El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami es muy dado a las declaraciones públicas, pero en cambio evita informar sobre el tema más crucial de sus múltiples responsabilidades: la cifra de homicidios que se cometen en Venezuela.
Hace un mes un periodista de la Agencia Reuters le formuló una pregunta precisa: "Señor Ministro, ¿cuántas muertes violentas ocurrieron en el país durante el año 2008 y cuántas van en el 2009?". El funcionario respondió que no tenía los datos a la mano..., y le indicó al reportero que instruiría al director del CICPC para que los suministrara.

Días atrás, una periodista de un medio nacional le hizo la misma pregunta, y el Ministro le contestó de igual manera: no tengo la información a la mano..., y añadió que en todo caso los organismos competentes la daban a conocer periódicamente...

Si el principal encargado gubernativo de la seguridad ciudadana no sabe o no se acuerda del número de asesinatos que se perpetran en Venezuela, entonces se trataría de un indolente de marca mayor. No obstante lo anterior, el señor El Aissami lo que pretende es censurar la información oficial, por cierto que en perfecta violación del aparte único del artículo 57 de la Constitución de 1999.

El cual establece lo siguiente: "Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos y funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades". Además, el artículo 143 del texto constitucional también así lo consagra: "No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos y funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad".

Encima de todo, hace varios años que el Gobierno clausuró la Oficina de Prensa del CICPC, y desde entonces las tradicionales estadísticas oficiales en materia de muertes violentas brillan por su ausencia.

El caso en referencia es apenas una gota en el océano de manipulación, desinformación y censura que caracteriza a la llamada "Revolución bolivarista". La supresión del Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, o el intenso maquillaje a las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), o la falta de información sobre los innumerables acuerdos financieros internacionales, son ejemplos notorios del mismo mal.

El derecho a la información oportuna, veraz, imparcial y sin censura, que reconoce la Constitución de 1999 es, quizá, uno de los más pisoteados por el proceder de los jerarcas que controlan el poder del Estado, comenzando, claro está, por el propio señor Chávez.

Por cierto, ministro El Aissami, en el 2008 más de 14.000 venezolanos fueron asesinados en el territorio nacional, y es probable que la cifra roja aumente en el 2009. Ello implica un incremento de más de 300% con respecto a 1998. En pocas palabras, y luego de una década larga de supuesta revolución, Venezuela se ha convertido en una de las sociedades más violentas, y no sólo de América Latina sino del planeta.

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