La Red de oficinas económicas y comerciales de España en el Exterior, en junio de este año informó que “Angola, Bolivia, Venezuela y Cuba fueron los principales países a los cuales España exportó material policial y de seguridad en 2008″.
Vaya que destinos elegidos por el gobierno español para fomentar este tipo tan particular de comercio!. “De acuerdo a las estadísticas de exportación de material de defensa que presentó la Secretaría de Estado de Comercio a la Comisión de Defensa del Congreso español, Venezuela compró 155.942 Euros en material policial el año pasado, de los cuales 111.450 Euros estuvieron destinados a la adquisición de bombas lacrimógenas”. Ibíd.


Bravo Zapatero! No solo los venezolanos que protestan masivamente están siendo impactados por el gas del bueno español. También los miles de hijos de inmigrantes españoles, que nacidos en esta tierra de gracia que acogió a nuestros padres por causa del exilio ­la mayoría con doble nacionalidad-, estamos siendo impactado con el gas del bueno español.

China también vende gas del bueno a Venezuela, pero eso es harina de otro costal; pues no se caracteriza China precisamente por el respeto a los Derechos Humanos de sus propios ciudadanos, de modo que el reclamo va dirigido espacialmente a España en esta ocasión.

Que quede claro: No puede continuar España vendiendo gases lacrimógenos a Venezuela para ser empleados en la violación de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en contra de manifestantes pacíficos que se consideran críticos u opositores de las políticas oficiales. No puede continuar España lucrándose de la venta de gas del bueno utilizado para la represión interna en Venezuela. Y no puede por dos razones esenciales: a) Porque lo establece la Ley de comercio exterior de material de defensa y doble uso, aprobada por el parlamento español en diciembre de de 2007, que impide la venta de armas a países en los que hay un riesgo real de que estas contribuirán a la violación de los derechos humanos, a la perpetuación de los conflictos armados y al deterioro de su desarrollo sostenible. B) Por que incumple España el Código de Conducta de la Unión Europea para el control efectivo del comercio de armas.

En Venezuela se criminaliza la protesta. 2.200 personas han sido procesadas en 9 años por protestar, según ha documentado recientemente PROVEA. Esto da un ritmo anual de 244 personas procesadas. Es decir, cada 36 horas se inicia un proceso judicial en contra de una persona que proteste en Venezuela, en la mayoría de los casos impactada previamente por gases lacrimógenos que emplean los cuerpos de seguridad del Estado. Esto más que una violación a los derechos civiles y políticos, es una guerra del Estado contra sus ciudadanos. Es una política de intimidación desarrollada de manera generalizada y sistemática en contra de quien es visto como opositor por el gobierno, en una clara y bien diseñada política de segregación nacional.

Aquí no se trata de instrumentar esta denuncia de la mano del partido popular (PP) de España en contra del gobierno español. Ojala a nadie se le ocurra adelantarla de este modo desde Venezuela. Aquí de lo que se trata es de comenzar a documentar anta las instituciones españolas (gobierno, parlamento, defensor del pueblo, poder judicial incluso), el destino final que el material de defensa vendido por España está encontrando en Venezuela, el de ser utilizado en contra de los ciudadanos, muchos de ellos españoles.

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