Una de las razones fundamentales, para mí la más importante, por las cuales la operación del 3 de enero contra Nicolás Maduro

no concluyó en la sustitución del régimen instalado en febrero de 1999, reside en que la oposición representada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, a pesar de todos los intentos, no logró fracturar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), de modo que un sector con poder le exigiera al otro respetar la voluntad popular expresada con contundencia en las urnas electorales el 28 de julio de 2024. De esa cohesión, y de la existencia de más veinte gobernadores oficialistas, tomó debida nota el pragmático gobierno de Donald Trump, poco atento a hacer cumplir el mandato surgido de las urnas comiciales, y más interesado en mostrarse frente a su base electoral como un firme guerrero en la lucha contra el narcotráfico y los enemigos externos que comprometen la seguridad de Estados Unidos.

Sin el apoyo de la FANB y la debilidad organizativa e institucional de la oposición –según la visión norteamericana-, resultaba poco realista pensar que un gobierno constituido por la dupla Urrutia-Machado podría garantizar la estabilidad política, el funcionamiento de las instituciones y la paz. La FANB fue percibido como el único factor capaz de controlar los colectivos y demás grupos irregulares, que con seguridad –como ha ocurrido- saldrían a aterrorizar a la población, sembrar el caos y hacer la nación ingobernable.

El secretario de Estado Marco Rubio sintetizó la visión estadounidense del futuro inmediato de Venezuela en un plan que consta de tres etapas alineadas de forma consecutiva: estabilización, recuperación y transición. Los lapsos en los cuales transcurrirán esas fases no han sido precisados. Lo que sí ha quedado suficientemente explícito es que desde el 3 de enero, la administración Trump considera a Venezuela como si fuese un protectorado norteamericano y al gobierno presidido por Delcy Rodríguez como una suerte de emisario o procónsul de la Casa Blanca. El retorno a la legitimidad de un gobierno fundado en el voto popular quedó en el limbo. En iguales condiciones se encuentran la soberanía nacional, la integridad del territorio nacional y todos los demás rasgos que definen a las naciones independientes.  Según la imagen proyectada por Trump, el Gobierno actual de Venezuela pasó de ser antiimperialista a convertirse en un ‘cachorro’ del imperio, no importa cuántos gestos y expresiones altisonantes utilicen los miembros del tren Ejecutivo tratando de subrayar la independencia del Ejecutivo. La Casa Blanca tiene el control compulsivo del negocio petrolero, que representa cerca de 95% de los ingresos en divisas de la nación.

Ahora el país está obligado a asumir que entró en una nueva etapa histórica. Que el ciclo iniciado por Hugo Chávez en febrero de 1999 está cerrándose y lo mejor para la nación es que lo haga de la forma menos traumática posible. Sin que ningún sector se oponga al cambio o quede excluido. El eje Cuba-Venezuela se fracturó. La isla caribeña fue arruinada por casi siete décadas de dictadura comunista. Venezuela no puede seguir atada a un proyecto que naufragó y que, además, hoy está asediado por Estados Unidos, con muy pocas posibilidades de que Rusia o China, sus eternos aliados, puedan evitar su derrumbe definitivo.

La FANB debe entender que en la redefinición del tablero internacional planteada por Trump, Venezuela es concebida como una nación proveedora de recursos naturales (petróleo, hierro, bauxita, tierras raras, coltán, entre otros) al servicio del centro imperial, lo mismo que la amenazada Groenlandia. La transición hacia una república democrática promovida por todos los sectores del país, constituye la vía más segura para que el país recupere su autonomía económica, pueda negociar el petróleo y sus otras riquezas naturales con los países que le convengan y, al mismo tiempo, operen todas las empresas del mundo que quieran participar en el negocio, bajo la estricta supervisión del Gobierno nacional.

El discurso y las acusaciones contra la ‘ultraderecha fascista’ tienen desterrarse. Han formado parte de una confrontación que debe deponerse. En Venezuela no existe tal ‘ultraderecha’. Basta con una simple mirada a la culta Europa para darnos cuenta que de que en nuestro país no operan grupos xenófobos, ni homofóbicos, ni supremacistas, ni expansionistas, ni nada parecido a las prácticas y símbolos que definen a esa ultraderecha agresiva y atrasada.

Lo que sí pueden percibirse y existen en Venezuela son diferencias acerca del rol del Estado en la economía y cuál debe ser la participación del Estado en el financiamiento de la salud o la educación. Temas que en todos los países democráticos son objeto de polémica y confrontación política, pero nunca de rupturas irreconciliables.

Los venezolanos nos encontramos frente al inmenso desafío de reunificar la nación en torno de los siguientes objetivos: reafirmar nuestra soberanía e independencia ante cualquier potencia extranjera; reinstitucionalizar la nación a través de la recuperación del Estado de derecho y del Estado constitucional; alcanzar la paz y la convivencia a pesar de las diferencias políticas.

Esas metas, y muchas más, podemos alcanzarlas sin la tutela de ninguna nación extrajera. Para ello, hay que abandonar el esquema dominante durante las tres últimas décadas y avanzar por la ruta de la reconciliación y el entendimiento. Las FANB debe propiciar la transición hacia el nuevo estatus quo.