El triunfo, sin duda extraordinario, de la unidad opositora en Barinas, con Sergio Garrido como candidato,

se produjo contra todo el aparato del Estado chavista. El régimen no se detuvo en consideraciones éticas: movilizó los recursos  a su alcance para intentar demostrar que, a pesar del desastre causado por los Chávez a lo largo de las dos décadas que se repartieron el poder, el proyecto del Comandante y su imagen seguían instalados en el alma del pueblo barinés, y que lo ocurrido el 21 de noviembre con el empate técnico entre Superlano y Argenis Chávez no había sido más que un parpadeo.

Los cálculos le fallaron. Los barinenses, hastiados de esa dinastía corrupta e incompetente, ratificaron con creces la ajustada victoria de noviembre. Aunque Barinas es un Estado pobre y relativamente poco poblado, se convirtió en la principal referencia reciente de lo que pueden hacer las fuerzas opositoras cuando se agrupan en torno a un candidato, una plataforma organizativa y un programa únicos. Para la oposición, Barinas constituye un ejemplo notable de lo que es factible lograr a través de los votos y la conexión con la gente.

Pero, como siempre, los aprendizajes no son unilaterales. El régimen también debe de estar extrayendo consecuencias. Una de las más evidentes es que con paracaidistas como Jorge Arreaza, no es posible ganar contiendas intempestivas como  la librada en el Estado llanero. Otra enseñanza es que necesita prepararse mejor para las elecciones nacionales de 2024. El gobierno sabe ahora muy bien que si la oposición se une para presentar un candidato, un programa y una fórmula organizativa cohesionada, ganará con el mismo margen o mayor que el obtenido en Barinas. 

¿Qué puede hacer ante esta posibilidad? Le queda muy poco tiempo para aplicar las políticas económicas que disminuyan la miseria, creen empleo de calidad, derroten definitivamente la inflación y mejoren los indicadores sociales, de modo que los más de veinte millones de electores que podrán sufragar en esos comicios, se animen a darle de nuevo la confianza a una casta que para ese momento tendría un cuarto de siglo en Miraflores. Etapa que ha sido la más aciaga del país, a pesar de que durante casi una década disfrutó de los mayores ingresos petroleros en la historia nacional. Maduro cuenta con un tiempo muy reducido para instrumentar una política económica y social nacional, que vaya más allá de los bodegones y de alguno que otro emprendimiento exitoso. No conservará el poder mostrando logros tan magros. 

Si el esquema de Barinas, y el del 21N, se repiten en 2024 (el CNE organiza un proceso comicial  relativamente aceptable, se logra la presencia de observadores internacionales y el gobierno admite el veredicto de las  urnas electorales), Maduro cuenta con dos opciones. Una se reduce a tratar de hacer bien las cosas en una escala nacional, para tratar de llegar a 2024 en las mejores condiciones posibles. Se le abriría una pequeñísima rendija para  perpetuarse en el poder de forma legítima.  La otra alternativa consiste en adoptar el método Ortega: lograr la cohesión de la casta gobernante para inhabilitar partidos políticos y líderes opositores, designar un CNE a la medida de sus aspiraciones, subordinar aún más al  TSJ, olvidarse de las negociaciones y comprometer las FAN en ese proyecto continuista hegemónico. En esta ocasión, Barinas fue un laboratorio para demostrar que cuando las instituciones cumplen con las responsabilidades asignadas, se impone la voluntad popular. Sin embargo, hay que recordar que el 21N ocurrió lo contrario: el TSJ le arrebató a Superlano la ajustada victoria que había obtenido. En esa disyuntiva reside el dilema de Maduro y el PSUV.

Otro tema  que destapado el resultado de Barinas se relaciona con el referendo revocatorio. Aprecio mucho voluntarismo entre quienes lo promueven. Creer que se le puede infligir una derrota al Gobierno con un procedimiento cuyo destino está en sus manos, me parece una ilusión. Los argumentos de quienes levantan esa bandera los considero razonables y lógicos. Ajustados a lo que señala la Constitución. Pero, en Venezuela la Constitución dice lo que indica la Sala Constitucional presidida por Maikel Moreno. Sin modificar el TSJ ni la Sala Constitucional, y sin que el RR forme parte de un acuerdo político global, esa iniciativa está condenada a encallar. Hay que recordar lo ocurrido en 2016, cuando unos tribunales de provincia iniciaron el proceso que condujo a paralizar la consulta. Esa no sería una derrota para la oposición, sino una nueva frustración  -al final es lo mismo-  que le entregaría argumentos al régimen para evidenciar su fortaleza institucional.

Creo que lo más recomendable es que haya un diálogo franco entre los promotores de esa iniciativa y quienes la adversan por considerarla extemporánea e ilusoria, para que lleguen a un acuerdo que  no abra grietas en un sector que logró cohesionarse para obtener el triunfo en Barinas. Todo dentro de la unidad, nada fuera de la unidad.