El pasado 24 de julio el gobierno presidido por Delcy Rodríguez anunció que se retiraría de la Corte Penal Internacional (CPI),

debido a un supuesto ‘sesgo geográfico’ de esa instancia. Ese día, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, se dirigió al secretario general de la ONU, António Guterres, para notificarle la decisión. Esa noticia trascendental ha pasado desapercibida, eclipsada por la tragedia provocada por los terremotos registrados en Caracas y La Guaira ese mismo día. Transcurrido más de un mes del desastre, conviene examinar la decisión y oponerse a que la iniciativa prospere.

El acuerdo del gobierno venezolanos no tuvo nada que ver con ninguna decisión autónoma y soberana. Fue un gesto más de subordinación a la administración de Donald Trump, quien ha mantenido una campaña permanente de descrédito contra el Tribunal de La Haya desde su primer gobierno, entre 2017 y 2021. El presidente de Estados Unidos se ha opuesto a todos los organismos internacionales creados después de finalizada la Segunda Mundial, con la finalidad de armonizar los vínculos entre las naciones. Aunque la CPI fue formalmente creada en 1998 y comenzó a operar en 2002, después de haberse aprobado el Estatuto de Roma -mucho tiempo después de culminado el conflicto bélico- puede afirmarse que forma parte del tejido que busca darle al mundo herramientas institucionales que faciliten la convivencia planetaria.

El gobierno venezolano aprovechó una declaración de Trump en la que amenazó con sacar a Estados Unidos de la CPI, para afirmar, en un nuevo acto de subordinación, que haría lo mismo. Ni siquiera Miraflores y la Casa Amarilla repararon en que la Casa Blanca no podía retirarse de una instancia jurídica a la que nunca perteneció. Estados Unidos jamás suscribió el Estatuto de Roma, condición esencial para formar parte de la CPI.

Resulta obvio que la administración de Delcy Rodríguez pretende dejar de formar parte del Tribunal de La Haya con el fin de intentar eludir las acusaciones de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión que se han formulado, o podrían formularse, contra algunos de los jerarcas más representativos del régimen instalado en 1999.

El propósito con el cual se creó la CPI fue personalizar e individualizar las responsabilidades en crímenes cómo los señalados anteriormente y, además, mantener una instancia permanente que pudiese recibir las denuncias, hacerles seguimiento, elaborar expedientes particulares y aplicar justicia basándose en investigaciones exhaustivas y confiables. Hasta el momento de la constitución de la CPI, los funcionarios civiles o militares podían refugiarse en la ‘razón de Estado’ para tratar de atenuar sus responsabilidades en la ejecución de planes de exterminio de poblaciones enteras, matanzas indiscriminadas o asesinatos selectivos. Con el Estatuto de Roma ese ardid desapareció. Nadie puede invocar la ‘obediencia debida’ para cometer delitos tipificados en el ordenamiento jurídico. La responsabilidad es individual e intransferible.

Tribunales como la CPI no les interesan a mandatarios que desprecian la democracia, la autonomía del Poder Judicial, la prensa libre e independiente, la protesta pacífica, la organización soberana de la sociedad civil y los derechos humanos. Los gobernantes autoritarios desechan las instituciones que pueden servirles de contrapeso o se encuentran en capacidad de cuestionarlos y, peor, de enjuiciarlos cuando violan las leyes y los derechos de los ciudadanos o de la comunidad.

Es verdad que la CPI no actúa con la celeridad que desean los pueblos afectados por la tortura o el terrorismo de Estado. Esta deficiencia debe ser superada para elevar su eficacia y autoridad en el plano internacional. Sin embargo, señalar sus deficiencias de ningún modo significa plantear su desaparición. Con la CPI ocurre algo similar a lo que sucede con la ONU: este foro mundial se ha burocratizado y ha perdido prestigio en el planeta. No ha servido para evitar masacres como la cometida en Gaza, para citar uno de los casos más recientes. Pero, el mundo puede depositar mayores esperanzas en la convivencia pacífica con organismos como ese -pensados para dialogar, limar asperezas y llegar a acuerdos en medio de las diferencias-, que sin ellos. Esas son las lecciones dejadas por las dos guerras mundiales.

A la CPI conviene hacerla más ágil y eficiente. Sus investigaciones tienen que acelerarse. Sus magistrados solo deben obedecer al Derecho Internacional y la preservación de los derechos humanos. En síntesis, debe mejorar para ser más valorada y respetada.

En Venezuela, hay que iniciar una campaña que impida que el Gobierno alcance el objetivo de separarse de la CPI. Ya algunos prestigiosos abogados se han pronunciado en contra de ese exabrupto. Ahora, la campaña deben intensificarla las academias, las universidades, los familiares de los presos políticos, los partidos de la oposición y todos los demócratas.

Retirar a Venezuela de la Corte Penal Internacional es un crimen de lesa humanidad.

@trinomarquezc