El caso patético del obrero de Ferrominera del Orinoco y luchador sindical Rodney Álvarez ha sido una contundente,

aunque lamentable, demostración de la espantosa pudrición del sistema de justicia venezolano, en la cual la responsabilidad del gobierno es más que evidente, pues diseñó un régimen judicial no autónomo y que no tiene como fin primordial garantizar la justicia. Está hecho para proteger y encubrir a los autores de decisiones aberrantes, las cuales se justifican con el argumento vil de la supuesta existencia de un objetivo sublime de carácter estratégico, que estaría por encima del bien y del mal. Es insólito, repudiable y condenable, que un ser humano sea mantenido en prisión por 11 años siendo inocente, pese a no existir ningún elemento de convicción serio para ello, y sí en cambio disponerse de suficientes pruebas que apuntaban hacia otra persona como el culpable del crimen ocurrido.

Supe de este caso tempranamente, a través de las denuncias efectuadas por los trabajadores compañeros del injustamente detenido, quienes habían sido testigos presenciales del hecho y conocían plenamente al responsable real del homicidio, cuyo nombre incluso señalaron sin tapujos ni miedo de ningún tipo. El suceso ocurrió el 9-6-2011, durante una asamblea sindical en los portones de la empresa señalada, con motivo del nombramiento de la comisión electoral que regiría los comicios de los representantes de sindicales. En medio del proceso se presenta un grupo numeroso de individuos extraños a la empresa, transportados en autobuses por la Federación Bolivariana de Trabajadores, quienes tenían el propósito de impedir que se expresara la voluntad de los trabajadores. Es de este grupo de donde sale el militante del PSUV y dirigente sindical autor de la agresión.   

Según los testigos existentes, este sujeto, claramente identificado, ejecuta tres disparos contra los asambleístas, matando en el acto al trabajador Renny Rojas e hiriendo a otro trabajador. Huye y se esconde en las oficinas de la empresa donde es apresado por la Guardia Nacional, que lo detiene luego de desarmarlo y lo presenta como responsable de asesinato por motivos fútiles. A los dos días, se le otorga régimen de presentación, lo que se dice fue por presiones del gobernador de entonces general Rangel Gómez. Pocos días más tarde, funcionarios de los cuerpos de seguridad detienen en la empresa a Rodney Álvarez, a quien acusan de ser el autor material del hecho. Se inicia así el calvario de este joven trabajador, que hace pocos días por fin termina, 11 años después, con una sentencia absolutoria. Era inocente, como todos sabíamos. 

De nada valieron las numerosas protestas, denuncias y aclaratorias de sus compañeros de trabajo. Fueron desatendidos los llamados de organizaciones internacionales, los descargos de sus abogados, las declaraciones de los testigos presentados, los numerosos escritos de prensa. La Fiscalía imputó al escogido quién sabe por quiénes, dejando libre al asesino verdadero, y los jueces, posiblemente presionados, continuaron perversamente el proceso judicial. Éste fue trasladado a Caracas y Rodney Álvarez al Rodeo, lejos de las visitas de familiares, amigos y compañeros. Fue víctima de un retardo judicial delictivo, suspensiones arbitrarias de audiencias, paralizaciones del juicio, presiones judiciales ilegales. Sufrió en prisión varios apuñalamientos y golpizas, que lo han dejado con limitaciones de movimiento en una de sus manos. 

Hay una clara responsabilidad de fiscales y jueces en los 11 años de prisión indebida de Rodney Álvarez y en las lesiones físicas sufridas. Hay culpa de la Defensoría del Pueblo, que permitió esta salvajada contra un obrero venezolano. También del PSUV, al avalar los actos violentos de sus “colectivos” contra los trabajadores y al encubrir a uno de sus militantes. Rodney Álvarez debe recibir una disculpa oficial del Ministerio Público, del Tribunal Supremo de Justicia y del PSUV. El Estado debe indemnizar financieramente al trabajador y debe cubrir los gastos médicos especializados de todas sus lesiones, además de abrir una investigación para identificar a todos los responsables y procesarlos como debe ser. Debe también imputar y juzgar al verdadero asesino. Basta ya de impunidad. No se puede jugar con la vida y el destino de ninguna persona.