(10.08.2009) Desde que en 2007 el gobierno de Hugo Chávez no renovó la licencia para transmitir a la cadena de televisión venezolana RCTV, existe fundada preocupación por la libertad de expresión y de información en Venezuela. Hace pocos días, esta inquietud se profundizó cuando el gobierno cerró 34 radios y dos televisoras regionales argumentando el incumplimiento de actualizar sus registros, una medida administrativa que a todas luces tuvo una razón política. En total, 240 emisoras podrían ser clausuradas por la misma causa.

Es parte de la "lucha contra la guerra mediática, contra las mentiras de la burguesía y de la oligarquía", ha señalado Chávez. Y uno de sus ministros añadió que "es una acción de justicia que tiene que ver con darle poder al pueblo". Así, no extraña que todos los poderes públicos intenten desarticular a los medios privados, para evitar que la oposición tenga acceso a las radios y la televisión. La fiscal general venezolana presentó hace poco a la Asamblea Nacional una propuesta de ley sobre "delitos mediáticos", que finalmente fue rechazada en una comisión parlamentaria, tras una polémica que alcanzó ribetes internacionales: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron su "profunda preocupación" y entregaron observaciones sobre el proyecto a la Cancillería venezolana. Según un texto que circuló profusamente, la ley contemplaba castigos de hasta cuatro años de cárcel para periodistas y dueños de medios que incurrieran en "terrorismo mediático", y ya el Código Penal venezolano permite castigar a comunicadores que transgredan la ley. Por eso, la fracasada iniciativa era vista como una nueva intromisión estatal en las actividades privadas y como un abierto intento de controlar a los medios de comunicación.

La intensa persecución a los medios tuvo también un episodio violento, cuando el lunes de la semana pasada partidarios de Chávez agredieron las instalaciones de la cadena Globovisión, que ha estado en la mira del Presidente, quien considera que sus transmisiones atentan contra "la salud mental" de los venezolanos. La cadena enfrenta cinco procesos que podrían llevar a su cierre.

La honda solidaridad internacional por la situación que viven los venezolanos ha incluido pronunciamientos de la SIP, de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y de Human Rights Watch (HRW). El presidente de la SIP señaló que "Chávez quiere hacer desaparecer a la prensa crítica y acallar las voces opositoras, en una muestra del carácter totalitario del régimen", al tiempo que consideró que los gobiernos de la región pecaban de "un exceso de prudencia diplomática". La AIR, que agrupa a 17 mil radioemisoras, denunció que el régimen "incrementa sus acciones de hostilidad y violencia contra los medios", mientras el director de HRW señaló que la comunidad internacional "es impotente frente a Chávez", y los medios de comunicación venezolanos han tenido que autocensurarse para evitar los ataques.

Cuando se necesitan todas las voces para defender la libertad de prensa en la región, destaca el oportuno pronunciamiento de los parlamentarios chilenos, que condenaron el abuso de poder por el cierre de las emisoras, manifestaron su preocupación por la ley especial de delitos mediáticos, denunciaron que pretende "regular la libertad de los medios", y deploraron el "deterioro de la calidad democrática venezolana".