La suspensión de las elecciones ucevistas convocadas para el 26 de mayo desataron una serie de opiniones,

conjeturas y vaticinios, mucho más estimulados por la lucha política nacional, que por la incógnita de los motivos del diferimiento. La bandera la tomaron los partidarios del apoyo del CNE al proceso de primarias convocado por una parte de la oposición, quienes aprovecharon para sustentar su tesis del voto automatizado y satanizaron el voto manual, al que hicieron responsable (¿?) del diferimiento habido. Los otros adalides de explicaciones tortuosas fueron quienes cargaron contra la UCV, por haber sido supuestamente vencida por la sombra; escondidos en este grupo estaban los que desde el gobierno pretenden deslastrarse de responsabilidades, sobre lo que ha ocurrido en las universidades en los últimos 15 años. 

Aclaro antes de continuar que enfrenté la fórmula electoral que en 2008 presentó la profesora García Márquez, actual rectora. Dejo claro que he estado enfrentado a su gestión todos estos años y que la considero corresponsable, junto a su equipo y a la mayoría de los decanos actuales, de todo lo ocurrido en la UCV desde entonces, lo cual nunca me impidió asistir a las convocatorias que me hicieran, cada vez que se trataba de defender a la universidad frente a los atropellos del gobierno, actor curiosamente olvidado en el análisis de la situación ucevista actual. Y es sobre esto que quiero hacer una reflexión.

En 2009, violando la Constitución Nacional, la Ley Orgánica de Educación (LOE) estableció un nuevo claustro universitario, que le daba el derecho a votar a grupos no establecidos en la Carta Magna. Se adujo, para justificar ese exabrupto, la progresividad de los derechos, manipulando adrede los términos, pues una cosa es hacer progresivos los derechos dados a un sector social y otra, muy distinta, es crearles derechos a sectores que no los tienen. La Constitución es tajante en quienes votan en las universidades, por lo que la LOE es inconstitucional, sin importar lo que diga el TSJ, el cual simplemente justificará leguleyamente lo que le ordene el Ejecutivo.

Ni la rectora, ni su equipo, ni los decanos, son responsables de que la UCV haya permanecido 14 años sin elecciones. Cada vez que en alguna universidad se decidía efectuar elecciones, militantes del PSUV de esas instituciones impugnaban ante el TSJ las convocatorias que se produjeran, y el máximo tribunal siempre procedió a suspender las mismas. Luego, y lo digo clarito, no es Cecilia la culpable de que no se hayan hecho elecciones en la UCV. Ella podrá ser responsable de otras cosas, se la puede culpar de no haber sido suficientemente diligente al respecto, pero de la paralización de los procesos electorales no. De hecho, en el resto de las universidades autónomas esos procesos tienen el mismo tiempo de paralización.

Esta parálisis llevó a que muchos decanos y algunas autoridades rectorales renunciaran, dejando al Consejo Universitario y a los consejos de facultad respectivos en una situación de vulnerabilidad jurídica. Pero, la presencia de quienes no renunciaron ha sido un freno a la intervención directa del gobierno, de tal manera que es absurdo que grupos estudiantiles u otros sectores exijan la renuncia de la rectora, pues la misma conduciría a una intervención directa como la que hoy existe lamentablemente en la Universidad Simón Bolívar. 

La responsabilidad fundamental de todo lo ocurrido es de los gobiernos de Chávez y de Maduro. El primero por haber aprobado la inconstitucional LOE, que no ha podido ser aplicada por la resistencia universitaria a la misma. Y el segundo, por haber continuado y profundizado una política anti universitaria que lleva a estas instituciones a su pudrición. Chávez incluso, en una acción que lo reivindica, devolvió a la Asamblea Nacional la Ley de Universidades adaptada a la LOE que se le presentó; posiblemente sus ministros universitarios lograron convencerlo del grave error que se cometería con esa política. Desde entonces, el gobierno ha mantenido una ambigüedad en relación a las elecciones universitarias. Las impide si son convocadas según la Ley de Universidades vigente desde 1970, pero no ha obligado a acatar las disposiciones inconstitucionales de la LOE.