Hugo Chávez expropió casi 1.200 empresas en diez años. Nicolás Maduro solo expropió el salario.

Si bien Chávez expropió los capitales, se llevó locales, máquinas y terrenos. Maduro “expropió” el consumo de los ciudadanos, perdieron su poder adquisitivo debido a la inflación y la devaluación, aunque la propiedad formal de su dinero permaneció en ellos, el salario mínimo se vaporizó.

Mientras que en el período de Hugo Chávez se caracterizó por la intervención directa en los medios de producción, el período de Nicolás Maduro se caracterizó por una crisis de hiperinflación que redujo el poder adquisitivo. Bajo Maduro, el número de expropiaciones físicas cayó drásticamente, pero el efecto económico se transfirió al valor de la moneda:

De 2017 a 2021, Venezuela experimentó uno de los procesos inflacionarios más largos de la historia moderna, que redujo el salario mínimo de alrededor de $30 (en 2013) a menos de $100.000 en momentos críticos. Actualmente, el gobierno ha optado por no aumentar el salario mínimo (sin cambios en 130 bolívares a partir de 2022), reemplazándolo por bonos (Cestaticket y Bono de Guerra) que no afectan los beneficios sociales ni las vacaciones. Con muchas empresas estatales en quiebra, Maduro inició un proceso de "privatización silenciosa" o alianzas estratégicas, poniendo la gestión de los activos expropiados de Chávez en manos privadas para tratar de reconstruirlos. La encargada de la Presidencia Delcy Rodríguez parece continuar en este camino

Pero no fue lo único que se expropió,  también se expropiaron los fondos de ahorros de sus jubilaciones, con ellos los sueños y esperanza de los abuelos

La expropiación silenciosa de los ahorros de los trabajadores

Para entender por qué hoy los pensionados viven en indigencia, hay que remontarse al origen del problema. No es un fenómeno reciente. Es el resultado de una decisión política tomada hace más de 25 años.

En 1999, el gobierno de Hugo Chávez transfirió los recursos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) al Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM). El argumento era “optimizar” su administración. En la práctica, esos fondos —que pertenecían a los trabajadores, que habían cotizado durante décadas— se convirtieron en una cuenta corriente del Ejecutivo.

Entre 2005 y 2012, cuando el petróleo alcanzó precios históricos y el país acumuló los ingresos más altos de su historia, el gobierno tuvo la oportunidad de restituir esos ahorros. No lo hizo. En lugar de capitalizar el sistema de pensiones, los recursos se destinaron a gasto corriente, a la creación de misiones sociales clientelares, a sobrecostos en obras públicas y, en muchos casos, a corrupción.

El resultado es el que vemos hoy: un sistema de pensiones quebrado, donde los abuelos dependen de un bono discrecional que se corta si salen del país o si no están inscritos en el Sistema Patria. Y una deuda histórica que ningún gobierno ha querido reconocer.

La situación actual: indigencia y pobreza como regla

La pensión base en Venezuela es de 130 bolívares. Al tipo de cambio oficial, eso equivale a menos de 0,50 dólares al mes. Para sobrevivir, los pensionados dependen de los bonos del Sistema Patria, que suman unos 50 dólares mensuales adicionales. Pero ese ingreso es condicional: solo llega si el abuelo está inscrito en el sistema y reside en el país. Si sale, los bonos se cortan. Si nunca se inscribió, no recibe nada.

La línea de indigencia en Venezuela está fijada en 3 dólares diarios por persona, es decir, 90 dólares mensuales. La línea de pobreza está en 6 dólares diarios, es decir, 180 dólares mensuales.

El pensionado promedio que recibe los bonos apenas supera la mitad de la línea de indigencia. El que no los recibe, está en indigencia absoluta.

Pero el drama no es individual. Es familiar.

Según el Estudio de Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi), que desde 2014 realiza la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), hay aproximadamente 3 millones de hogares en el país que tienen al menos un adulto mayor como miembro. En muchos de ellos, los pensionados son el principal sostén económico o complementan los ingresos de un solo trabajador.

Tomemos como ejemplo el hogar que surge de esa realidad:

• Dos abuelos pensionados: uno recibe los bonos (50 dólares mensuales), el otro no (0,50 dólares).

• Una pareja casada: uno trabaja y gana 200 dólares mensuales; el otro no tiene empleo remunerado.

• Al menos un hijo.

El ingreso total de este hogar es de 251 dólares mensuales.

Frente a ese ingreso, la Canasta Alimentaria Familiar calculada por el Cendas-FVM en febrero de 2026 alcanzó los 645,67 dólares mensuales para una familia de cinco personas. El déficit mensual es de 394,67 dólares.

Este hogar está muy por debajo de la línea de pobreza. Sus abuelos están en indigencia. Y no es un caso excepcional. Es la estructura de millones de hogares venezolanos.

La propuesta: 90 $90 y 180 $180

Aquí es donde los nuevos ingresos petroleros entran en escena. No como una dádiva, sino como un mecanismo de reparación histórica.

La propuesta es simple, cuantificable y ejecutable en plazos definidos:

Primera etapa (90 días):
Llevar la pensión de cada abuelo a 90 dólares mensuales. Con este ingreso, cada pensionado supera la línea de indigencia.

Segunda etapa (180 días):
Llevar la pensión de cada abuelo a 180 dólares mensuales. Con este ingreso, cada pensionado supera la línea de pobreza.

El impacto no es individual. En los 3 millones de hogares que tienen al menos un pensionado, esta medida significaría:

• En 90 días: 3 millones de hogares dejan de tener miembros en indigencia.

• En 180 días: esos mismos hogares salen de la pobreza.

No es caridad. Es justicia. Es devolver lo que fue expropiado.

¿De dónde sale el dinero? Los nuevos ingresos petroleros

En artículos anteriores he documentado cómo la guerra en Medio Oriente ha reconfigurado los flujos energéticos globales y ha elevado el precio del petróleo. Para Venezuela, esto se ha traducido en un incremento significativo de los ingresos, combinado con una reorientación de las exportaciones hacia el mercado global.

En marzo de 2026, el país está exportando 850.000 barriles diarios a un precio promedio de 61,50 dólares por barril (frente a los 45,50 de diciembre de 2025). El incremento mensual de ingresos es de 613 millones de dólares. Anualizados, 7.356 millones de dólares adicionales.

El costo de llevar a todos los pensionados a 90 dólares mensuales es de 2.133 millones de dólares anuales. El de llevarlos a 180 dólares es de 8.370 millones anuales.

Es decir, con menos de un tercio del incremento anual de ingresos se financia la primera etapa. Con la totalidad se financia la segunda etapa.

Pero hay más: si la producción aumenta —como proyecta la administración Trump con una tasa del 15% anual—, los ingresos extraordinarios serán aún mayores. Y la deuda con los pensionados podría saldarse en plazos más cortos.

Del Sistema Patria al derecho universal

Hay un punto crítico que esta propuesta resuelve de paso: la discrecionalidad del Sistema Patria.

Hoy, el ingreso de los pensionados depende de estar inscritos en esa plataforma y de residir en el país. Si un abuelo sale del país —por razones médicas, familiares o migratorias—, los bonos se cortan. Si nunca se inscribió, no recibe nada. Si el gobierno decide reducir los bonos por ajustes fiscales, no hay recurso legal.

La propuesta “90 $90 y 180 $180” debe ser universal y automática. No condicionada a una plataforma digital que excluye. No atada a la residencia. Un fondo fiduciario, alimentado con los ingresos extraordinarios del petróleo, que pague directamente a todos los pensionados registrados en el IVSS, independientemente de dónde vivan.

El principio ético: la deuda social como prioridad

Lo que está en juego no es solo un aumento de pensión. Es una reparación histórica.

Los pensionados venezolanos son los que construyeron el país. Sus ahorros fueron expropiados. Su dignidad fue postergada. Y mientras el régimen gastaba los recursos en proyectos faraónicos, clientelismo y corrupción, ellos esperaban.

Ahora, por una paradoja de la geopolítica, llegan ingresos extraordinarios que el Estado no había contemplado. La pregunta es: ¿se usarán para seguir financiando gasto corriente y opacidad, o para saldar la deuda más urgente que tiene este país?

Conclusión: la oportunidad de ser distintos

“Las desgracias de algunos pueden ser beneficios para otros”, escribí hace unas semanas. La guerra en el Golfo Pérsico está generando ingresos extraordinarios para Venezuela. Esos recursos no estaban en ningún presupuesto. Llegan por una coyuntura que no durará para siempre.

La propuesta “90 $90 y 180 $180” es una hoja de ruta concreta, cuantificable y ejecutable en plazos definidos. No requiere reformas complejas ni décadas de espera. Requiere, eso sí, una decisión política: reconocer la deuda con los pensionados y destinar una fracción de los ingresos extraordinarios a saldarla.

El dinero está llegando. El cálculo está hecho. Los 3 millones de hogares esperan.

Ahora solo falta la voluntad de hacer de esta oportunidad geopolítica una política de Estado. Porque si la historia nos ha enseñado algo, es que, en Venezuela, el tener petróleo nunca fue el problema. El problema siempre fue qué hacemos con él.

Notas

 La línea de indigencia (3 dólares diarios) y la línea de pobreza (6 dólares diarios) son los estándares utilizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y validados por el Estudio de Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi) de la UCAB.

 El Estudio de Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi) es una investigación anual de la UCAB que desde 2014 mide pobreza, ingresos, empleo y estructura de los hogares. Sus datos sobre la cantidad de hogares con adultos mayores y la composición de los ingresos familiares son la base empírica de este análisis.

[1] ORCID: https://orcid.org/0009-0001-5282-0006