Luego de haber cedido a las presiones nacionales e internacionales que lo llevaron a sentarse de nuevo en la mesa de negociación en México

con los miembros de la Plataforma Unitaria y a firmar un acuerdo que incluye fijar las normas para realizar unas elecciones transparentes, Nicolás Maduro parece decidido a zafarse de ese pacto y salirse de la hoja de ruta que fue trazada en ese encuentro. No quiere medirse en unas votaciones libres. Cree que perdería.

El problema que enfrenta es cómo hacerlo de una forma que parezca que no es él quien trata de romper el convenio, sino que es la oposición, Estados Unidos o cualquier otro factor nacional o internacional el que conspira contra ese propósito. No quiere parecerse a Daniel Ortega y a los jerarcas cubanos, negados rotundamente a convocar una elección democrática. Intenta ser más refinado. Su estrategia, hasta ahora, ha incluido dos movimientos. 

El primero consistió en reunirse en Miraflores  con ‘otra’ de las ‘oposiciones’: la agrupada en la Alianza Democrática. Esta coalición es completamente distinta a la reunida en la Plataforma Unitaria, reconocida por la Unión Europea, el Reino de Noruega y Estados Unidos. En la Alianza Democrática se encuentran algunos de los partidos judicializados. Las agrupaciones creadas por el Gobierno luego de dividir los partidos originales (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Copei y Avanzada Progresista, entre otros) con el fin de que le hagan comparsa. Que se le opongan sin enfrentarlo ni desenmascararlo. A esos grupos minúsculos se les identifica como los ‘alacranes’ porque son venenosos con la oposición decidida a encarar al régimen; y, a la vez, complacientes con Maduro. Es la ‘oposición oficial’. La que se apaña con el Gobierno sin causarle daño ni incomodarlo. Esos grupúsculos mansos suelen surgir en los modelos autoritarios. En la Rusia soviética y en Europa del Este se establecieron y disfrutaron de privilegios importantes. En los Parlamentos contaban con su propia bancada y un lugar reservado.

El otro movimiento es más frontal: consiste en establecer demandas imposibles de satisfacer. Maduro impone como condición para llamar a elecciones libres el levantamiento de todas las sanciones internacionales. “Elecciones libres. Sí, libres de todas las sanciones”: con esa frase demarcó sus deseos. Los comicios transparentes y equilibrados con supervisión internacional que aspiran los venezolanos y los países amigos de la democracia, se encuentran sujetos a que Estados Unidos y la Unión Europea levanten todas las penalidades que pesan sobre el Gobierno. 

La exigencia de Maduro va contra toda lógica, pues los castigos internacionales fueron el resultado de la violación perpetrada por él contra el Estado de derecho, cuando en 2018 convocó unas votaciones ilegales que rompieron el hilo constitucional. Este antecedente provocó el consecuente: las sanciones. O, para decirlo en criollo, aquellos barros trajeron estos polvos. Si Maduro no hubiera perpetrado el abuso no se habría producido el escarmiento.  

Además, el factor fundamental que ha obligado a Maduro a retornar a la mesa de negociación es la existencia de sanciones internacionales. Sin ellas, el régimen habría sobrevivido cómodamente. El reacomodo del Gobierno ilegítimo al entorno internacional habría sido inmediato. El mandatario criollo se habría paseado por los foros y escenarios internacionales como si fuese un mandatario legal cuyo poder se funda en el voto popular incuestionable.

Si Maduro se reúne y dialoga con la Plataforma Unitaria -única agrupación con autoridad internacional para representar a los demócratas en México- es porque los castigos ejercen una presión que él no logra contener. Ya lo han dicho la UE y Estados Unidos: esas sanciones irán suavizándose al mismo ritmo que vayan produciéndose resultados concretos en las conversaciones, y en el panorama aparezca la posibilidad cierta de unas elecciones justas. Ambos procesos están entrelazados y son inseparables.

Maduro es el  principal responsable de que ese acoplamiento se haya dado. Las sanciones se suspenderán si el mandatario se somete a los dictados de la Constitución nacional y la Ley Orgánica de Procesos Electorales,  únicos referentes que deberían orientar su comportamiento. Ni la Plataforma Unitaria ni los aliados internacionales pueden permitirle al gobernante venezolano que se valga de artilugios para evadir su compromiso constitucional de acudir a elecciones democráticas, tal como ha ocurrido durante los últimos tiempos en todos los países de América Latina (con la excepción de Cuba y Nicaragua) donde se han realizado comicios.

La Plataforma Unitaria en el comunicado de respuesta a las destempladas declaraciones de Nicolás Maduro demostró poseer plena conciencia de las maniobras e intenciones del presidente. Entre líneas, allí se le dice: si quiere que se suspendan las sanciones dé pasos inequívocos para que Venezuela tenga elecciones libres. Ese es el  encadenamiento causal.