Fue, sin duda ninguna, una victoria de las madres, padres y familiares de los adolescentes presos,

que el gobierno haya aceptado revisar un cierto número de estos casos y que, como consecuencia de ello, se haya producido la excarcelación de unos 95 menores de edad, según la información de que disponemos. Fueron el reclamo incesante, las denuncias constantes, las vigilias en las puertas de los centros carcelarios, las declaraciones permanentes, las súplicas incluso, de todos ellos, que impactaron en la opinión pública y política nacional e internacional, y que el gobierno no pudo desatender, las acciones fundamentales para obtener los resultados señalados. Fue una actividad parecida, guardando las distancias y diferencias de tiempo, duración y complejidad existentes, a la de las “Madres de Plaza de Mayo” en Argentina, iniciada durante la dictadura militar de Videla, en la segunda mitad de la década de los setenta del siglo pasado.

Si bien se trató de una victoria de las luchas que defienden el imperio de la justicia y enfrentan al autoritarismo despiadado, la misma está muy lejos de ser total en relación con su cometido, pues aún quedan en prisión 67 adolescentes, y los excarcelados continúan con procesos judiciales aberrantes, que están muy lejos de garantizarle justicia a nadie. El gobierno no liberó al casi centenar de jóvenes referidos, sólo los excarceló, dejando abiertos los procesos judiciales existentes, los cuales adolecen de vicios y despropósitos que los hacen, desde ya, inválidos para dictar sentencias en ninguno de los casos existentes. Sin haberse cumplido con el debido proceso judicial, los juicios que se siguen por motivaciones políticas están severamente viciados de nulidad desde su inicio, por inconstitucionales e ilegales. Esto significa que todas las causas deberían ser repuestas a su estado inicial, si se quiere realmente proceder de acuerdo a derecho.

Ningún detenido puede ser privado de su derecho a designar sus abogados. No puede ser obligado a aceptar defensores públicos, que lo único que hacen es pedirles que se declaren culpables para que les reduzcan la pena. No pueden ser juzgados en ausencia, ni haber sido escondido de sus familiares, ni presentados tardíamente ante el tribunal de control, ni haber recibido amenazas y malos tratos. No se los puede mantener sin conocer las causas de su detención, ni las pruebas utilizadas por la Fiscalía para imputarlos y tienen derecho además a ser juzgado en libertad. El juicio en prisión es la excepción, no la regla, como el gobierno impone ilegalmente. Al recluso deben garantizarle su integridad física y mental, su seguridad personal, su alimentación y su salud, algo ausente en las cárceles venezolanas y que se violenta consuetudinariamente, con la complicidad de fiscales, supuestos defensores y custodios.

Pero adicionalmente hay que señalar que el problema no es exclusivo de los adolescentes, pues las mismas o peores fallas y lacras gravitan sobre todos los detenidos políticos, sin hacer en este momento un juicio sobre su culpabilidad. Conociendo a nuestros cuerpos policiales, en los que existen funcionarios expertos en sembrar pruebas y no ser nada rigurosos en la objetividad de sus investigaciones, ni en la búsqueda de la verdad sobre los culpables de determinados delitos, podemos afirmar que una buena cantidad de los detenidos han sido víctimas de este tipo de procedimientos indebidos. Supuestamente un fiscal, que cumpla realmente con su deber y que no simplemente siga las órdenes de sus superiores, debería ser capaz de subsanar fallas e ilícitos ocurridos durante las investigaciones policiales.

Lamentablemente, éste no es el caso de Venezuela y mucho menos cuando se trata de delitos políticos, donde la presunción de inocencia desaparece, ante la necesidad gubernamental de garantizarse su estabilidad en el poder a como dé lugar. Y como todo el sistema está viciado, el juez de control tampoco cumple con su papel y se limita también a cumplir órdenes. La probabilidad de salir sentenciado como culpable parece entonces muy alta. Nunca entenderé qué tienen dentro de sí, en sus cerebros, aquellos jueces que, sabiendo inocentes a sus procesados, los condenan a años de prisión, es decir, los sepultan en vida. Esta realidad hace que los procesos judiciales no terminen con la sentencia debida, pues la misma deja muchísimo que desear en materia legal y de justicia y la mayoría de la gente ni las cree ni las respeta. Maduro debe completar con otras acciones, la iniciada por su decisión con las excarcelaciones ocurridas. No se deje engañar, Presidente.