La denuncia y desmantelamiento de la última red de corrupción en Pdvsa –en cuyo vértice se encuentra Tareck El Aissami,

uno de los hombres más poderosos del régimen (quien, por cierto, hasta ahora no ha sido imputado de ningún cargo, a pesar de que algunos de sus protegidos más cercanos han sido apresados)- ha animado las marchas y protestas protagonizadas por distintos sectores de trabajadores durante los días recientes.  En esas manifestaciones se vocearon consignas que muestran una realidad inocultable: el contraste entre la opulencia de los enchufados y la pobreza de los trabajadores. 

¿Cómo es que el Gobierno dice no tener dinero para aumentar los miserables sueldos que ganan los trabajadores públicos, pero de Pdvsa se evaporaron 3.600 millones de dólares que  fueron a parar a los bolsillos de un  grupo de asaltantes amparados por autoridades del oficialismo? ¿Por qué Nicolás Maduro argumenta que no hay recursos para los trabajadores del Estado, pero Pdvsa tiene cuentas por cobrar por el orden de 23.000 millones de dólares, de un petróleo que se distribuyó en diferentes regiones del planeta, pero cuyo precio jamás se canceló? ¿La negativa de Maduro quiere decir que la desidia, irresponsabilidad y corrupción del Gobierno debe pagarla la clase laboral, mientras quienes saquearon los recursos públicos disfrutan de una vida placentera a expensas de la ruina de los trabajadores? 

Las acusaciones de los sindicatos y gremios contra el régimen no cesan.  Y no deben parar. La corrupción en las empresas del Estado, junto a la proverbial incompetencia de los líderes rojos, se encuentra entre las principales causas de la crisis económica que sacude al país desde 2013. Maduro y el grupo que lo rodea ubica las sanciones en el origen de los problemas. Es una falacia. La mayoría de quienes han ejercido cargos directivos y gerenciales en las empresas públicas, hayan o no sido estatizadas durante la era del chavismo-maurismo, no han estado guiados por criterios de eficacia, eficiencia, probidad y control, sino por el afán de obtener un lucro particular desmedido y acelerado. Esta aspiración de utilidad voraz, junto al desprecio por la profesionalización de los recursos humanos, explica en gran medida por qué la inmensa mayoría de las empresas del área pública se encuentran en la quiebra o al borde del colapso. 

Pdvsa constituye el ejemplo más patético, pero no el único. Otros casos que ilustran el fraude que ha significado el socialismo del siglo XXI son la Cantv, Movilnet y las empresas de Guayana, para solo mencionar algunas de las más emblemáticas. ¿Qué tienen que ver los exabruptos cometidos  en esas unidades con las sanciones internacionales? ¿No se suponía que el espíritu espartano de los socialistas se desplegaría en todo su esplendor para vencer las dificultades impuestas por el imperialismo? Todo el discurso ‘revolucionario’ ha sido una farsa que procura encubrir la descomposición generalizada del régimen, verdadero origen de la tragedia que hoy padecen los trabajadores del país.

El desmembramiento de la nueva red de corrupción en Pdvsa está sirviendo para que líderes sindicales y gremiales intenten construir foros unitarios que aumenten la potencia de los reclamos. La más reciente de esas iniciativas es la promovida por dieciocho sindicatos que se han fijado como meta la creación de  la plataforma Salario Digno Venezuela. En esa empresa participan dirigentes gremiales de la salud, educación, construcción, industria del plástico, alimentación, jubilados y pensionados. Por ahora, solo están reunidas las asociaciones  de Caracas, Miranda y Vargas. Sin embargo, el objetivo es unificar y organizar a todos los gremios de trabajadores de la administración pública y privada para luchar por un salario digno y por otras reivindicaciones con un cuerpo compacto.

El pliego de peticiones incluye un amplio conjunto de demandas: exigir un salario digno igual a la canasta básica indexada al valor de dólar; respeto y discusión de las contrataciones colectivas y cese de la violación a los derechos laborales; seguridad social integral que proteja a todos los trabajadores; detener la persecución y judicialización de los trabajadores que defienden sus derechos, tal como lo establece la Constitución; demandar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), que vela por la higiene y seguridad en el trabajo;  parar la bonificación del salario; exigirle al Estado el diseño de políticas macroeconómicas para contener la inflación y devaluación que acaba con el salario; exigirle al Gobierno la publicación de estadísticas e información que sirvan de referencia para fijar el salario mínimo; mantener las deducciones que se les realizan a los trabajadores por la ley de política habitacional, ley de paro forzoso, seguro social y fondo de jubilación y pensiones; que el Estado pague la deuda que mantiene con las cajas de ahorro.

Los gremios y sindicatos están respondiendo a la agresión de la que están siendo objeto por parte del régimen con protestas, movilizaciones y  organización. Hay que apoyarlos. Sus consignas son clarísimas: ¡Si hay dinero para robar, hay dinero para pagar! No es bloqueo, es saqueo.