La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre los Derechos Humanos en Venezuela, en su sede de Ginebra, 

ha emitido su tercer informe señalando directamente a los responsables de las detenciones arbitrarias, tratos crueles y humillantes, torturas y desapariciones forzosas (delitos de Lesa Humanidad), en la cadena de mando, comenzando por el propio Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Padrino López, y continuando con personajes, como Diosdado Cabello y la red de subalternos hasta llegar a quienes directamente se ocupan de perseguir, hostigar, torturar y asesinar a los opositores venezolanos. Todos ellos actúan como una ‘maquinaria’ para aniquilar toda disidencia en Venezuela.

La oficina de la Misión ha emitido su informe (ver aquí ) centrado en señalar que en Venezuela existe una ‘cadena de mando’ que ha orquestado un plan para hostigar y silenciar la disidencia. Además, señala los gravísimos actos de asesinatos contra miembros de las comunidades indígenas, al sur del país (Arco Minero), en el estado Bolívar, por la extracción y comercialización del oro y otros minerales preciosos y estratégicos. En su lectura, la presidente de la Comisión, Marta Valiñas, indica: “El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los DDHH.”

Si es doloroso leer este documento más terrible es el silencio que arropa, como un inmenso trapo rojo, la información que apenas se difunde a los venezolanos por algunos medios de comunicación. La censura impuesta por el régimen impide que esta información pueda llegar al común de la sociedad. El acceso a la información en Venezuela, hoy, solo es posible para quienes nos mantenemos investigando sobre estos y otros temas, llegando a las fuentes ciertas y veraces de la información. El día a día del venezolano se centra en sobrevivir: buscar alimentos, agua potable, gas doméstico, o esperar que regrese la electricidad.

En el documento se denuncia, además, la existencia de al menos 17 centros de detención en Caracas y su zona metropolitana, donde se mantienen prisioneros, tanto mujeres como hombres, civiles y militares, sometidos a períodos prolongados de tratos crueles e inhumanos, torturas, violencia sexual, entre otras humillaciones y vejaciones. 

Nada ha cambiado en Venezuela. Por el contrario, y como hemos estado afirmando en escritos anteriores, es imposible esperar de delincuentes que pertenecen a carteles del crimen organizado internacional (sea de las drogas, oro de sangre, trata de seres humanos, terrorismo o hampa común), que cumplan acuerdos, bien de respeto a los derechos humanos o en mesas de negociaciones políticas. Esto porque tienen por principio el uso de la mentira y el engaño como ‘política de Estado’, como estrategia para ganar tiempo y alargar, por cansancio con sus opositores, su permanencia en el poder. Tenemos que ser claros en ello: con pillos no es posible lograr acuerdos en beneficio de la sociedad. A los pillos y ladrones se les señala, acorrala y somete a la justicia para que cumplan condena por sus fechorías.

La tragedia de la sociedad venezolana no es tanto política o económica. Es, básicamente, de sobrevivencia de su población. Cerca de 7 millones de desplazados ya son una amenaza para la seguridad e integridad de algunos países que les han dado cobijo. Y esta avalancha va en ascenso. 

Detener la humillación y maltrato contra la población venezolana, denunciar el abuso y violación de los derechos humanos a su liderazgo opositor y disidencia, por parte del régimen de Nicolás Maduro y sus pandilleros, es una prioridad que permitiría avanzar a un real y verdadero proceso de elecciones libres, justas y creíbles.

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|*|: Columna de opinión "Lecturas de papel"