En este asunto litigioso hemos estado claros y conscientes que no se trata de una simple ilusión; sino de una determinación histórica con fundamento;

de lo cual se encuentra enterada la contraparte que, por supuesto, sabe que somos poseedores de los irrebatibles documentos que nos acreditan el dominio (derecho real y absoluto de propiedad) sobre la extensión territorial que han venido ocupando y usufructuando ilegal e ilegítimamente.

Aunque algunos sujetos internacionales y países (hasta ayer amigos de Venezuela) se pronuncien en respaldo a Guyana --por marcados intereses económicos, sin dudas-- nuestra contención siempre ha tenido suficiente asidero jurídico, cartográfico e histórico y la fortaleza moral de saber que no estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad contra nadie.

Si antes, en condición de nación pobrísima, Guyana se apoyaba en los aportes dadivosos suministrados por la Commonwealth y la Caricom; desde hace cinco años para acá --con la Exxon a la cabeza de todo este enjambre esquilmador-- no tienen reparos o limitaciones en los gastos e inversiones oficiales; por cuanto, están percibiendo inmensos caudales de recursos dinerarios producto de la ilegal explotación petrolera, maderera, agroindustrial, energética, pesquera  y minera en el área conflictuada y en la proyección atlántica, aún por  delimitar.

Los reclamos de restitución que hemos sostenido, desde hace más de un siglo, no están anclados en una malcriadez diplomática o en algún capricho nacional y menos en empecinamientos injustificados.

Estamos obligados y dispuestos –razonablemente— a repensar, analizar (una y muchas veces) y a practicar las mejores estrategias a que haya lugar para que se cumplan los objetivos de reivindicación venezolanista. Restitución que estamos procurando mediante una congruente sentencia por parte de la Corte Internacional de Justicia; esperada para los próximos meses.

Como se sabe hay algunos hechos ya adelantados (que auguramos surtan efectos); vale decir, la fase postulatoria, la consignación del memorial de contestación de la demanda, el desahogo de pruebas y las alegaciones orales.

No obstante, en la alforja todavía poseemos documentos jurídicamente concretos, que no tenemos porqué eludirlos, de llegarse al caso.

La delegación venezolana que ha comparecido ante la Corte – a todos los trayectos, procesales precitados- lo hizo con todo el derecho, en nombre de nuestro Estado.

En cualquiera de esas ocasiones pudimos haber incoado una demanda o instaurar un juicio en paralelo contra quien nos ha demandado. Todo, relacionadamente, en el mismo proceso.

Sin ningún tipo de arrogancia, si nos lo hubiéramos propuesto cabía –perfectamente- una acción jurisdiccional reconvencional; porque estaban dadas las condiciones de conexidad entre nuestras pretensiones en nueva litis y las que ya habían sido identificadas objeto de la demanda principal, introducidas y ratificadas por la contraparte.

La Sala, que tramita en juicio el fondo de la controversia, hubiera pasado a conocer también – por economía procesal—nuestra causa petendi en reconvención (con signo diferente, ampliadas e incontrovertibles) cuya finalidad procuramos que concluya, pronta y definitivamente, con resolución congruente, donde se haga justicia a nuestro país.

Con todos los especialistas en esta contención --con quienes hemos intercambiado criterios de los probables acontecimientos subsiguientes-- coincidimos en señalar que hay que reflexionar que estamos en presencia de un Asunto de Estado.

Hay que dejarse de “actitudes retrecheras o soberbias”.

Los delegados del oficialismo venezolano, responsabilizados para este delicado caso litigioso, hoy más que nunca, deben obligarse (y abrirse) a consultar a expertos y estudiosos para concordar la más idónea y conveniente posición que tiene que seguir asumiendo el Estado venezolano.

En espera del fallo del Cuerpo Jurisdicente, ratificamos que es factible jugar, simultáneamente, en tres tableros.

1.- Pendientes para dar respuestas oportunas y contundes, por las incursiones armadas en nuestra extensión atlántica. 2.- Insistir en una salida conversacional directa con la contraparte (privilegiando lo transigible y conciliable). 3.- Prepararnos con nuestros irrebatibles Justos Títulos traslaticios, para cuando se produzca la sentencia.  

Nos preguntan que si ese cuadro, con tres vertientes, es factible, al mismo tiempo.

Claro que lo podemos hacer.

Guyana con la descarada entrega de concesiones –inconsultas y unilaterales-- a las empresas transnacionales pretende, sibilinamente, “hacer valer o crear derechos de soberanía”.

Lamentablemente, en el concierto de las relaciones internacionales, los países no tienen amigos sino intereses.

Tal aseveración, la estamos percibiendo, en los últimos años, precisamente; porque esta zona está siendo considerada de un extraordinario potencial por las reservas probadas y calidad de los recursos petrolíferos, la ubicación geoestratégica y su proyección e interconexión con los países de Suramérica.

Respetamos a quienes se atreven a ser explícitos en sus consideraciones – no exentas de polémicas— al señalar que las verdaderas fronteras son políticas y económicas y no jurídicas.