Venezuela no solo enfrenta un problema de poder; enfrenta, sobre todo, un problema social profundo que condiciona cualquier intento de transición.

Hablar de cambio político en un país donde el salario casi ha desaparecido, el poder adquisitivo se diluyó, los servicios básicos colapsaron y las instituciones dejaron de proteger al ciudadano exige un ejercicio de honestidad intelectual. Ningún proceso transitorio puede sostenerse si ignora la realidad material en la que vive la mayoría de la población.

Los estudios comparados sobre transiciones democráticas advierten que los procesos de cambio no fracasan únicamente por errores políticos, sino por desconexión social. Cuando el ciudadano no percibe mejoras mínimas en su vida cotidiana, la transición deja de ser esperanza y se convierte en abstracción. En contextos de deterioro extremo, como el venezolano, la legitimidad inicial del proceso no se mide por discursos o acuerdos, sino por la capacidad de frenar el empobrecimiento continuo.

La  situación actual del país es atípica, por lo que el proceso transitorio comienza con un actor gubernamental que fue, al mismo tiempo, generador del colapso económico, social e institucional. La apertura que hoy se asoma no responde a una convicción democrática, sino a la necesidad de administrar el desgaste y obtener alivio externo. A ello se suma un factor internacional decisivo: un actor externo que prioriza estabilidad y control de riesgos, más que transformación social profunda. Este cruce de intereses define un punto de partida complejo y lleno de tensiones.

En este escenario, la transición no puede plantearse como una reconstrucción inmediata del país, sino como una etapa de contención social. El objetivo inicial no es prosperidad, sino dignidad. No se trata de prometer salarios europeos en meses, sino de detener la caída constante del ingreso, recuperar progresivamente el poder adquisitivo y permitir que el trabajo vuelva a tener sentido. Sin esa señal concreta, cualquier proceso político se vuelve frágil y reversible.

Lo mismo ocurre con los servicios públicos. La salud y la educación no pueden seguir tratándose como daños colaterales del ajuste permanente. Un sistema de salud que no responde a las necesidades de los venezolanos y una educación que excluye a todos, no solo afectan los derechos básicos de los ciudadanos, sino que debilitan el tejido social necesario para sostener una democracia. Las transiciones que ignoran estos factores terminan gobernando sobre la resignación, no sobre el consentimiento ciudadano.

En este punto adquiere especial relevancia el manejo de los recursos que puedan ingresar al país producto de acuerdos energéticos y alivios externos. La experiencia comparada muestra que estos ingresos pueden convertirse en palanca de estabilización social o en un nuevo mecanismo de concentración de poder. Su uso transparente, orientado a servicios esenciales, recuperación productiva y mejora salarial, es una prueba concreta de si el proceso transitorio tiene vocación transformadora o meramente administrativa.

Otro elemento central es la dimensión ética del proceso. No puede hablarse de transición mientras existan presos políticos y la política siga siendo una actividad de riesgo personal. La liberación plena de la disidencia y el cese de la persecución no son concesiones, son condiciones mínimas para recomponer la confianza social. Sin justicia básica, no hay reconciliación posible; sin reconciliación, no hay futuro democrático estable.

La exclusión del sector opositor democrático del proceso transitorio representa uno de los mayores riesgos sociales del momento. Las transiciones que avanzan sin representación plural generan sociedades desmovilizadas, cínicas y desconfiadas. La oposición democrática no es un actor del final del camino, sino un componente necesario desde el inicio para canalizar demandas, ordenar expectativas y evitar que el desencanto se convierta en apatía o en nuevas formas de autoritarismo.

La lección que deja la experiencia internacional es clara: las transiciones no se sostienen solo con estabilidad macroeconómica ni con acuerdos entre élites. Se sostienen cuando el ciudadano percibe que el sacrificio tiene sentido, que el esfuerzo no es unilateral y que el proceso avanza, aunque sea lentamente, hacia una vida más digna.

La transición venezolana será larga, compleja y socialmente exigente. No comenzará con una democracia plena, sino con la tarea urgente de detener el deterioro humano acumulado durante años. Pero si coloca en el centro al ciudadano, su ingreso, sus derechos y su representación política, puede transformarse en algo más que una administración del colapso. Puede convertirse, finalmente, en el inicio de una reconstrucción democrática con bases reales y duraderas.

X,IG: @freddyamarcano