El régimen bolivariano acostumbra desconocer las decisiones internacionales no sólo en materia de derechos humanos, sino en el ámbito de la protección de las inversiones extranjeras, lo que le coloca en el sector forajido de la comunidad internacional que desprecia el orden jurídico establecido.

La política chavista de confiscaciones, un simple asalto a la propiedad privada, una violación clara de las normas constitucionales y de las internacionales, coloca a Venezuela en una situación difícil pero, sobre todo, muy costosa.

Las demandas en contra de Venezuela por tales "expropiaciones", hoy más de 24 en órganos arbitrales internacionales, entre otras: Gold Reserve, Tenaris, Crystallex, Mobil Corporation, Conoco Phillips, Holcim Limited, Autopista Concesionada de Venezuela, Vanessa Ventures, suman centenares de millones dólares.

Es cierto que el Derecho internacional supone que un Estado no puede ser llevado sin su consentimiento a un mecanismo jurisdiccional internacional; pero es igualmente cierto que en ejercicio de la soberanía el Estado puede aceptar tales procedimientos y participar en ellos con el compromiso evidente de cumplir las decisiones que se produzcan. Al suscribir los tratados bilaterales de protección de inversiones, el Estado acepta el recurso del arbitraje internacional y debe aceptar sus decisiones, aunque la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, haciéndole juego a un Ejecutivo forajido, ha considerado que la ejecución de los laudos de los tribunales arbitrales está sujeta al cumplimiento del orden constitucional venezolano, lo que permitiría a un tribunal nacional revisar su contenido e incluso negar su ejecución, lo que contradice los compromisos asumidos al suscribir el tratado de 1965 mediante el cual se crea el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Es claro que además de éste, otros órganos internacionales pueden conocer controversias de esta naturaleza: la Cámara de Comercio Internacional de París, la Corte de Arbitraje Internacional de Londres y el Centro de Arbitraje de Estocolmo.

El régimen bolivariano desprecia el significado y alcance del Derecho internacional, particularmente, el valor y la importancia de los mecanismos de solución pacífica de controversias, entre ellos el arbitraje en el contexto de la protección de inversiones, contenido en tratados bilaterales suscritos por la República.

Las controversias surgen con empresas extranjeras y, en consecuencia, con los Estados de los cuales son nacionales. Sin posibilidades ciertas de lograr una solución mediante la vía de la negociación o de la conciliación como fases preliminares, las controversias se someten a arbitrajes que por lo general no favorecen al Estado, aunque sí a escritorios jurídicos de aquí y de allá que obtienen dividendos inimaginables.

El régimen bolivariano ignora la fuerza de los tratados internacionales y las obligaciones asumidas al suscribirlos.

En el caso de la Exxon Mobil, en relación con el cual la Cámara de Comercio Internacional de París decidió que el Estado venezolano debía pagar 907 millones de dólares por la nacionalización de parte de sus activos en 2001, Chávez dijo el 8 de enero de este año que "Venezuela no reconocerá las decisiones Ciadi", a la vez que amenazó con retirarse del mecanismo, lo que supone la denuncia de tratados de los cuales es parte Venezuela, un procedimiento que parecen ignorar los bolivarianos.

El retiro del Ciadi, anunciado irreverentemente por Chávez, alejaría aún más las inversiones extranjeras, y, en todo caso, no afecta los procesos en curso.

La aberrante postura del régimen bolivariano es muestra de su desprecio por el orden jurídico y la legalidad en el ámbito internacional, proyección clara de su actitud en el plano interno. Una postura de forajido que genera desconfianza en el exterior, en perjuicio de la captación de inversiones extranjeras. Esta actitud confirma la necesidad de revisar con mucho detenimiento y seriedad el estado de las instituciones y de las políticas de estos años, después del 7 de octubre próximo.

Un período de transición basado en un pacto nacional de las fuerzas democráticas nacionales se impone para rescatar las instituciones y diseñar un nuevo país basado en la solidaridad y la justicia social.

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