Eran conocidas las irregularidades con las cuales un grupo claramente identificado de entidades financieras actuaban en el mercado bancario. Lo venían haciendo desde tiempo atrás al amparo de ministros de Finanzas cómplices de actos claramente reñidos con la sanidad en el manejo de fondos tanto de los depositantes como del Estado.
Uno tras otro, los encargados de las finanzas públicas contribuyeron a tejer una densa y tupida red para capturar las ganancias provenientes de operaciones financieras y cambiarias. Desfilaron por el despacho de Finanzas, Tobías Nóbrega, Nelson Merentes, Rodrigo Cabezas, Rafael Isea y ahora Alí Rodríguez, traído a última hora para tratar de sofocar la crisis engendrada en una gestión moralmente cuestionable de los asuntos financieros nacionales.

Grupos económicos conformados al amparo del gobierno fueron expandiéndose hasta tocar la cota más elevada del sistema financiero, canal por donde en Venezuela circula la renta petrolera. De empleados pasaron a ser empleadores y para ello nada más provechoso que acceder a los fondos de la nación. Las operaciones favoritas consistieron en las colocaciones de deuda, en la asignación de depósitos del gobierno en los bancos que fueron adquiriendo a lo que siguió las operaciones con divisas en el mercado de permuta, antecedido todo ello por la consignación de lotes de bonos argentinos y notas estructuradas durante las gestiones de Merentes, Cabeza e Isea, lo que llamó la atención de Eleazar Díaz Rangel quien denunció públicamente en el diario Últimas Noticias a los ex ministros anteriormente mencionados. Todo siguió igual.

LA MANO DEL ESTADO
Ninguna de la compras de instituciones financieras que seguidamente se describen en el cuadro se hubiesen podido realizar sin el concurso de la masa de fondos del Estados que fueron a parar a las bóvedas de bancos convertidos en instrumentos de agrandamiento de fortunas personales con la aquiescencia de fichas del Ministerio del Poder Popular para la Economía y las Finanzas, como pomposamente se denomina al ente encargado de la gestión de la tesorería nacional. Así, se dedicaron aproximadamente US$ 2.000 millones para apoderarse de empresas bancarias y compañías de seguros.

Cuando el ministro de Finanzas explicó que se intervendría a Bolívar Banco, Banpro, Banco Confederado y Banco Canarias porque los compradores no podían justificar el origen de los fondos, mintió Rodríguez o trató de engañar. La procedencia de los fondos si está establecida. En dos meses finalizados en septiembre de 2009 diversos entes financieros del Estado, adscritos algunos de ellos a la cartera de las Finanzas públicas depositaron en los cuatro bancos intervenidos BsF.

4.190 millones, equivalentes a US$ 2.155 millones al tipo de cambio oficial.

¿Y LOS DEMÁS?
Revienta el escándalo y al presentarse Ricardo Fernández Barrueco a la Disip fue puesto preso, en el mismo día imputado y al día siguiente condenado en una especie de juicio sumario. Y tras las rejas está Fernández Barrueco. ¿Pero qué hay de aquellos que desde el Ministerio de Finanzas hicieron las colocaciones en bancos que se sabía estaban insolventes? ¿Por qué no se investiga las operaciones con las notas estructuradas y bonos argentinos hechas durante las gestiones del ahora gobernador del estado Aragua, Rafael Isea y del actual presidente del BCV, Nelson Merentes? En este país no se puede realizar una fortuna tan voluminosa en tan corto plazo como la realizada por la llamada boliburguesía sin pasar por el filtro de los contactos en los escalafones más altos del gobierno.

Han sido tan descaradas estas operaciones que mientras el Estado mantenía depositados al cierre de septiembre de 2009, BsF. 42.000 millones (US$ 21.550 millones) en el sistema financiero, al mismo tiempo emitía deuda por US$ 25.000 millones. Es decir, el Estado coloca el dinero en los bancos y endeuda al país para que le compren su propia deuda. En un país medianamente civilizado ello hubiese forzado la comparencia del ministro de Finanzas ante el parlamento.

Como resultado de las triquiñuelas armadas por el contubernio de los nuevos ricos y los funcionarios del gobierno, ahora el público sospecha y cuestiona no a los truhanes con atuendo de banqueros sino a la institucionalidad financiera misma. Pagan justos por pecadores y eso no se puede permitir porque la actividad financiera sana es esencial para el desarrollo del país. Pero el rescate de la credibilidad en los bancos y los banqueros pasa por depurar al sistema, aplicar la justicia y por tender un cordón profiláctico alrededor del Ministerio del Poder Popular para la Economía y las Finanzas

Tal Cual