No defiendo atropellos militares contra los aborígenes venezolanos ni contra nadie. Como vivo en Venezuela sé que bastantes miembros de la Guardia Nacional y del Ejército deshonran el uniforme que llevan con conductas impropias y ajenas a las que de ellos se espera. Los primeros interesados en erradicar estas conductas deberían ser el Gobierno y la Fuerza Armada, en lugar de elaborar excusas increíbles y negar lo que es obvio para todo el mundo. Pero una cosa es la ocurrencia de atropellos e irrespeto de los aborígenes y otra muy distinta es objetar el derecho del Estado de administrar los recursos mineros del país.

Repito de nuevo para que no se me malinterprete: Es condenable y debe ser castigada la acción del ejército de desalojar mineros aborígenes de una zona, para luego permitir que sus propios efectivos realizaran labores ilegales de extracción de oro. Por otra parte, que una aldea indígena logre someter y hacer prisioneros, a los soldados envueltos en esas labores mineras delictivas, dice mucho de la preparación de nuestro ejército y de la seguridad de nuestra patria en sus manos.

Con lo que no estoy de acuerdo es en cuestionar el derecho del Gobierno Nacional a administrar nuestros recursos mineros, entre ellos el oro, tal como lo obliga la Constitución. Debe hacerlo y debemos exigir que lo haga bien, pero no objetar el derecho en sí mismo. En Venezuela no pueden existir dos tipos de venezolanos: Quienes no son dueños directos, sino a través del Estado, de todas las riquezas minerales existentes en cualquier parte del territorio nacional: Petróleo, oro, diamantes, hierro, gas, bauxita, uranio, carbón y otras, y quienes se consideran dueños de estas riquezas si están en los territorios que habitan. Esta última es una actitud anti-patriótica e inconstitucional.

Simón Bolívar, el Libertador, dispuso que las riquezas minerales del suelo no pertenecían a quienes vivieran donde las mismas se encontraran, sino que eran propiedad de todos los venezolanos. Así ha sido desde que Venezuela existe como república, por lo que quienes viven en el territorio de esta república, se consideren o no venezolanos, tienen que respetar una norma si se quiere fundacional de la patria. Además, resulta inaudito que se hable de propiedad social, de propiedad colectiva, de socialismo; que se plantee la necesidad de expropiar toda propiedad capitalista, pero a la hora de hablar del oro de Guayana se recurra a argumentos contrarios.

Por otro lado, y no menos importante, estoy al lado de quienes se oponen a que los yacimientos de oro sean entregados a empresas transnacionales, que destruyen el ambiente y nos privan del disfrute de un recurso que nos pertenece. Adicionalmente, me uno a la defensa de las condiciones de vida y de trabajo de los mineros, pues es su derecho vivir decentemente como venezolanos que son.