Cuando se debate la transformación de la sociedad, siempre habrá que referirse al papel de las universidades.

Tanto debe ser así, que a ellas “corresponde colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales” (Del artículo 2º, Ley de Universidades). 

Sin embargo, las realidades son diferentes. Las opiniones universitarias son casi siempre desatendidas por instituciones públicas por causas que sólo encuentran explicación en la forma cómo se encubre, induce y se practica el poder político. 

El meollo del problema

La situación se agrava cuando se tocan problemas relacionados con los derechos universales y fundamentales del hombre. Salvo contadas excepciones. Particularmente, cuando las respuestas académicas intentan ajustarse a los trazados de las agencias gubernamentales resultados éstos que transfiguran las realidades en perjuicio de colectivos y personas sumidas en agudas dificultades políticas, económicas, sociales y culturales.

Las universidades venezolanas, especialmente las que gozan de autonomía, consideraron la importancia del tema desde el mismo momento que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de Diciembre de 1948, aprobara el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Con ello se buscaba alcanzar un consenso alrededor del significado de la dignidad individual, y de los límites que el poder ocasional no debe transgredir. Sin embargo, la dinámica del poder equivocadamente entendido y peor gestionado, en los últimos años, ha permitido el asomo de condiciones políticogubernamentales que han afectado la democracia. Tanto como el Estado de Derecho y las libertades esenciales, pivotes primordiales de la democracia. 

Se habla de libertad y respeto

Bajo aparentes expresiones de libertad y de respeto a procedimientos democráticos, se ha vulnerado la razón de la ley, se ha condicionado las libertades individuales de los venezolanos, se ha extremado la persecución contra quienes se atreven a disentir del sistema político vigente, afectando las libertades de expresión, de comunicación y de información.

Actualmente, la investigación y la docencia universitaria han concienciado la posibilidad de situarse en la línea de vanguardia respecto de la discusión que viene mundialmente dándose a favor de los Derechos Humanos. 

Aún así, las realidades siguen observando una distancia entre el discurso y la praxis toda vez que hay desproporciones de toda índole que gravitan sobre la funcionalidad de las universidades que se plantean objetivos relacionados con la consolidación de una democracia plural y participativa como motor del desarrollo y la paz nacional. 

A manera de epílogo

Deberá reconocerse que la superación de los problemas que atosigan las realidades, fundamentalmente asociados al menoscabo de los Derechos Humanos, pasan por el afianzamiento de las universidades preocupadas por actuar como factores del desarrollo nacional. En tanto que son verdaderas instituciones productoras y transformadoras del conocimiento científico, humanístico y tecnológico. 

Ahí destaca la necesidad de llevar la discusión a otro nivel. Razón por la cual se trae a colación el tema que toca la relación entre Universidad y Derechos Humanos.