El pasado domingo 01 de octubre, la periodista Ana Díaz del diario El Nacional publica un reportaje con motivo de la escasez de gasolina

que vivimos los venezolanos, otorgándole notoriedad y  haciendo énfasis en  un párrafo: ‘’Petróleos de Venezuela está imposibilitada de satisfacer la demanda del mercado interno de derivados de hidrocarburos. ’’ (Resaltado nuestro).  Creemos que tal afirmación no amerita dudas, dada la realidad del mercado interno de gasolina. Esto es peor aún, si tomamos en cuenta que Venezuela es un país petrolero.

Más adelante en dicho reportaje, Iván Freites, directivo de la Futpv declara; ‘’que el desplome de la explotación de crudo, en los últimos dos años ha caído 70% las operaciones de las refinerías El Palito, Amuay, Cardón y Puerto La Cruz “  y que por lo tanto para normalizar dichas operaciones se requiere unas inversiones de US$ 40.000,00 millones.

Venezuela no tiene el músculo financiero para acometer estas inversiones y otra opción, recurrir al mercado de deuda, si pudiéramos, que en estos momentos no podemos, la carga financiera para las generaciones futuras sería demasiada elevada y a un costo financiero y social difícil de honrar. Ahora bien, si queremos salvar lo poco que queda de la Industria, tenemos que recuperar su normalidad, mediante otras opciones duras pero inevitables.

El mismo fin de semana la organización no gubernamental Transparencia Venezuela ofreció los resultados de una investigación en la que se determinó “que el Gobierno Nacional es propietario de 526 empresas, muchas de las cuales, incluyendo la estatal petrolera, arrojaron en 2016 pérdidas millonarias”.(ídem) Creemos que esta cifra es mayor si incluimos haciendas, fundos agropecuarios y empresas que si bien no están dando pérdidas, y están generando ganancias, éstas no se corresponden con el monto de la inversión,  el tamaño del mercado y generalmente,  con los auxilios financieros, capitalizaciones y ventajas comparativas que otorga el estado venezolano.

Estas tres (3) noticias, sin entrar en mayores consideraciones económicas, políticas, financieras y pragmáticas, nos conduce a una polémica conclusión: Venezuela tiene que ir urgentemente a una reingeniería de los activos públicos, con el fin de hacerlos más eficientes, rentables y que no sean una carga para la sociedad venezolana. Este Estado fracasado y corrupto, no está en capacidad de hacer las inversiones necesarias para desarrollar y actualizar tecnológicamente a CANTV, a Corpolec, las empresas de Guayana, PDVSA, Hidrocapital, amén de las inversiones que requiere el Metro a nivel nacional, más esas 526 empresas que están generando pérdidas y aquellas que aun generando ganancias deben pasar a manos más eficientes.

Decimos una reingeniería de los activos públicos  para no herir susceptibilidades, pero en un lenguaje más directo esto es una reestructuración del papel del estado como accionista  en la propiedad de activos públicos. En algunos casos, entregar la administración de esos activos a personas o empresas expertas mediante concesiones, en otros, quedar como accionista minoritario y que dichos activos sean manejados por privados, y en otros, simplemente iniciar un  proceso agresivo de privatización de activos públicos.

Atrás queda aquello que no puede ser porque se trata de un activo de interés nacional o de seguridad nacional. El interés nacional o la seguridad nacional no pueden  reposar en un mal servicio o una empresa pública quebrada e  ineficiente