El pasado 18 de junio, el muy activo Grupo Orinoco invitó, vía Zoom, a un foro cuyo tema era ‘La reforma institucional para una democracia plena’.

El promotor del encuentro fue Werner Corrales, exministro de Cordiplan. Los invitados como ponentes fuimos Carlos Blanco, expresidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre), y este servidor, también expresidente de la Copre. Como moderador actuó Arnoldo José Gabaldón quien, igualmente, fue presidente de esa comisión en sus inicios.

Antes de presentar nuestras proposiciones de cambio, Carlos Blanco y yo coincidimos en que se trata de reconstruir, desde sus cimientos, un Estado que se encuentra en las ruinas. Hay que rehacer un conjunto de instituciones cuyos mecanismos de creación de consensos han sido demolidos, al igual que las fórmulas para persuadir a los ciudadanos. En lugar de esos mecanismos persuasivos, el régimen chavista armó un aparato militar policial diseñado para intimidar a la población y silenciarla a través de la coerción. Ese dominio se tradujo en politización de la Fuerza Armada, control del Poder Judicial, de la Asamblea Nacional y los demás poderes públicos, sometimiento de los medios de comunicación y de las organizaciones de la sociedad civil, entre otros procedimientos.

La democracia fue aniquilada. En su lugar, se instaló una casta con vocación totalitaria, incompetente y corrupta, que ocupó todos los espacios del Estado y la sociedad. Las instituciones públicas y sociales fueron cooptadas con la finalidad de ejercer pleno dominio sobre ellas.

Para reconstruir esas instituciones subordinadas al poder chavista, hay que actuar en varios frentes a la vez. Es necesario definir una estrategia para que la democracia vuelva a regir. Debe haber de nuevo independencia de los Poderes Públicos. El Poder Legislativo está obligado a actuar como contrapeso del Ejecutivo.  El Legislativo no puede desempeñarse como una oficina subordinada a la presidencia de la República, en la que se tramitan sin chistar las solicitudes de leyes y normas emanadas de la instancia presidencial, con el fin de darles un barniz de legalidad

El Poder Judicial tiene que desenvolverse con independencia     de criterios. Sus decisiones no deben ajustarse a los dictados de Miraflores, ni de ninguna otra instancia.  Su única referencia para decidir tiene que ser la Constitución y el marco legal establecido.

Venezuela se define como un Estado federal. Por esa razón, debe contar de nuevo con dos cámaras en el Parlamento: la de diputados, representante de los ciudadanos; y la de senadores, en nombre de los estados que integran la Nación. De ese modo, se crea un equilibrio entre los votantes de todo el país y las entidades federales.

En el foro coincidimos en la necesidad de despolitizar la Fuerza Armada y profesionalizar la gerencia pública.

La FAN debe volver a ser una institución obediente al poder civil y no deliberante. Su misión consiste en defender la Constitución y la República, sin acatar al mandato de ninguna parcialidad política o caudillo. Su lugar está en los cuartes.

Resulta indispensable acabar con la ‘ideocracia’ promovida por el régimen desde su creación. De acuerdo con esa visión, a los funcionarios públicos se les ha exigido adscribirse a la ideología política del Gobierno –ser rojito rojito, según la conocida expresión de Rafael Ramírez- sin tomar en cuenta sus aptitudes y destrezas. Esa práctica tan nociva ha tenido consecuencias nefastas en empresas públicas como Pdvsa, la CVG, la Cantv, el Metro de Caracas y, en general, en toda la maquinaria pública. Las capacidades de los empleados fueron desplazadas por su adscripción incondicional al chavismo.

Profesionalizar la gerencia pública constituirá una manera de reducir la corrupción dentro del aparato público. Una de las fuentes fundamentales de ese morbo, además de los salarios miserables que ganan los funcionarios, constituye su escasa capacitación y la imposibilidad de ascender dentro de la escala laboral.

Retomar el camino de la descentralización, fortalecer los gobiernos regionales y locales y darles a los ciudadanos el poder de controlar la acción gubernamental en todos los niveles de la acción  pública, será otra reforma importante. El presidencialismo autoritario construido por el chavismo debe concluir, para cederle espacio a una democracia descentralizada y participativa, en la cual el control ciudadano sobre la gestión pública sea cada vez mayor.

La diáspora ha llevado a que más de ocho millones de venezolanos se encuentren en el exterior. Esas son cifras proporcionadas por distintas fuentes estadísticas, entre ellas el Observatorio de la Diáspora, dirigido por el sociólogo Tomás Páez.  La inmensa mayoría de esos compatriotas permanecerán en el exterior, a pesar de que las condiciones políticas y económicas del país se modifiquen. A esos venezolanos hay que incorporarlos al proceso de cambio, aunque permanezcan en sus países de acogida. Se requiere impulsar un conjunto de transformaciones institucionales que permitan que contribuyan con sus conocimientos y aportes en distintos planos, a la transformación nacional.

He presentado un brevísimo resumen de los cambios institucionales que habría que acometer para recuperar la democracia. Sin embargo, sirven para ilustrar el enorme desafío que el país afronta para rescatarla.

@trinomarquezc