Cada vez son más lamentables y peligrosas las acciones delincuenciales que se ejecutan en el territorio venezolano.

Es muy lamentable y triste ver como destrozan uno de nuestros pulmones naturales ubicado en el Amazonas venezolano. Produce escalofríos el salvaje crimen ecológico que se continúa perpetrando contra mas de 3.200 hectáreas del parque Nacional Yapacana, tragedia que ha venido siendo denunciada -persistentemente, con pruebas irrefutables de por medio, por la ONG SOS Orinoco. Los hechos narrados en los expedientes articulados por dicha ONG indican que esos predios devastados han sido envenenados con mercurio. Indican los directivos de SOS Orinoco que el tepuy esta siendo pisoteado por 86 maquinarias dispuestas por los agresores para extraer oro, sin acatar las señales que indican que se trata de zonas protegidas. 

Es parte de la liquidación de un país que sucumbe ante la embestida de la corrupción que embiste implacablemente contra sus instituciones, cuyos titulares no son sino artífices del régimen dictatorial. El desplome ético y moral es estridente y por demás pasmoso. El reparto indiscriminado de minas de todo tipo es un mecanismo que encaja con esa economía oscura que le sirve al régimen dictatorial para disponer de recursos ilegales, de allí que no importa como se obtienen y que sean dineros sucios, lo que cuenta es que existan activos en caja para financiar sus andanzas. A falta de petrodólares los dividendos acaudalados a cambio de la razia de parques, ríos, bosques, así como de los narco-dólares son bienvenidos.

Es el derrape total.  “El fin justifica los medios”, diría socarronamente Maduro, mientras decide asignarle su mina a cada uno de los colaboracionistas, que además cuentan con licencia amplia para llevarse por delante cuanto recurso natural se les atraviese en el camino a la explotación más irracional que se haya visto en Suramérica. Las prácticas que se han emprendido son de las más diversas. Han contrabandeado alimentos cuando estos se importaban a fuerza de dólares preferenciales y daban exorbitantes réditos y entonces esos bienes eran sacados en gandolas por los caminos verdes. También comercializaban con la gasolina que expendían a precios risibles dentro del país, mientras los operadores del régimen hacían la gran fiesta cruzando carreteras encubiertas por matorrales con rumbo a Colombia. Era la danza de los millones en la cara de millones de seres humanos sentenciados a padecer la más cruenta tragedia humanitaria que ha provocado la huida en masa de más de 7 millones de venezolanos. 

Otro hecho no menos lamentable, y por demás bochornoso es que ya somos, simplemente, país productor de drogas. Ese reducido rol de ser una simple área de paso para los cargamentos de los narcos quedó en el pasado. Ahora producimos, se comercializa, se legitiman capitales, se blanquean activos y se ponen en acción planes de financiación. A ese extremo hemos llegado.

Ese cuadro configura lo que tantas veces se ha dicho: funciona un Estado forajido manipulado por una peligrosísima corporación criminal a la que le sale el estatuto de Roma y las penas contempladas en la Convención de Palermo.