La historia política es la mejor testigo de cuántos errores cometen quienes se desesperan por ocupar y enquistarse

en espacios de poder. Nicolás Maquiavelo, contrafigura del otro Nicolás, acertó al referir que “cuando se busca tanto el modo de hacerse temer, se encuentra primero el de hacerse odiar”. Es la cruda realidad que configura toda situación en la que la codicia por el poder político, encauza violaciones, contravenciones e ilegalidades de todo tenor. Sus efectos son de tal gravedad, que inducen agudas crisis de forma y fondo sin que sus consecuencias puedan solventarse más rápido que lo que sus motivaciones causan.

A propósito de lo que este prolegómeno busca exaltar, luce interesante y propio del actual momento crítico que atraviesa Venezuela, discutir algunas razones que animan este tipo de contrariedades. Sin embargo, la ocasión es válida para enfatizar algunas consideraciones sobre las cuales se asienta las razones que han generado los problemas que (por ahora) tienen ahogada a Venezuela. 

Afirmar que el país necesita coherencia, más aún cuando se viven tiempos de la verdad, no significa otra cosa que plegarse al respeto que compromete el trazado de su Carta Magna. Siempre que ésta se conciba y sea aceptada como el pacto social cuyo articulado refiere el modo jurídico, administrativo y organizacional de asegurar la soberanía, la ciudadanía, las libertades, derechos y deberes que cimientan la funcionalidad de una sociedad cuya forma política es el Estado, en toda su rigurosidad y extensión.

Sin embargo, debajo de lo que estos postulados de convivencia política, social y económica pueden encubrir, calzan tentaciones, hechos y apegos que ocurren al margen de los que las leyes pueden dirimir. Sobre todo, de la ley fundamental. O sea, de la Constitución. Es cuando, ocultándose en la penumbra de lo que su manto puede exhortar en cuanto al resguardo, defensa y preservación de principios y valores, se dan transgresiones y desviaciones de los caminos de la legalidad y legitimidad que destaca el texto constitucional. Así que en el marco de estas intenciones, hay quienes hurgan entre las inmundicias de la inmoralidad todo lo que lleve al encuentro con oportunidades, en cuyos atajos pueden obtener o hallar provechos, ganancias o privilegios propios de la corrupción o de la rapacería más grosera. Es precisamente, lo que la politiquería disfraza cuando forzadamente se arroga atribuciones para hablar en nombre de la democracia y del Estado de Derecho. Condiciones éstas que tampoco desde la politiquería atina a desempeñar y a hacer respetar.

Es el momento en que los “paladines del mal gobierno” trazan rutas en contravía a manera de buscar salidas que les permita continuar imponiendo medidas de “salvación” a sus aberraciones. Todas ellas, dictadas al amparo de la corrupción y fraude al Estado.

Es el momento en que estos gobernantes tienden a degradar el sistema político con el único propósito de enredar las cuentas del fisco nacional y atropellar la dignidad del gobernado. Saben que en la confusión  encuentra el escape, aunque en retroceso, a sus tropelías y abusos cometidos. De ahí, el interés de estos rufianes enquistados en el poder para acentuar el debilitamiento de la cohesión del ideario constitucional. Más, porque saben que la salida está a la vista del financiamiento de todo lo que redunde en beneficio de la situación de ofuscación y persecución que buscan animar a toda costa. O sea, pasando por encima de lo que pueda interferir sus intenciones de embutirse en posiciones de poder. 

Estos gobernantes saben que lo contrario, descalabraría no sólo sus peculios obtenidos a fuerza de corrupción. También, desinflaría las ínfulas de lo que mal vendieron en su programa de oferta electoral o de causa proselitista. O lo que en Venezuela se llamó: “socialismo del siglo XXI”. O peor aún, “revolución bolivariana”. Pero así han sucedido estos acontecimientos que seguirán enlutando las realidades. Y todo esto ocurre, cuando los personajes de marras insisten en actuar desde el dominio de los mandones.