La actitud oficialista es y ha sido la de rehuir y diluir la verdad de sus tropelías. Fingir que las mismas nunca han ocurrido.

Mario Benedetti.


La FGR niega la evidencia de las denuncias de EAA, como se desprende de su sesgada declaración. Vergüenza es lo que genera esta decisión, que, al igual que tantas otras, deja muy mal parada la ética del MP y del TSJ. Una vez más, privó la lealtad al amo y la comodidad del alto cargo, antes que el compromiso con la justicia. Más adelante el Presidente anuncia el retiro del gobierno de CIDDHH, de la cual, Venezuela nunca se retirará.

La actitud oficialista es y ha sido la de rehuir y diluir la verdad de sus tropelías. Fingir que las mismas nunca han ocurrido. Ver los desmanes de sus acólitos sólo como un trágico accidente político y no como un problema estructural. Lo de EAA lo conciben como una patología individual y no como parte de las patologías de un bochornoso proceso de desmembramiento del país y de la sociedad, lo que forma parte del patrón de amoralidad. Intentar desentenderse de la responsabilidad que le compete al MP y a la de los demás jueces y magistrados se traduce en encubrimiento, en negar la evidencia y eso es delito. Pero la apuesta del País es otra. Es la apuesta por la verdad. El oficialismo  elige la complacencia y la tolerancia institucional, como si Venezuela no se mereciera un pronunciamiento público, amplio y detallado que deslinde responsabilidades y reconozca culpas y detecte los cómplices, pero no, prefieren defender lo indefendible. El comandante está tan íntimamente implicado en el tema que no puede afrontar complicidades sin admitir la suya. El régimen está  hundido en la corrupción y al margen de un estado de derecho, de manera que la clase dominante es en la actualidad totalmente impune. Las evidencias hechas públicas, no dejan lugar a dudas de que la política judicial oficialista está en manos de los amorales más desvergonzados que ha conocido el país.

En lenguaje técnico jurídico se entiende por negativa de la evidencia o encubrimiento un acto  realizado por una persona, que teniendo las facultades legales de perseguir el delito, lo desestima, lo oculta con interés personal de eludir la acción de la justicia.  El encubridor del delincuente es cómplice del mismo en cuanto a la lesión que se causa a la administración de justicia.
La falsedad dialéctica en materia penal es un atentado al deber de veracidad y moralidad, se incurre en ellas cuando el MP, único organismo facultado para investigar y perseguir el delito, con amplísimos poderes, en una visión oblicua de sus obligaciones constitucionales y legales, da pauta a una hipócrita e inadmisible seudo ética, en una clara desviación y desorden de valores, al hacer afirmaciones contrarias a su obligación frente al hecho denunciado que constituye una real destrucción del bien jurídico tutelado, el estado de derecho. El código moral de la FGR da nauseas, es el perfil del estafador social, una mezcla de sagaz ingenio, labia caudalosa y carencia de escrúpulos, impidiendo a las víctimas ejercitar sus derechos de defensa, todo producto de la ausencia de autonomía estructural del MP y el poder judicial respecto del poder ejecutivo, lo que ha sido una ominosa práctica sistemática constituida en fuente de impunidad

En los últimos 13 años hemos detectado un grave deterioro de los DDHH. Se desprecian los mecanismos jurídicos previstos para defender al ciudadano. La impunidad de las violaciones a los DDHH ha adquirido niveles endémicos. La estructura de la justicia penal está implicada en esas violaciones y constituye una vergonzosa fuente de corrupción, impunidad y encubrimiento.

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