Después estar relegada durante varios años de las reuniones sociales y familiares, la política ha vuelto

a colocarse como uno de los temas indispensables de los encuentros en diferentes círculos. Su importancia va aumentado a medida que se acerca el 28 de julio.  Se entiende que en torno del asunto haya habido cierto hastío y agotamiento. Los continuos intentos truncados de la oposición causaron frustración en amplias capas de la población: ‘La Salida’, en 2014; el triunfo cercenado en las elecciones legislativas de 2015; las protestas de 2017; el ‘Gobierno interino’ de Juan Guaidó, de 2019 en adelante. Las reiteradas decepciones convirtieron la materia política en un asunto ‘calichoso’, como llaman los periodistas a esas noticias repetitivas que no agregan nada nuevo ni interesante a lo ya conocido.

El cuadro ha cambiado especialmente después de la realización exitosa de la Primaria de 2023. Reapareció en amplios sectores sociales la esperanza de recuperar la nación. Los debates sobre las posibilidades del triunfo electoral cobran fuerza. A pesar de esto, se nota la presencia de un cuarto de siglo de hegemonía del chavismo-madurismo. Bajo la excusa de que hay que ser ‘realista’, mucha gente –entre ellos los venezolanos en el exterior y no pocos analistas- está convencida de que el Gobierno cuenta con una fórmula oculta bajo la manga que le permitirá retener el poder, a pesar de representar apenas a la cuarta parte de la población del país y a menos de diez por ciento de los venezolanos que huyeron al exterior por la crisis económica, y no podrán expresar su opinión mediante el voto el 28-J porque el régimen les negó ese derecho. Quienes así piensan dicen no querer ilusionarse porque luego podrían sufrir un nuevo desencanto, similar a los padecidos durante la larga era iniciada en 1999.

Entiendo la existencia de razones para el pesimismo y para combatir las ilusiones basadas en fantasías o fórmulas mágicas. Sin embargo, lo que está ocurriendo en Venezuela nada tiene que ver con la superstición, sino con un tenaz trabajo de reflexión, autocrítica y cambios realizados por la dirección política reunida en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y por las transformaciones experimentadas por María Corina Machado, la principal líder popular opositora gestada durante los años recientes.

La existencia de la PUD –junto a la aplicación de sanciones internacionales y el inconcluso nombramiento de Guaidó como presidente interino- presionaron al Gobierno de Maduro, obligándolo a discutir con la oposición las condiciones para realizar unas elecciones presidenciales competitivas, ajustadas a las normas básicas de la democracia. Ese ciclo de encuentros comenzó en Oslo y, luego de varias etapas, concluyó en Barbados. De esas negociaciones, que han pasado por fases críticas, surgió el compromiso del Gobierno de adelantar una consulta cercana a lo dictado por la Carta Magna.

La ronda de conversaciones hay que enlazarla con las mutaciones experimentadas por María Corina, quien de ser una dirigente proclive a fomentar soluciones intempestivas y mantener un lenguaje intransigente, fue girando a posturas más amplias, incluyentes y conciliadoras, que le permitieron conectarse con los millones de venezolanos que desean salir del Gobierno por la vía electoral y llegar a acuerdos unitarios con los miembros de la PUD. La confluencia de esas modificaciones y ajustes –junto a la designación de un candidato tan apropiado como Edmundo González Urrutia- permiten hoy pensar en una solución electoral a la grave situación que afronta el país en todos los órdenes.

A pesar de comportamientos como el que tuvo con la Unión Europea hace pocos días, a Nicolás Maduro se le torna cada vez más complicado desconocer los deseos de cambio de la inmensa mayoría del país, no solo por el cuadro interno, sino también por el contexto internacional. Durante los últimos dos años se han realizado elecciones en numerosos países latinoamericanos. El domingo 2 de junio se efectuarán en México. En todas esas naciones la transmisión de mando, e incluso de signos ideológicos, se ha realizado sin traumas (salvo en Guatemala, donde hubo un intento de desacato al mandato popular, que no tuvo trascendencia). Estos síntomas de normalidad democrática representan una fuente de presión para Maduro. 

Además, Lula Da Silva y Gustavo Petro –las dos figuras más prominentes de la izquierda latinoamericana en la actualidad- se han comprometido públicamente a promover la estabilidad política de Venezuela, con el fin de impedir que después del 28-J se desate un conflicto violento entre ganadores y perdedores. Hasta ahora no se conocen los detalles de esa iniciativa. Dado que ambos mandatarios deben estar muy bien informados acerca de los resultados de las encuestas y de los actos de calle, el gesto debe asumirse como un esfuerzo dirigido a lograr que el régimen venezolano acepte la derrota que los estudios de opinión anuncian, y facilite una transición ordenada y pacífica. Por el lado opositor, el objetivo sería conseguir que se respeten los derechos políticos y humanos de los dirigentes del madurismo. Una trastada de Maduro contra la cita del 28-J no contará con el respaldo de dos gobiernos tan importantes como los de Colombia y Brasil.

Manteniendo siempre el principio de realidad en cuenta, podemos ser optimistas y pensar que el 28-J el triunfo democrático es posible.