Acosada y criminalizada cada vez con mayor virulencia por un Estado represor y antidemocrático, la sociedad venezolana no pierde el norte de su ruta hacia la libertad. Los ciudadanos y ciudadanas seguirán manifestando pacíficamente hasta construir un sistema político de justicia social enmarcado en las normas y principios de la Constitución del 99. Allí está establecido un proyecto de país que con grandes esfuerzos y sacrificios de muchas luchas ha logrado instalarse en el imaginario nacional.

Al derecho a la protesta, de clara estirpe constitucional, se le busca la vuelta, entonces, por la fiscal del Ministerio Público para convertirla, mediante argucias leguleyescas de mala fe, en una forma de desestabilización política y social. Frente a esta realidad se encuentra la sociedad democrática, que no está dispuesta a dejarse arrebatar una manera de vida en libertad que a través de un largo proceso se ha transformado en el objetivo fundamental del pueblo.

Se quiere acabar el juego político pacífico, dándole rienda suelta a una desaforada represión mediante los tentáculos y mecanismos de la presencia arbitraria del Estado. El nudo central de los derechos humanos se hace añicos, dejando a la intemperie a un conglomerado social que con gran empeño quiere llevar a cabo el rescate de una esperanza consagrada firmemente en el tejido jurídico de la República.

Incapaz de resolver los problemas elementales de una nación en franca decadencia, el gobierno apela a la fuerza destructiva e intimidante del aparataje policial. Se hostiga de mil maneras la lucha democrática del pueblo, desconociendo con absoluto desparpajo lo más sensible y sustancial del Estado de Derecho. Mediante un conjunto de leyes precipitadas se persigue a la sociedad, escamoteándole sus legítimos derechos a regular y a ocuparse autónomamente de numerosas materias que le son propias y donde el poder totalitario se quiere alojar también para imponer, con su estilo dominante y asfixiante, una doctrina única que desconoce arbitrariamente el multiforme ordenamiento de las sociedades libres y democráticas.

Un ejemplo típico de este proceder es el atinente a los propósitos contenidos en la llamada Ley Orgánica de Educación, hoy en el tapete de los debates políticos y culturales de los venezolanos y que debe ser profundamente analizada para desprender de allí lo verdaderamente conveniente a una comunidad humana que brega abiertamente por mejorar su sistema de vida y ahondar en los valores y principios de una educación para la genuina liberación del ser humano. Aquí reside la esencia de la discusión de nuestros días, cuyo meollo es el papel del Estado al servicio del hombre, y no el hombre al servicio del Estado, como cree erróneamente la débil orientación ideológica de la contrarrevolución chavista.

Existe una revolución pendiente, la de los derechos humanos: el derecho de propiedad para todos los venezolanos, el derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la dignidad de las personas, a la educación, a la paz, a la seguridad, entre otros, tal como lo establece abundantemente la parte dogmática y principista de la carta magna actual. Por ese conjunto de derechos esenciales pelea la sociedad democrática, en el sentido de su plena vigencia, para que dejen de ser letra muerta en la simple silueta de la máxima ley de la nación.

El respeto a la Constitución es clave para lograr plenamente el derecho a la ciudad, y los ciudadanos puedan protestar, exigir en sana paz y pacífico protagonismo sus reclamos en todas las calles del país, ante los gobernantes que no cumplen sus más elementales deberes y compromisos. El derecho a la protesta no se puede convertir en un delito por la abusiva y acomodaticia interpretación de los delirios del poder. øSe seguirán sancionando leyes para que no se cumplan como sucede con la Constitución? Esta confrontación difícil que se libra en el país exige de los factores democráticos una firme, resuelta y honesta participación. A la regresión en marcha hay que contraponerle la visión progresista y avanzada del poder ciudadano y sus derechos estampados en la Constitución.



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