La mal llamada “recuperación” de concesiones radioeléctricas para entregarlas al pueblo, no deja de ser una frase para engañar a incautos y obtener los mayores frutos en esta arremetida que es el preámbulo de lo que viene contra los medios de comunicación. Ni es el pueblo el que decidió cerrar 34 estaciones de radio, ni será el pueblo el que se beneficie con esta transgresión antojadiza, la más brutal que conoce el mundo, porque no hay referencias ni siquiera en los regímenes más oprobiosos.
La Ley Orgánica de Telecomunicaciones vigente desde el año 2000 contiene un tinglado adaptable a cualquier procedimiento que el Estado decida  contra los privados. Como otras aprobadas entre gallos y medianoche, se estructuró a la medida del objetivo central: aniquilar la libre empresa y limitar los derechos constitucionales de los venezolanos, en este caso el sagrado derecho a la libertad de expresión, a estar informados de manera veraz y oportuna sobre la pluralidad de productos y servicios disponibles en el mercado, como reza el Art. 117 de la Carta Magna.

El objeto de la Ley es establecer el marco legal de regulación general de las telecomunicaciones, a fin de garantizar el derecho humano de las personas a la comunicación y a la realización de las actividades económicas de telecomunicaciones necesarias para lograrlo, pero contradictoriamente declara de utilidad pública y social el establecimiento y  desarrollo de redes de telecomunicaciones, por el Estado o por los particulares, de conformidad con los planes que desarrolle el Ejecutivo Nacional (Art. 193). Y todos sabemos cuáles son esos “planes” que por encima de la Constitución y las leyes, desdeñando la opinión del pueblo, establecerá la supremacía comunicacional del Estado. 

Ya instauró un paquete hegemónico, y si controla las 206 emisoras bajo amenaza, más las que acaba de cerrar, el poderío del Estado rondará el 60% del espectro comunicacional audiovisual, sin contar con los medios impresos y los digitales que colman la red y la paciencia. ¿No se iba a combatir el latifundio mediático, el monopolio, y ahora se propicia la cartelización y estandarización de los medios, con un solo patrono, para que no existan voces disonantes en el espectro radioeléctrico que es de todos los venezolanos?

Se repite el escenario vivido por el cierre de RCTV con la repulsa colectiva por el atropello y la impunidad. La diferencia estriba ahora en que no se trata de un empresario, sino de una infinidad de dolientes. Los propietarios, la Cámara de Radio, las agencias de publicidad, los anunciantes, los periodistas, los consumidores y usuarios demandarán recursos contra la medida que sacó del aire a 34 emisoras ante Conatel, el TSJ y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Vamos a defender el derecho a la propiedad, a la libre empresa, al trabajo, a la libre expresión e información. El derecho a la propiedad incluye la estructura inmobiliaria donde opera la empresa, las antenas transmisoras y las repetidoras; los equipos y materiales. La Ley de Telecomunicaciones sanciona en su Art. 173 con el comiso de equipos sólo por faltas extremas, que no es el caso de ninguna de las emisoras castigadas. No se vaya a reeditar la confiscación de las antenas a RCTV, ni de las antenas de las empresas de TV por suscripción, también en la mira del acoso del Estado para impedir que las estaciones sancionadas puedan reaparecer a través de esas operadoras.

Si la comunidad internacional no pone atención a lo que sucede en Venezuela ni las antenas parabólicas quedarán en pie para conectarnos con el mundo. La arremetida contra los medios en Venezuela no tiene límites y tampoco es aislada. Está relacionada con las nuevas leyes de Educación, de Procesos Electorales, de Propiedad Social, de la Cultura, entre otras, que tienen por objeto el control de la sociedad. No es el pueblo el que está mandando, es el Estado que lo sigue atropellando.

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla