia a pesar de todo el esfuerzo que se hizo.

Se formaban nuevos generales, nuevos hombres para tomar el poder y ponerlo a su servicio, pero no profesionales comprometidos con el país”, afirmó Carlos Andrés Pérez en Memorias proscritas (2006), durante la conversación que sostuvo con los periodistas Ramón Hernández y Roberto Giusti. A continuación presentó una reflexión que hoy adquiere el carácter de una advertencia histórica: “La Fuerza Armada enfrenta un desafío ineludible: sirve a Chávez o sirve a Venezuela”.

Han transcurrido veinte años desde que Carlos Andrés Pérez formuló los comentarios antes citados. Sin embargo, el dilema permanece vigente. No porque hoy la Fuerza Armada deba escoger entre defender el legado de Hugo Chávez o cumplir con la Constitución. Esa elección ya la hizo el constituyente cuando dispuso en el artículo 328 que la Fuerza Armada está al servicio exclusivo de la Nación y “en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”. Precisamente por ello, ninguna Fuerza Armada profesional puede estar al servicio de una persona, de una ideología o de una parcialidad política. Su única lealtad legítima es con la Nación, la Constitución y la República.

Ese dilema se refleja incluso en el lenguaje militar. La consigna “Chávez vive, la lucha sigue”, incorporada durante años a ceremonias y saludos castrenses, constituye una declaración política. Afirma la continuidad de un proyecto ideológico, identifica a la institución armada con una causa partidista y transforma un acto de disciplina militar en una manifestación de adhesión al culto de la personalidad, incompatible con la tradición republicana.

Cuando un militar pronuncia una consigna partidista en ejercicio de sus funciones habla como integrante de una institución permanente del Estado, cuya misión constitucional consiste en garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la Nación. Su uniforme representa a todos los venezolanos. Por ello, lo que para un ciudadano constituye una expresión legítima de sus convicciones, en un miembro activo de la Fuerza Armada quebranta la neutralidad institucional que exige la Constitución. No se trata únicamente de una cuestión de lenguaje. Se trata de la naturaleza misma de la institución militar.

Ese principio no es nuevo. La Constitución de 1811 ya disponía que “el Poder Militar, en todos los casos, se conservará en una exacta subordinación a la autoridad civil”. Más de dos siglos después, el ya citado artículo 328 de la Constitución reafirma esa misma tradición al definir a la Fuerza Armada como una institución “esencialmente profesional, sin militancia política”, organizada para servir exclusivamente a la Nación y “en ningún caso” a una persona o parcialidad política. El artículo 330 completa ese diseño constitucional al prohibir a sus integrantes participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político.

Estas normas no pueden convertirse en letra muerta. Constituyen una garantía institucional destinada a impedir que las armas de la República se transformen en instrumento de un gobierno o de un partido. Precisamente por ello, resulta incompatible con el orden constitucional que el saludo militar incorpore el nombre de un dirigente político, por grande que pueda ser la admiración personal que algunos sientan hacia él o por arraigado que se encuentre el culto a su personalidad.

En 2014 la Sala Constitucional avaló el uso de esas consignas con el saludo militar y, al hacerlo, vació de contenido la prohibición contenida en el artículo 328 de la Constitución. Así evadió responder la pregunta fundamental: ¿puede el saludo de una institución sin militancia política contener una declaración inequívocamente partidista? En lugar de resolver ese problema, desplazó el debate hacia cuestiones accesorias y terminó por legitimar una práctica incompatible con los principios constitucionales.

Basta una pregunta para advertir la fragilidad de ese razonamiento. Si los militares pueden exclamar “Chávez vive, la lucha sigue”, ¿podrían también evocar el pensamiento de Rómulo Betancourt o manifestar su apoyo a un candidato o candidata de oposición? Evidentemente no. Pero precisamente esa respuesta demuestra que el problema no radica en el contenido de la consigna, sino en el principio constitucional de neutralidad. 

La politización de la Fuerza Armada ha tenido consecuencias que trascienden el ámbito castrense. Ha desdibujado la frontera entre el Estado y el partido, ha debilitado la confianza de amplios sectores de la sociedad y ha convertido a la institución militar en un factor más de la confrontación política. Una Fuerza Armada que se identifica con una parcialidad deja de ser percibida como patrimonio común de la Nación y pierde la capacidad de representar por igual a todos los venezolanos.

Los efectos de esa politización terminaron por manifestarse en la propia crisis del régimen. Una Fuerza Armada identificada con un proyecto político deja de actuar como una institución al servicio exclusivo de la Nación y pierde la autonomía profesional que exige la Constitución. Cuando Nicolás Maduro fue extraído del país por un ataque militar de Estados Unidos, quedó de manifiesto hasta qué punto la institución militar se había apartado de la misión que el artículo 328 de la Constitución le asigna como garante de la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la Nación. 

Resultó igualmente significativo que una operación de esa naturaleza no diera lugar a una reacción institucional visible. Más que cuestionar el valor o la capacidad profesional de sus integrantes, ese episodio invita a una reflexión más profunda: toda institución termina preparándose para la misión que se le encomienda. Si durante años la Fuerza Armada fue orientada prioritariamente hacia funciones de control político interno, inevitablemente se debilitan las capacidades necesarias para cumplir la misión que la Constitución le asigna: la defensa de la soberanía y la integridad territorial de la Nación.

Precisamente por ello, la despolitización de la Fuerza Armada constituye una de las condiciones para que el proceso de estabilización, recuperación y transición pueda concluir con éxito. Ningún programa económico será sostenible, ninguna institución democrática recuperará plenamente su legitimidad y ninguna elección producirá confianza duradera mientras subsista la posibilidad de que la Fuerza Armada actúe como garante de un proyecto político y no del orden constitucional. Mientras conserve una identidad partidista, esa amenaza permanecerá latente y podrá reaparecer cuando desaparezcan los factores externos que hoy limitan su actuación.

Eliminar las consignas partidistas del saludo militar sería apenas un primer paso. Pero tendría un profundo valor simbólico. Significaría que el uniforme volvería a representar exclusivamente a la Nación y dejaría de identificarse con una parcialidad política. Más importante aún: anunciaría el comienzo de una transformación institucional indispensable para que la transición venezolana pueda consolidarse sobre bases republicanas.

La transición mostrará una señal positiva cuando el saludo militar deje de proclamar fidelidad a un líder o a un proyecto político y vuelva a expresar su lealtad a la República.