En los regímenes autoritarios, las palabras suelen cumplir una función opuesta a su significado.

La paz sirve para justificar la represión, la soberanía para encubrir la entrega, la justicia para perseguir al adversario y la amnistía, paradójicamente, para administrar el castigo. Eso ocurre hoy en Venezuela con la llamada Ley de Amnistía, impulsada en 2026 por Delcy Rodríguez y presentada como un gesto de reconciliación nacional, pero en realidad diseñada como un nuevo instrumento de control político.

No se trata de una novedad histórica. Venezuela ya vivió en 2016 el fracaso de una ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría opositora, que buscaba liberar presos políticos y corregir el uso del sistema penal como mecanismo de persecución. El régimen de Maduro la calificó de “ley de impunidad”, argumentando que pretendía absolver a responsables de violencia política, incluidos los vinculados a 2002, 2014 y otras protestas. Maduro se negó a promulgarla y la remitió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), institución sometida a los dictámenes de Miraflores. El 11 de abril de 2016, la Sala Constitucional del TSJ declaró inconstitucional la ley y la anuló por completo. El argumento jurídico fue predecible: supuesta violación de principios constitucionales, negación de justicia para las víctimas y riesgo de impunidad. En rigor, la ley fue rechazada por el TSJ no por sus defectos técnicos sino porque desafiaba una lógica central del poder autoritario: la discrecionalidad absoluta sobre el castigo. En estos regímenes, la justicia no es un sistema de normas, sino un instrumento de control. Permitir una amnistía desde un poder adverso implicaba ceder una facultad esencial: decidir quién es culpable, quién es inocente y, sobre todo, quién merece ser perdonado.

Diez años después, el chavismo intenta apropiarse de ese mismo lenguaje, pero vaciándolo de contenido democrático. La amnistía promovida por Delcy no surge para restituir derechos vulnerados, ni para reparar daños —mucho menos para cerrar heridas—, sino como un mecanismo de concesiones selectivas, estrictamente condicionado a la subordinación política. No apunta a la reconciliación, sino a la obediencia.

El problema central no está en el concepto de amnistía, sino en quién la administra y con qué propósito. Una amnistía genuina supone el reconocimiento del conflicto político, la reparación institucional y las garantías de no repetición. La propuesta oficialista carece de todo eso. No reconoce la existencia de presos políticos, no admite la persecución judicial, no asume responsabilidad estatal por torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias o asesinatos. Tampoco existe la más mínima intención de impulsar reformas estructurales en un sistema judicial profundamente cuestionado. En su lugar, se plantea un dispositivo opaco: exclusiones deliberadamente ambiguas, criterios discrecionales y un amplio margen de arbitrariedad para decidir quién puede ser “perdonado” y quién debe seguir siendo utilizado como advertencia. No es una política de justicia transicional, sino una herramienta de control que preserva intacto el poder de castigar mientras administra, de forma selectiva, la apariencia de clemencia.

Es la lógica del indulto feudal: no se reconoce un derecho, sino que se concede una gracia. El ciudadano no recupera su libertad como garantía constitucional, sino como una concesión personal del poder. La libertad deja de ser un principio republicano para degradarse en una dádiva administrativa. 

La inquilina provisoria de Miraflores ha intentado presentar esta iniciativa como una prueba de apertura política ante la comunidad internacional y como respuesta a las críticas por la persistencia de la represión. Pero el núcleo del problema permanece intacto: no puede existir una amnistía real allí donde no hay independencia judicial ni separación de poderes. Cuando los tribunales responden al Ejecutivo, la ley deja de ser un límite y pasa a ser un instrumento. Las organizaciones de derechos humanos han advertido reiteradamente que una amnistía administrada por quienes han sostenido la persecución no ofrece justicia, sino arbitrariedad con otro nombre. El riesgo no es solo que muchos presos políticos queden fuera —como ya ocurre con más de 500 detenidos civiles y militares—, sino que la propia ley funcione como un mecanismo de legitimación. Se libera a unos pocos, cuidadosamente seleccionados, para hacer más tolerable —y más vendible hacia afuera— el encarcelamiento de muchos otros. No es un acto aislado; es un diseño deliberado: administrar liberaciones puntuales para normalizar la represión estructural. Así, cada excarcelación no corrige la injusticia, sino que la maquilla. Y el resultado es perverso: se transforma una política sistemática de persecución en una narrativa de aparente clemencia.

La estrategia no es nada novedosa. Los autoritarismos contemporáneos no se sostienen solo en la represión abierta, sino en una ingeniería más sofisticada: miedo selectivo y concesión calculada. No necesitan encarcelar a todos; les basta con castigar a algunos y exhibir, con total arbitrariedad, quién sale y quién se queda. Ese poder de selección no es un efecto colateral, es el mensaje central. Funciona mejor que la represión indiscriminada porque introduce incertidumbre y disciplina a la vez: convierte la libertad en un privilegio revocable. No es justicia, es administración del miedo. Y la conclusión que se impone —sin necesidad de proclamarla— es clara: la libertad no es un derecho, sino una recompensa condicionada a la obediencia.

Por eso esta ley, en esencia fraudulenta, fracasa incluso antes de aplicarse. Fracasa moralmente porque rehúye de la verdad. Fracasa jurídicamente porque sustituye los derechos por favores. Fracasa políticamente porque no genera confianza, sino sospecha. Y fracasa históricamente porque reproduce exactamente aquello que dice querer superar: el uso del sistema penal como herramienta de dominación.

No es una amnistía, sino un maquillaje institucional para un esquema que sigue criminalizando la disidencia. No puede invocarse la reconciliación mientras persisten las inhabilitaciones políticas, el exilio forzado, la censura, la judicialización de la protesta y la prisión como mecanismo disciplinario del Estado.

La reconciliación real no nace de una firma ni de una concesión subordinada al Ejecutivo. Exige restituir la institucionalidad democrática, reconocer a las víctimas, esclarecer los abusos y garantizar —de manera efectiva, no retórica— que la justicia deje de ser un instrumento de castigo político. Mientras eso no ocurra, toda amnistía será apenas una escenografía. Y toda promesa de reconciliación será simplemente otra forma de control.