Cuando se debate la transformación de la sociedad, siempre habrá que referirse al papel de las universidades.

Tanto debe ser así, que a ellas “corresponde colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales” (Del artículo 2º, Ley de Universidades). Sin embargo, las realidades son diferentes. Las opiniones universitarias son casi siempre desatendidas por las instituciones públicas por causas que sólo encuentran explicación en la forma cómo se encubre, induce y se practica el poder político.

Más aún, la situación se agrava cuando se tocan problemas relacionados con los derechos universales y fundamentales del hombre. Salvo contadas excepciones. Particularmente, cuando las respuestas académicas intentan ajustarse a los trazados de las agencias gubernamentales cuyos resultados transfiguran las realidades. Peor aún,  en perjuicio de colectivos y personas sumidas en agudas dificultades políticas, económicas, sociales y culturales.

 

Implicaciones de carácter

Las universidades venezolanas, especialmente las que gozan de autonomía, consideraron la importancia del tema desde el mismo momento que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, aprobara el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con ello se buscaba alcanzar un consenso alrededor del significado de la dignidad individual, y de los límites que el poder estatal no debe transgredir. 

Sin embargo, la dinámica del poder equivocadamente entendido y peor ejercido en Venezuela, en los últimos años, ha permitido el asomo de condiciones política–gubernamentales que han vulnerado la democracia, el Estado de Derecho y  libertades esenciales. Bajo aparentes expresiones de libertad y de respeto a procedimientos democráticos, se ha vulnerado la razón de la ley, se ha condicionado las libertades individuales de los venezolanos, se ha extremado la persecución contra quienes se atreven a disentir del sistema de gobierno afectándose las libertades de expresión, de pensamiento, de comunicación y de información.

Actualmente, la investigación y la docencia universitaria han concienciado la posibilidad de situarse en la línea de vanguardia respecto de la discusión que viene mundialmente dándose a favor de los Derechos Humanos. Aún así, en el país sigue viéndose una distancia entre el discurso y la praxis toda vez que el asedio gubernamental gravita sobre la funcionalidad de las universidades que se plantean objetivos relacionados con la consolidación de una democracia plural y participativa como motor del desarrollo y la paz nacional. 

 

Al cierre

No obstante, deberá reconocerse que la superación de los problemas que atosigan al país, fundamentalmente asociados al menoscabo de los Derechos Humanos, pasa por el afianzamiento de las universidades preocupadas por actuar como factores del desarrollo nacional en tanto que instituciones productoras y transformadoras del conocimiento científico, humanístico y tecnológico. 

Estas palabras, revelan el interés y preocupación que, en las instituciones de educación universitaria, habla de las discusiones que giran alrededor del importante tema: La Universidad defiende los Derechos Humanos.