Cuando la reforma nos alcance
Escrito por Miguel González M. | @migonzalezm   
Viernes, 14 de Febrero de 2025 00:00

altEl 2 de enero de este año, Nicolás Maduro anunció en una entrevista su propósito de reformar la Constitución Bolivariana (1999)

aún vigente en Venezuela[1]. El origen de esta iniciativa radica en la vieja herida política que dejó para el oficialismo la derrota política y electoral del proyecto de modificación constitucional presentado por el presidente Chávez en 2007, que contemplaba sesenta y nueve (69) artículos.[2]

Esa derrota efectivamente frustró la utopía chavista de implantar un Estado socialista o Estado comunal que cambiaría la estructura territorial, los mecanismos democráticos de la relación Estado-sociedad y, las reglas de propiedad y actividad económica del país. De la exposición de motivos de la propuesta presentada por Chávez ante la Asamblea Nacional tomamos los siguientes ejemplos:

(…) desmontar la superestructura que le da soporte a la reproducción capitalista, tanto en el plano constitucional y legal como en lo epistemológico y ético dejar atrás la democracia representativa para consolidar la democracia participativa y protagónica donde se contemple la insurgencia del poder popular como hecho histórico necesario en la construcción de la sociedad socialista del siglo XXI (…)

(…) crear un enfoque socialista nuevo “a la venezolana”, inventar, ingeniar y construir de acuerdo a las enseñanzas de nuestros pueblos originarios, la afro-venezolanidad y el aporte cultural de nuestros próceres (…)

(…) sentar las bases de un nuevo modo de producción fundamentado en nuevas relaciones de producción, nuevas formas de propiedad, la democratización del capital que permita el control del poder popular en la producción y la distribución de bienes y servicios (…)

(…) inclusión del derecho fáctico de la propiedad social de todos los venezolanos y venezolanas como forma de distribución de la riqueza colectiva de la nación incluyendo, en el proceso productivos todos los sectores del país, haciendo uso razonable de los recursos naturales (…)

(…) la continuidad presidencial (…)[3]

Un par años después en 2009, la fallida reforma constitucional tuvo alguna compensación (o desquite), cuando el oficialismo logró aprobar una enmienda que permitía la reelección indefinida de todos los cargos públicos electos por votación popular.[4]

A partir de 2010, el gobierno de Chávez trató de imponer los principales aspectos políticos e institucionales de la fracasada reforma del 2007 mediante la aprobación de un paquete leyes aprobadas por el PSUV en la Asamblea Nacional. En efecto, para tratar de implantar el estado comunal se sancionaron leyes referidas al denominado poder popular, a las comunas, al sistema económico comunal, a la contraloría social, al Consejo Federal de Gobierno y, también se reformaron la ley orgánica de planificación, la ley de los consejos comunales y la ley de los consejos locales de planificación pública. Incluso en 2013, se mencionó la posibilidad de reformar la CRBV en aquel momento para combatir la corrupción imperante en el país.

Transcurridos 9 años, Maduro reconoció en 2022,[5] la poca eficacia política de las leyes del poder popular y comunal aprobadas hasta entonces (pues en realidad, el Estado comunal no terminaba de arrancar) y exigió a la Asamblea Nacional salir de ese atolladero mediante una serie de reformas legales, para lograr edificar el modelo socialista y comunal de Chávez. Cabe agregar, que ese mismo año, el diputado Herman Escarrá propuso elaborar y realizar una serie de enmiendas a la Constitución Bolivariana con un doble propósito: saldar la deuda pendiente con el proyecto histórico chavista y, ajustar el marco constitucional a la nueva realidad de las comunas.[6]

Ahora, pasados otros 3 años, parece que el bloque oficialista encontró la oportunidad de saldar esa deuda histórica y avanzar su proyecto pese a la precaria situación política del país y del mismo PSUV, después de los resultados electorales del 28 de julio de 2024. El 15 de enero de este año, se nombró una comisión que acometería la elaboración del proyecto de reforma y, también se designó un secretariado ejecutivo de la misma. Para presidir la comisión se designó a Tarek Saab (Fiscal General de la República), mientras que el secretariado ejecutivo estaría conformado por Delcy Rodríguez (Vicepresidenta Ejecutiva), Cilia Flores (Primera Dama y dirigente nacional del PSUV) y Herman Escarrá (Diputado a la Asamblea Nacional)[7].

Como es natural hay interés sobre el contenido y alcance de la nueva propuesta de reforma. En medio de las especulaciones que predominan en la actualidad, es posible apuntar algunos sesgos partiendo de los antecedentes que dejó el intento de reforma anterior (de 2007), tales como:

i) un nuevo ordenamiento territorial (o nueva geometría del poder), pues la organización del territorio siempre ha sido una prioridad para el proyecto del PSUV[8],

ii) un nuevo modelo económico (sistema económico comunal), basado en la planificación centralizada, la imposición de un modo de producción colectivizado con la concentración de inversiones públicas en regiones determinadas[9] y,

iii) nuevas formas de organización y participación en la gestión de gobierno (autogobiernos comunales) que suprimirían los medios de representación mediante la creación de otros órganos burocráticos y métodos de elección indirecta[10].

Por otra parte, el PSUV ha dejado ver otros aspectos que podrían integrar la nueva constitución y que forman parte de leyes como: la ley Orgánica de los Consejos Comunales[11], la ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares[12], la Ley Orgánica del Poder Popular[13], la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro[14], entre otras. Cabe agregar, que aspectos como la ampliación del período presidencial y la creación del tan mencionado parlamento comunal pudieran estar incluidos en la propuesta. En todo caso, el propósito del bloque del PSUV con la reforma está muy claro: eliminar la democracia liberal y representativa en Venezuela y finalmente, consolidar un claro control sobre la sociedad. Que lo consiga es otra cosa.

 

Notas

[1] Declaraciones al periodista Ignacio Ramonet, Caracas, Venezuela, 2025

[2] Los resultados electorales de la consulta vinculante realizada indicaron que la opción NO obtuvo una mayoría del 50.7% y 51.05% de los votos en ambos bloques de la reforma constitucional.

[3] Tomado de la Exposición de Motivos del proyecto de reforma constitucional enviado a la Asamblea Nacional el 15 de agosto de 2007.

[4] La enmienda constitucional que permitía la reelección continua e indefinida obtuvo una mayoría electoral a favor de un 54% de la votación frente a un 45% de votos en contra.

[5] Durante ese lapso el PSUV experimentó, sin demasiado éxito, impuso el establecimiento de un parlamento comunal (2015) a raíz de la derrota sufrida en las elecciones parlamentarias de ese año frente a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y posteriormente en 2017, convocó e implantó una asamblea constituyente cuyos resultados no fueron los esperados por el bloque oficial.

[6] Declaraciones del diputado Escarrá en entrevista concedida a Venezolana de Televisión (VTV), Caracas, Venezuela, 2020.

[7] Declaraciones de Nicolás Maduro al diario Últimas Noticias, Caracas, Venezuela, 2025.

[8] Al respecto pueden revisarse las diferentes propuestas organización que van desde la recentralización, la creación de nuevas entidades territoriales como los distritos motores, las ciudades comunales, las comunas, consejos comunales y más recientemente los circuitos comunales.

[9] Una referencia importante sobre este tema la constituye la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal y las propuestas de las llamadas económicas especiales que comienzan a implementarse y que se fundamentarían en el modelo chino.

[10] Los métodos de elección asamblearia para elegir delegados a que su vez seleccionan voceros o representantes ha sido usados en las Juntas Parroquiales (casi desaparecidas) o en los CLPP con baja participación y alto desinterés de la población.

[11] Publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.749 Extraordinario de fecha 26/6/2023

[12] Aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional en abril de 2024

[13] Publicada en Gaceta Oficial N° 6812 Extraordinario del 6/6/2024

[14] Publicada en Gaceta Oficial N° 6.855 Extraordinario del 15/11/2024


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