Una práctica recurrente en la administración pública de estos tiempos es el acoso laboral, la persecución política, la cacería de brujas y la siembra del miedo como elementos cotidianos de la gerencia "revolucionaria", y Petróleos de Venezuela no es la excepción.

Mi esposa, la periodista Egilda Gómez, labora en la Gerencia de Asuntos Públicos desde hace unos siete años, aproximadamente, y en los últimos dos ha venido siendo víctima de acoso y persecución por parte del gerente Julio González, y tengo suficientes elementos que me permiten calificar este caso como de retaliación política, como consecuencia de mis posiciones críticas al gobierno del presidente Hugo Chávez Frías.

Ella ha soportado estoicamente todos los atropellos, de los cuales tiene conocimiento por escrito el gerente de Relaciones Laborales, José Gregorio Villarroel, a quien envió una comunicación explicativa de la situación, con el objeto de cubrir las instancias internas de denuncia, sin que hasta la fecha se haya producido una respuesta, a excepción del pasado viernes, cuando fue citada a la Gerencia de Prevención y Control de Pérdidas, donde la exhortaron a renunciar a la empresa, o de lo contrario sería despedida. Detrás de este abuso está, sin duda, la mano de Julio González, y me gustaría saber si Rafael Ramírez convalida que los despidos en Pdvsa los tramite la gente encargada de seguridad y control de pérdidas, y que estas acciones contra algunos trabajadores violen incluso convenios laborales internacionales suscritos por Venezuela.

Los atropellos a los cuales me refiero son, entre otros, el traslado a Intevep, en Los Teques, la asignación de funciones que están muy por debajo de su capacidad y condición profesional y de las labores que había venido desempeñando como fotógrafa, de las cuales existe constancia documental; y últimamente la no asignación de funciones, como método de castigo que viene acompañado además con la humillación de no contar desde hace varios meses ni siquiera con un lugar para sentarse.

Así como ella, hay otros trabajadores en igual situación.

Incluso dirigentes no oficialistas de la federación petrolera despedidos y atropellados, aún con fuero sindical, entre ellos Orlando Chirinos. Todo el mundo en Pdvsa sabe de "Flotaven", donde van a parar quienes caen en desgracia por caprichos gerenciales. Y no es casual que varios de esos trabajadores, como es el caso de mi esposa Egilda, hayan sufrido problemas de salud derivados del acoso laboral al cual están sometidos diariamente, según consta en la División de Medicina Ocupacional.

Estas medidas de traslado unilaterales, amenaza y anuncio de despidos, desmejora de las condiciones de trabajo y citaciones intimidatorias se ejercen, para colmo de males, en medio de una doble inamovilidad laboral. La primera se deriva de la discusión del contrato colectivo, y la segunda, del decreto presidencial dictado el pasado 26 de diciembre, de acuerdo con el cual "las trabajadoras y los trabajadores protegidos por el presente decreto no podrán ser despedidos, desmejorados ni trasladados sin justa causa calificada previamente por la inspectora o el inspector del Trabajo de la jurisdicción, siguiendo para ello el procedimiento previsto en el artículo 444 de la Ley Orgánica del Trabajo".

Hago público este asunto que pudiera ser calificado de personal o familiar porque pone en evidencia el permanente abuso contra los trabajadores, y la indefensión en la cual se encuentran no sólo en Pdvsa, sino en buena parte de la administración pública. ¿Qué dice la dirigencia sindical roja rojita?

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