En El otoño del patriarca Gabriel García Márquez retrata un poder que ya no gobierna sino que lo controla todo.

Instituciones, ley y verdad quedan sometidas a su voluntad. Cuando un país llega a ese punto, la justicia deja de proteger a los ciudadanos y empieza a servir al poder. Venezuela conoce demasiado bien ese paisaje.

Montesquieu lo expresó con claridad en El espíritu de las leyes: “Para que no se pueda abusar del poder, es necesario que el poder frene al poder”. De esa observación nace un principio esencial del constitucionalismo moderno: la libertad solo existe cuando el poder encuentra límites.

Cuando esos límites desaparecen, el poder deja de ser controlado y el Estado de derecho comienza a derrumbarse. Venezuela ha vivido ese proceso de forma brutal. Por esa razón, en un momento delicado para la institucionalidad del país, la designación de quien debe encabezar el Ministerio Público adquiere una importancia extraordinaria.

La Fiscalía General de la República es una de las columnas que sostienen el Estado de derecho, la protección de las libertades ciudadanas y la credibilidad del sistema de justicia. De su independencia depende también la recuperación de la confianza internacional y la posibilidad de atraer inversiones en una etapa de reconstrucción económica.

La conducción de esa institución exige solvencia jurídica, imparcialidad, independencia política, formación intelectual, experiencia profesional y autoridad moral. Sin embargo, durante años se impuso una lógica corrosiva: gobernar significaba controlar todas las instituciones. La justicia terminó convertida en instrumento del poder y el sistema político perdió la capacidad de resolver sus conflictos dentro de la ley. En su lugar surgieron la conflictividad política, las violaciones de derechos humanos, la corrupción y la pobreza.

La crisis posterior al 28 de julio reveló ese problema con crudeza. La ausencia de instituciones imparciales abrió dudas sobre los resultados electorales y desencadenó una espiral de represión y dolor que un sistema con verdadero equilibrio de poderes habría podido evitar. Romper con esa lógica constituye hoy una necesidad histórica. En otras palabras, Venezuela necesita instituciones capaces de actuar sin paños calientes frente a los abusos del poder y de impedir que el conflicto político vuelva a degenerar en un espectáculo cainita entre venezolanos.

En ese contexto adquiere especial significado la postulación de la doctora Magaly Vásquez González a la Fiscalía General de la República. Su trayectoria académica, intelectual y profesional, junto con una reputación ampliamente reconocida de probidad e independencia de criterio, la sitúan entre las opciones más sólidas para asumir esa responsabilidad.

Su candidatura cuenta con el respaldo de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, con el aval de la Academia Nacional de la Historia, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Metropolitana,  de la Universidad Monteávila y de la Universidad Central de Venezuela. A ello se suman diversos colegios de abogados, organizaciones de la sociedad civil, juristas y profesores universitarios. Ese respaldo expresa el reconocimiento a una trayectoria construida durante décadas de estudio, honestidad, docencia e investigación. Pero el rasgo decisivo de esta candidatura no reside solo en sus credenciales académicas. Reside en algo mucho más escaso en la vida pública venezolana: independencia de criterio.

Y esa independencia resulta indispensable en el momento actual. Para que el país logre la reinstitucionalización, necesita instituciones capaces de actuar con serenidad, firmeza y vocación de Estado. En ese sentido, el temperamento de Magaly Vásquez posee un rasgo poco frecuente en la vida pública venezolana: un carácter apolíneo, inclinado a la mesura, al orden y al respeto por las formas jurídicas, virtudes que la tradición filosófica ha asociado con la razón y el equilibrio frente al caos político.

La Venezuela actual atraviesa un proceso que se describen en tres etapas: estabilización, recuperación y transición democrática. La estabilización busca evitar el colapso institucional. La recuperación exige reconstruir la economía y restablecer la seguridad jurídica. La transición democrática deberá culminar con elecciones libres y competitivas. Entre esas tres fases existe un punto de apoyo común: la credibilidad institucional.

Sin una Fiscalía creíble, autónoma y respetada, cualquier intento de recuperación quedará atrapado en la desconfianza. Sin justicia independiente no habrá inversión ni crecimiento económico ni estabilidad política.

Por eso el proceso de elección debe ser abierto, público y transparente. Resultaría difícil explicar ante la sociedad venezolana y ante la comunidad internacional que una jurista con credenciales tan robustas como las de Magaly Vásquez González fuese descartada para repetir una práctica conocida: colocar en cargos institucionales a figuras subordinadas al poder político. En el fondo, se trata del viejo conflicto entre dos maneras de entender el poder: la lógica apolínea del derecho, que busca orden, equilibrio y límites, y la pulsión dionisíaca del poder sin frenos, que termina por someter las instituciones a su voluntad.

Magaly Vásquez González es además la única aspirante a la Fiscalía General de la República que ha sido entrevistada por varios de los periodistas más influyentes del país. Esas conversaciones han permitido apreciar la solidez y la profundidad de su pensamiento jurídico e institucional. También han dado a los venezolanos elementos objetivos para ponderar su candidatura. Ese ejercicio fija un estándar elevado para el proceso de selección: privilegiar el mérito, la independencia, la probidad, la experiencia y la solvencia profesional.

Venezuela necesita exactamente eso: instituciones que limiten el poder, justicia independiente, procedimientos públicos que impidan las emboscadas del poder y ciudadanos capaces de vigilar al poder y defender la ley.

Porque cuando la justicia se somete al poder, el país entra en el territorio oscuro que Gabriel García Márquez describió en El otoño del patriarca: el de un poder que lo controla todo.

La elección del Fiscal General de la República es una prueba determinante: la prueba de si Venezuela seguirá bajo el poder sin límites del patriarca o bajo el imperio de la ley.