La criminalización de la protesta no es gratuita. El Gobierno no quiere permitir que, como en la reforma, se logre "triangular" y ello produzca una derrota a su proyecto hegemónico. Pero eso reprime y pretende hacernos aparecer como los violentos.

Durante la discusión de la reforma que buscaba modificar la Constitución, la estrategia única de la oposición fue, más allá de Chávez, explicar por todo el país y mediante todos los medios posibles (no sólo los medios libres de comunicación social, sino también en foros, asambleas, cara a cara, panfletos y volantes), el contenido real de las principales propuestas a ser reformadas de la Constitución y cómo esas propuestas podían influir en la vida del ciudadano común. Esa estrategia fue tan exitosa que se ganó el referendo y la reforma constitucional fue rechazada.

Algunos al leer hasta aquí ya deben estar preguntándose para qué sirvió todo eso si ahora, mediante leyes, están aprobando lo esencial de la reforma. Tienen parcialmente la razón. Es cierto que varios aspectos rechazados en la reforma constitucional han venido siendo aprobados por ley. Nadie dijo que esta gente es demócrata y acataría el mandato del pueblo, como debería haber ocurrido. Son tramposos y definitivamente no respetan al pueblo. Pero se han visto obligados a desprenderse del ropaje democrático, a confesar que la Constitución no les importa y a acudir a mecanismos inconstitucionales para, mediante ley, violar la Carta Magna y el mandato del pueblo. Lo que pretendían imponer de un plumazo si lograban la aprobación de la modificación de más de sesenta artículos de la Constitución con la reforma, al ser rechazada, los ha obligado a acudir a dos años de leyes inconstitucionales y dictadas en desacato al mandato del pueblo venezolano. Todo esto suma al expediente antidemocrático de la revolución chavista.

La estrategia de explicar la profundidad del contenido de la reforma por todos los medios existentes fue extremadamente exitosa. Logró que los opositores salieran masivamente a votar por el NO, que un inmenso porcentaje de partidarios de Chávez se abstuvieran de votar y que unos cuantos hasta votaran en contra.

Esa estrategia hay que repetirla, pues a eso es a lo que le teme realmente el Gobierno. Hay que salir a cada barrio a explicar el contenido de la Ley Orgánica de Educación. Hay que decir -claramente y sin ambages- los riesgos que contiene para la educación de los niños y jóvenes de Venezuela. Pero hay que hacerlo sin inventar o exagerar en nada. Cada vez que se argumenta con una exageración y el hecho no sucede, se pierde la credibilidad. El receptor del mensaje se cierra y no escucha más argumentos. El Gobierno ha sido muy bueno en campañas de descréditos cuando algunos voceros han anunciado o predicho algo que luego no sucede.

Existe un ambiente muy propicio y sensible para captar mensajes referidos al tema educativo. Hay la intuición de los padres que están ávidos de conocer en qué afectará a sus hijos la nueva ley. Las alarmas de peligro están encendidas en todos los hogares venezolanos, incluyendo en los chavistas. La explicación de la ley la deben dar voceros con credibilidad en la materia, y con exactitud de lo contenido en el texto. Muchos temas son importantes y hasta vitales, pero en este momento no existe ninguno que pueda sensibilizar y hasta movilizar a mayor número de venezolanos que el tema de la educación. Y el gobierno lo sabe.

Esa es la razón por la cual se atacó a la marcha más grande y simbólica que se haya realizado en los últimos tiempos en el país. Del reclamo y la protesta por la Ley de Educación, nos desviaron a la represión, la violencia y la persecución de dirigentes; debemos volver de inmediato al tema que nos convocó a miles a marchar: la Ley de Educación. Reclamar la represión y regresar al tema educación.

Lo mismo hizo con los periodistas agredidos salvajemente. Ellos repartían volantes contra la Ley de Educación que contiene artículos que restringen y penalizan la libertad de información. La violencia oficial fue usada para desviarlos de su reclamo inicial. Todos ahora reclamamos en contra de la violencia estatal y paraestatal que ejecuta el Gobierno y sus financiados partidarios y se le bajó el volumen, como quería el Gobierno, al tema realmente movilizador y sensible a todos los sectores del país: la Ley de Educación.

Toda criminalización de la protesta pretende amedrentar para que no se proteste y eliminar la posibilidad de triangulación con el pueblo en el tema educativo; polarizar al extremo, justificar la violencia institucional y sobrepasarse en este aspecto para sacar de la agenda la inconsulta ley antes de que comiencen las clases. Hay que seguir explicando la ley por todos los medios posibles.

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Fuente: El Universal