La historia política es contundente. Por eso se dice que es una filosofía de ejemplos. Aunque su enseñanza no alcanza la obstinación del hombre cuando éste, tercamente, repite los mismos errores sin advertir sus consecuencias. Es así que Benjamín Jarnés, novelista y ensayista español, decía que “la historia no es la maestra de la vida pues nadie escarmienta ante sus lecciones”. Pero también se ha dicho que la historia es cuestión de supervivencia. Sobre todo, cuando se ponen a prueba paradigmas que exaltan condiciones y consideraciones que resultan difíciles de comprenderse en medio de realidades que muchas veces terminan contradiciendo principios y valores para así enarbolar discursos y asumir actitudes falseadamente democráticas.

En el fragor de situaciones así constreñidas, han surgido gobiernos fuertes con el único propósito de imponer sus ideologías a fuerza de coacciones y determinaciones que contravienen espacios de autonomía, libertades y derechos fundamentales. A pesar de que la historia ha demostrado hasta la saciedad las calamidades que tales recurrencias han engendrado, tales exabruptos siguen marcando el periplo de los actuales tiempos. Es entonces cuando se articulan pretensiones con disposiciones de ortodoxa génesis política, para forzar el establecimiento de un Estado Militar a través del cual se institucionaliza un tinglado normativo de perversa verticalidad. Además, endurecido por criterios sin legitimidad alguna pero soportado por desnudas amenazas que vociferan en nombre de una aludida justicia carente de sentido y contenido.

Esta realidad arriba expuesta, tristemente retrata a Venezuela en su más acabada y última expresión. La desafortunada injerencia de quien, como el presidente de la República, se ha empeñado en trastocar el espíritu democrático que vino forjándose durante el curso de la segunda mitad del siglo XX, incitado además por las cruentas luchas que caracterizó la consolidación del sentimiento republicano y federalista durante el siglo XIX, afianzaron un Estado Militar basado en el único propósito de concentrar el mayor poder posible de manera de conducir el país hacia obsoletos y oscuros estadios de desarrollo económico y social.

Desde la cúpula gubernamental, en manos de militares sin formación de gobierno, de gestión pública, de gerencia política, se maquina toda una sucesión de órdenes que por obstinadas equivocan su dirección. Particularmente, porque son mandatos contaminados no tanto por la ineptitud, como por la corrupción que aflora alrededor de las decisiones que buscan adosarse sin una justificación diferente de conveniencias egoístas y mezquinas.

En el seno del Estado Militar que ha echado raíces sobre la nación venezolana, los problemas son innumerables. Engorrosos por donde quiera que se les mire. Cada nombramiento presidencial, es ocupado por un militar pues sólo así el régimen puede respirar sin jadeo. Sin embargo, la incapacidad subsume la obscena lealtad que, por interés, le ofrecen al comandante-presidente. Por eso, las babosadas revolucionarias no tienen la fuerza necesaria ni suficiente para evitar los desastres que la gestión de gobierno viene causando a nivel de instituciones, de infraestructura, de derechos humanos, de vivienda, de finanzas públicas, de economía nacional, de ambiente, de cultura, de ética social, de educación básica y universitaria. Y en fin, de todo cuanto constituye un país tan magnánimo como Venezuela. De manera que no hay duda. La ecuación política queda demostrada por inducción directa. Es decir, Estado Militar: país derruido.