La educación para la democracia y la ciudadanía nunca ha sido una sostenida y consistente “Política de Estado” en Latinoamérica,

a pesar que en todos sus cuerpos constitucionales hacen alusión, pero que, lamentablemente, siempre resultan un saludo a la bandera, como se dice popularmente, o un rosario de buenas intenciones.

En nuestro caso, en esta larga y convulsa historia constitucional que siempre nos ha acompañado, en más de una ocasión hemos insertados mandatos que en la práctica han tenido poca, por no decir ninguna, concreción o efecto.

Por allá en 1864, luego de la Guerra Federal, bajo el mandato del mariscal Juan Crisóstomo Falcón, se implantó la obligación del Estado a la educación gratuita y proteger la libertad de enseñanza. Un avance, sin duda, pero muy lejos de lo que realmente se requería. Ni hablar de las constituciones posteriores. Apenas unos señalamientos -reiteramos - con las mejores intenciones del mundo.

 Sin caer en disquisiciones o enjundiosos análisis jurídicos, lo cierto es que, de manera explícita en la constitución de 1961, esa que dio piso e inicio a la etapa democrática, es cuando se hace una firme y directa redacción e inclusión a este respecto. En este sentido, el artículo 80 es en extremo preciso:” La educación tendrá como finalidad el pleno desarrollo de la personalidad, la formación de ciudadanos aptos para la vida y para el ejercicio de la democracia, el fomento de la cultura y el desarrollo del espíritu de solidaridad humana”. Y es aquí donde reside nuestra preocupación: porque ha habido una gran falla y hasta una asombrosa omisión por construir ciudadanos, por demás, conocedores a fondo del ejercicio de la democracia.  No bastaba pues, con haberla incluido en este texto constitucional, sino el no haberle dado la merecida y tan necesaria aplicación. En este orden, jamás llegaremos a ser una sociedad genuinamente democrática, si desde la infancia hasta la educación superior no enseñamos y educamos a nuestros niños y jóvenes acerca de lo qué es ciudadanía y democracia. Sí. Desde las primeras letras hasta el bachillerato precisamos de una materia con pensum académico muy específico que, no solo instruya sobre estos valores, sino que también inculque su apego y devoción.

La educación ciudadana para y por la democracia no puede estar ajena al desarrollo social. Para más, tal es su ausencia que en la actual constitución de 1999 apenas hay unas superficiales referencias desde el artículo 3 que declara la educación como un derecho fundamental y un deber social, hasta lo prescrito en los subsiguientes 102 al 109.

En conclusión, y así lo hemos subrayado permanentemente que la educación no solo es el estudio y la preparación para las ciencias, las artes, profesiones y oficios, sino también para aprender los principios, valores y ejercicio de la democracia y por consiguiente de ciudadanía. Solo así, evitaremos que las futuras generaciones sean presa de demagogos, vendedores de ilusiones, populistas y autócratas. La futura reforma constitucional deberá tener muy en cuenta estas ausencias y necesidades.