Vengo oyendo sobre la legalización del aborto en Venezuela desde que era un joven estudiante de medicina.

Eso significa desde hace medio siglo. Escuché los debates en relación al supuesto derecho de las mujeres a interrumpir su gestación. Y digo supuesto porque no existía ni aún existe ese derecho; por lo menos en nuestro país, por lo que continúa siendo motivo de lucha de quienes mantienen la posición de obtener esta supuesta reivindicación. Estuve en numerosos foros donde se señalaba al aborto como un grave delito, pues era el asesinato de un ser humano sin importar el tiempo de gestación que se tuviera. Asistí a discusiones sobre la existencia del alma del feto y más adelante del embrión e incluso del huevo aún antes de su anidación en el útero, significando que se trataba de un ser humano incluso desde el mismo momento de la concepción. Lo señalo como elemento que nos informa de que la resistencia a su legalización no es una cuestión banal. 

Se discutía mucho sobre el aborto como mecanismo de control de la natalidad, lo cual supuestamente dejaría de tener sentido con el advenimiento de los anticonceptivos orales. Sin embargo, se argumentaba que las parejas, sobre todo jóvenes, al encontrarse en situaciones no planificadas, eran incapaces de controlar sus deseos, lo que resultaba en embarazos no deseados. El advenimiento de la píldora del día siguiente supuestamente podría controlar este tipo de situaciones. Sin embargo, la Iglesia católica no acepta ésta ni ninguna otra forma de anticoncepción excepto la abstinencia. Recuerdo la comparación de los efectos secundarios del aborto temprano con los del embarazo y el parto, para demostrar las ventajas del aborto, algo absurdo pues el embarazo y el parto son condiciones naturales. Mucho después oí el argumento de que las damas deben poder decidir sobre sus cuerpos, a lo que los anti abortistas respondían que en el aborto estaban decidiendo sobre cuerpos ajenos. 

El argumento más impactante a favor del aborto giraba alrededor de las consecuencias nefastas del aborto clandestino, realizado en condiciones sanitarias inadecuadas y muchas veces por gente no formada, que afectaba a las mujeres de bajos recursos económicos, que no tenían acceso a las facilidades de una clínica privada, como sí la tenían las mujeres de capas sociales acomodadas. El aborto clandestino era responsable de las muertes de decenas de jóvenes pobres y de infecciones severas, que afectaban la capacidad futura para procrear. Era el aborto entonces un problema de salud pública, que su legalización reduciría grandemente al permitirle a todas las mujeres solicitar ayuda institucional oficial calificada, independientemente de su condición social. Hoy éste sigue siendo un argumento de peso en favor de la legalización del aborto en ciertas condiciones. Algo que se obvia, y no sé por qué, es la opinión del padre en el caso de parejas establecidas. Y lo señalo porque el hijo que se gesta es de ambos y no sólo de la madre.  

Otras discusiones en las que participé fueron las de los casos del aborto como procedimiento para evitar la muerte de la madre en distintas patologías, el aborto ante enfermedades genéticas del embrión y el aborto en el caso de las violaciones sexuales, siempre que la víctima así lo deseara. Era y es inaudito, que se obligue a una mujer a gestar un producto de concepción generado por esta aberrante práctica. Aún en estos últimos casos, para mí meridianamente claros y algunos ya puestos en práctica, tengo conciencia de que pueden no tener un consenso total, pero sí de la mayoría de la población. 

En fin. Se trata de un tema que debe ser discutido en forma amplia, científica, muy racionalmente, sin emociones ni fanatismos absurdos, que no dejan nada útil, y entendiendo que la sociedad necesita evaluar las medidas que se tomen, su factibilidad, sus costos, sus consecuencias positivas y negativas, en orden de seguir avanzando en función de sus intereses. Es un tema escabroso, como lo son el de la legalización de la mariguana y el de los derechos de la comunidad sexo diversa. En todos ellos se requiere un consenso mayoritario nacional. 

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