¡Hay que esperar el reglamento! Esa era la respuesta de los asesores empresariales cuando se colaba entre los temas de conversación el temor que provocaba el Decreto Ley de Costos y Precios Justos. A la mejor manera de los venezolanos, entre la ley y su reglamento cabía todo el optimismo que apostaba por la sensatez, y el beneficio de la duda que siempre se le ha otorgado al gobierno, que sin embargo, no puede ser más insensato. Pero el reglamento llegó, y confirmó todas las hipótesis sobre la trama deliberada de destrucción que algunos pocos habíamos anticipado: Esta es la primera ley económica del comunismo del siglo XXI. Procederemos a explicar por qué.

El comunismo es un régimen político y económico que se fundamenta en dos esfuerzos (fallidos): La planificación central de todas las actividades económicas. Y el desmontaje de la propiedad privada de los medios de producción. La represión es simplemente una consecuencia de la imposición, por eso no extraña que todas estas decisiones económicas queden a cargo de la Fuerza Armada, cada vez más empoderada para allanar empresas y amedrentar a sus propietarios y trabajadores. El comunismo supone que hay cierto tipo de hombres (los comunistas) que son mejores que el resto, y que velarán por la eficiencia y la justicia social. Ellos son los garantes de la máxima felicidad posible que el resto debe recibir a cambio de no pretender el poder que ellos ejercen. Para los comunistas hay dos tipos de hombres, los que se encargan, y el resto, que debe simplemente acatar y movilizarse cada vez que se lo pidan. No en balde, la exposición de motivos que encabeza el reglamento aclara que: “el supremo compromiso y voluntad (es) lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo…”. Ya sabemos, por boca de Fidel Castro que socialismo es un eufemismo para encubrir el comunismo.

La ley de costos y precios justos contiene los dos ingredientes del socialismo. Vacía los derechos de propiedad al “autorizar” al gobierno a la más amplia intervención y auditoría de las empresas, para decidir cuál es la más justa organización de los costos, con el fin de lograr los ansiados precios justos. Ese manoseo de la gestión organizacional, apoyada por el tumulto de los consejos comunales y la intimidación militar,  concluirá con el exterminio de la diversidad gerencial. De hecho, acaba con el management, al ser determinantes las restricciones externas y al impedir buena parte de la toma de decisiones. No me extraña que por las grietas emerja el resentimiento, y los interventores terminen por decidir sobre salarios y beneficios para eliminar los “excesos capitalistas”.  Si las grandes empresas se verán alienadas, lo peor ocurrirá con las Pymes y las profesiones liberales. Consultorios y escritorios deberán ajustarse a los requisitos de ley, y por lo tanto, con la experiencia, el talento, el éxito y el reconocimiento por calidad de servicio, harán tabla rasa. Esta ley es la herramienta perfecta para homologar a los nuevos profesionales tipo “médicos comunitarios” con los que tienen varios posgrados. Si la propiedad privada tiene el atributo constitucional de “la disposición”, con la ley se vacía de contenido ese derecho, porque ahora los que dispondrán serán los funcionarios, verdaderos dueños de los activos productivos y de la vida de las personas. Ya se sabe que la ley permite la inhabilitación profesional, además de multas y cualquier tipo de sanción. Algunos no recomiendan prestarle atención al hecho de que esta ley es inconstitucional, contraría los derechos humanos y comete el crimen de privilegiar unos derechos sobre otros, como si eso fuera aceptable. Yo creo que el venezolano aprecia sus derechos y por lo tanto es un deber advertirle cómo sus garantías son rebanadas progresivamente hasta dejarlas en el hueso.

El segundo aspecto es imposibilidad del éxito del control y la planificación central de la economía. Son cientos de miles los rubros que están a disposición del consumo. Y las prioridades no son las del funcionario sino las de cada consumidor. Un burócrata podrá burlarse de los gustos “pequeño-burgueses” de una toalla sanitaria con manzanilla y alitas protectoras, y por lo tanto reducir la variedad a un tipo único, sin considerar para nada lo que las mujeres aspiran. El mismo burócrata puede decidir que la leche viene después de los cauchos de su camioneta, y que como él nunca ha visto a un epiléptico, pues no vale la pena tener inventarios de las drogas que atenúan las convulsiones. La planificación requiere de la simplificación y no hay nada más complejo que el sistema de mercado. En el socialismo la voluntad de los funcionarios se impone, mientras que en las sociedades abiertas son los ciudadanos los que tienen la última palabra. Por esa razón Hayek advertía que intentar reducir el orden extenso (los sistemas de mercado) a la decisión de un funcionario era un error fatal, de fatal arrogancia. Por eso, todos los socialismos reales han fracasado. La URSS llegó a ser una inmensa contradicción, podía mandar hombres al espacio, pero era incapaz de alimentar a sus ciudadanos. Cuba tiene la misma característica. Llegó a ser una potencia militar, pero por mucho tiempo sus ciudadanos se prostituyeron para conseguir tener un artículo de primera necesidad. Y el régimen ha llegado a la abyección de alquilar el servicio de sus ciudadanos, con el fin de obtener ingresos. Korea del Norte es una potencia nuclear cuyos habitantes se mueren de hambre y terror. Y la China comunista practica un capitalismo salvaje, con inmensos costos en la calidad de vida de su gente, que aun no puede asomarse completamente al ciberespacio, tal vez porque allí hay algunas verdades que dinamitarían la suerte del régimen. En todos ellos la escasez es su principal Talón de Aquiles. La ausencia de libertades y derechos y la criminalización del emprendimiento provocan hambre, esclavitud y libreta de racionamiento.

La ley de costos y precios justos es la catapulta del racionamiento. Al congelar los precios el gobierno olvida su propia trayectoria. Seis años de alta inflación, dos devaluaciones, incremento de los sueldos y salarios,  aumento de las obligaciones y tributos, y el pago privado de las ineficiencias públicas (inseguridad y apagones) son fuertes presiones para el incremento de los precios. Al congelar los precios el gobierno olvida algunas leyes de hierro: Nadie vende por debajo de los costos. Nadie puede verse obligado a la quiebra. Por lo tanto, si ese fuera el caso, simplemente los productos desaparecerán de los anaqueles. El gobierno está obsesionado con las conductas especulativas. Pueden ocurrir, pero no como las imagina el régimen. El primer día de vigencia de la ley, emergió la única conducta racional que puede darse en estas circunstancias: los consumidores incrementaron sus inventarios de los productos regulados, anticipándose a la escasez que ven venir. Ocurrieron “compras nerviosas”. Un dato que es esencial para apreciar la comprensión ciudadana sobre lo que está ocurriendo, y cuanta desconfianza tienen estas políticas de controles, desde la época del Lusinchismo económico hasta nuestros días.

Algunos apuntan que Venezuela nunca ha vivido una economía abierta. Es cierto, pero esta es la primera vez que ocurre la mezcla de controles y amenazas contra los derechos de propiedad, expoliaciones seriales, detenciones de empresarios, exilios económicos y ese “hay que ponerle el ojo” a las principales (y escasas) inversiones en manufactura que todavía mantiene el país.

El comunismo es el resultado de muchas teorías de la conspiración. Así como algunos creen en los OVNIS y otros le siguen la pista al “Pié Grande”, los comunistas creen en la conjura económica de los especuladores. En esa obsesión olvidan cuanta fuerza ha acopiado el gobierno y cuanta debilidad ha exhibido el sector privado. ¿Quién o quiénes pueden tener tanta determinación política y económica para marcar la inflación de un país? ¿Quién puede lograr esto en un país de 500 mil empresas, el 95% de las cuales son pymes?

La economía venezolana está enferma de controles. Un régimen de controles se corrompe rápidamente. No sólo porque permite el cohecho sino porque termina por dar resultados contraproducentes. Una economía controlada provoca inflación, escasez recurrente e improductividad. Por eso aquí todo es más costoso. Los síntomas de una economía enferma de controles son la inestabilidad en los precios y el racionamiento de los productos que más necesita la gente.  Entonces, no es que haya especulación, sino que persistes (inexplicablemente) un mal enfoque económico. A los venezolanos no les alcanza el dinero. Pero, ¿quién es el responsable? Son varios. El socialismo del siglo XXI tiene varias expresiones, todas ellas nefastas: la insistencia en controlarlo todo, ya lo dijimos; la indisciplina fiscal, que no permite establecer prioridades, y que, por ejemplo, pide prestado para luego regalar buena parte de los recursos a los países del ALBA; el saqueo sistemático de las capacidades de PDVSA, ahora a punto de colapsar; y la obsesión anti-empresa, que deja a la mitad de la economía fuera del juego. La leyenda del PetroEstado todopoderoso se estrella en nuestra realidad cotidiana. Somos ya 30 millones de Venezolanos y aunque pudiéramos colectar ingresos netos de 100 mil millones de dólares anuales por renta petrolera, ello sólo significaría la cantidad de 9,13 dólares diario para cada venezolano. Sin empresa privada, sin sistema de mercado, sin economía abierta, sin desatar las amarras del emprendimiento, no hay buenas nuevas, solo llanto y crujir de dientes.

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