Aunque algunos sujetos internacionales y países (hasta ayer amigos de Venezuela) se pronuncien en respaldo a Guyana

--por marcados intereses económicos, sin dudas-- nuestra contención siempre ha tenido suficiente asidero jurídico, cartográfico e histórico y la fortaleza moral de saber que no estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad contra nadie.

A propósito del presente pleito centenario que sostenemos por el arrebato que nos perpetraron por el costado este de la geografía nacional; durante las últimas cuatro décadas he tenido la posibilidad de intercambiar opiniones con muchísimos sectores, sobre cómo encarar este asunto litigioso.

Conseguimos y escuchamos de todo, en los distintos eventos desarrollados en varias universidades del país, en los medios de comunicación social, en las plataformas digitales; también a través de video-conferencias y eventos presenciales. Asimismo, visitando los propios espacios fronterizos y en de las redes sociales.

Sin embargo, hay plena coincidencia en cuanto a que los reclamos de restitución que hemos sostenido, desde hace más de un siglo, no están anclados en una malcriadez diplomática o en algún capricho nacional y menos en empecinamientos injustificados.

Por lo anteriormente descrito; y apertrechados de las irrebatibles pruebas, estamos obligados y dispuestos –razonablemente—a repensar y a analizar (una y muchas veces) cómo   rediseñar las mejores estrategias a que haya lugar para que se cumplan los objetivos de reivindicación venezolanista.

 Como se sabe hay algunos hechos ya adelantados (que auguramos surtan efectos); y en la alforja poseemos actos jurídicamente concretos, que no tenemos por qué eludirlos.

Que estemos claros que no se trata de una simple ilusión; sino de una determinación histórica con fundamento; de lo cual se encuentra enterada la contraparte que, por supuesto, sabe que somos poseedores de los documentos que nos acreditan el dominio absoluto sobre la extensión territorial que han venido ocupando y usufructuando ilegal e ilegítimamente.

Digamos, entonces, que se abre una extraordinaria expectativa, para el 4 de mayo de este año; la cual es la fecha señalada por la Corte Internacional de Justicia para que las Partes comparezcan a la Sala, con la finalidad de   cumplir con las respectivas alegaciones (en acto oral) dentro del Proceso en curso.

Visto así, comencemos por elucidar (con interrogantes) algunas alternativas que quizás figurarían en el pliego discursivo que expondríamos en el Ente Sentenciador para su respectivo análisis.

¿Hasta cuándo soportarle a Guyana el incumplimiento de lo que mandata el Acuerdo de Ginebra de 1966 y lo convenido en Argyle?

¿Podemos interpretar que la presencia del enjambre de empresas transnacionales, autorizadas por los gobiernos guyaneses --en la proyección marítima aún sin delimitar- comporta una manera de medir nuestra capacidad de respuesta o en serio constituye un acto de provocación hacia nuestro país, una amenaza directa contra Venezuela; y por lógica, una incitación a la ruptura de la declaración suscrita en San Vicente y Las Granadinas, el 14 de diciembre de 2023?

¿Estaremos aún con voluntad para continuar con la probable negociación directa, en tanto medida de autocomposición de solución de conflictos?

¿Finiquitaremos y consignaremos   -para el día precitado de nuestra presencia en La Haya- un denso escrito de   solicitud de medidas cautelares y una demanda de reconvención o contrademanda; como decisión legítima y propia de nuestro país?

No son pocos los álgidos y complejos ejes temáticos que nos ocupan.

La delegación venezolana que comparecería ante la Corte tiene todo el derecho, en nombre de nuestro Estado para incoar una demanda o instaurar un juicio en paralelo contra quien nos ha demandado. Todo, relacionadamente, en el mismo proceso.

Si nos decidimos por solicitar medidas cautelares, para pedir la paralización de las operaciones de las transnacionales y a accionar una contrademanda, el Jurado Sentenciador -- en pleno y justo derecho-- debe admitir ambas solicitudes.

Cabe –perfectamente- el caso de la acción reconvencional; porque existiría absoluta conexidad entre nuestras pretensiones en nueva litis y las que ya han sido identificadas objeto de la demanda principal, introducida y ratificada por la contraparte.

La Corte, que tramita en juicio el fondo de la controversia, pasaría a conocer también – por economía procesal—nuestra causa petendi en reconvención cuya finalidad procuramos que concluya con Resolución congruente, donde se haga justicia a nuestro país.

Hemos valorado e intercambiado criterios y conjeturas con gente pensante que ha dedicado mucho tiempo a este asunto.

Reconocemos que también hay quienes andan por ahí sin prestarle ningún cuidado a nuestra reclamación – no han manifestado el más mínimo interés en el tema--; cuya actitud es de los que únicamente ven transcurrir las cosas con indiferencia o displicencia. No hay forma ni manera de motivarlos. Peor aún, prefieren que sea el gobierno que busque cómo salir de este embrollo fronterizo. Les resbala lo que pudiera suceder.

Otros que se encuentran demasiados imbuidos de pesimismo; y creen que en el supuesto de que Venezuela decida asistir, en mayo, por ante la Corte Internacional de Justicia, nuestra nación no obtendría una sentencia satisfactoria en la mencionada Sala Juzgadora.

Con todos los especialistas en esta contención --con quienes hemos dialogado de los probables acontecimientos subsiguientes-- coincidimos en señalar que hay que reflexionar “en frío” la posible comparecencia de Venezuela ante la Corte. Hay que dejarse de “actitudes retrecheras o soberbias”.

Los delegados del oficialismo, responsabilizados para este delicado caso litigioso deben obligarse (y abrirse), hoy más que nunca, a consultar a expertos y estudiosos para concordar la más idónea y conveniente posición que asumirá el Estado venezolano; por cuanto, es un Asunto de Estado y no de gobiernos.

Podemos jugar, simultáneamente, en tres tableros. 1.- Pendientes para dar respuestas oportunas y contundes, por la presencia de las transnacionales en la proyección atlántica del Esequibo.  2.- Procurar una salida conversacional directa con la contraparte (privilegiando lo conciliable) y 3.- Prepararnos para la fase de alegaciones con nuestros irrebatibles Justos Títulos traslaticios.

 Claro que lo podemos hacer.