Todavía se les exige a algunos Estados (por supuesto, a los más débiles) que deban someterse a un orden normativo, obligatorio y coercitivo que se consagra en el Derecho Internacional Público.

Recordamos con nostalgia que, hasta no hace mucho, la sola mención – aunque someramente- de las disposiciones contenidas en las normas del Derecho Internacional (mayúsculas adrede, todavía) bastaba para emocionarse al pronunciar sus principios y/o apelar a sus jurisprudencias.

Documentarse con base a tales contenidos doctrinales constituían experiencias hermosas.

El Derecho Internacional comportaba, en sí mismo, uno de los ejes temáticos que desplegaba apasionadas y productivas discusiones para nutrir y fortalecer – al propio tiempo—a las particulares soberanías nacionales.

Lo que deseo poner de relieve es que la opción de apelar a la vía judicial para resolver un pleito interestatal está tomando -hoy en día- un papel menos importante como solía tener en los siglos pasados; por cuanto, han surgido otros medios alternativos para resolver los conflictos.

Es importante destacar que la cultura de la paz, de la negociación directa de las partes en controversia; de la mediación y la conciliación, se han venido imponiendo sobre un litigio con su despliegue jurisdiccional; teniéndose esta última como una “subcultura”.

¿Entonces, cómo hacemos para alcanzar una resolución satisfactoria, sin que incomodemos susceptibilidades o contrariemos la norma Internacional?
La brevísima reflexión y descripción anterior viene a propósito de la justa y centenaria reclamación que ha hecho Venezuela de la séptima parte de su extensión territorial, que le desgajaron con artimañas y vilezas.
Las posibles salidas para una   solución planteadas por nuestro país fueron saboteadas por ingleses y guyaneses; porque saben que poseemos los Justos Títulos Traslaticios para probar en toda instancia y momento.
Algunas veces, quisimos decidirnos por la alternativa voluntarista; y conseguimos resistencias en la comunidad internacional, con discursos conminativos a respetar las normas.
En otras ocasiones, invitamos a la contraparte (Reino Unido y su colonia Guayana Británica) a consensuarnos para solucionar –definitivamente—el despojo que nos habían perpetrado.

¿Qué ha sido lo más importante y trascendente que alcanzamos a consolidar con esa salida de autocomposición?
Logramos – luego de extenuantes jornadas de análisis y discusiones— negociar, suscribir y ratificar el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966; documento que posee pleno vigor jurídico; el cual en su debida oportunidad fue consignado en la Organización de la Naciones Unidas, donde causó estado; es decir, su contenido ha resultado inalterable, y jamás ha sido atacado o recurrido.
No se trata de una simple ilusión; sino de una determinación histórica con fundamento; de lo cual se encuentra enterada la contraparte que, por supuesto, conoce que somos poseedores de los documentos que nos acreditan el dominio absoluto sobre la extensión territorial que han venido ocupando y usufructuando ilegal e ilegítimamente.

Aunque algunos sujetos internacionales y países (hasta ayer amigos de Venezuela) se pronuncien en respaldo a Guyana --por marcados intereses económicos, sin dudas-- nuestra contención siempre ha tenido suficiente asidero jurídico, cartográfico e histórico y la fortaleza moral de saber que no estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad contra nadie.

Recíprocamente, hemos valorado bastantes conjeturas con gente pensante que ha dedicado mucho tiempo a este asunto.
Reconocemos que también hay compatriotas quienes andan por ahí sin prestarle ningún cuidado a nuestra reclamación – no han manifestado el más mínimo interés en el tema-; cuya actitud es de los que únicamente ven transcurrir las cosas con indiferencia o displicencia. No hay forma ni manera de motivarlos. Peor aún, prefieren que sea el gobierno que busque cómo salir de este embrollo fronterizo. Les resbala lo que pudiera suceder.

Otros que se encuentran demasiados imbuidos de pesimismo; y creen que en el supuesto de que Venezuela decida comparecer nuevamente por ante la Corte Internacional de Justicia nuestra nación no obtendría una sentencia satisfactoria en la mencionada Sala Juzgadora. Allá ellos con su incurable derrotismo.

Con todos los especialistas en esta contención --con quienes hemos intercambiado criterios de los probables acontecimientos subsiguientes-- coincidimos en señalar que hay que reflexionar “en frío” la próxima comparecencia de Venezuela ante la Corte.

Hay que dejarse de “actitudes retrecheras o soberbias”; por cuanto, poseemos una irrebatible alforja de probanza.

Una breve sugerencia para los delegados del oficialismo, responsabilizados para este delicado caso litigioso. 
Hoy más que nunca, deben obligarse (y abrirse) a consultar a expertos y estudiosos para concordar la más idónea y conveniente posición estratégica que asumirá el Estado venezolano.
Es un asunto de Estado, no de gobiernos.