Cuando analizamos la Constitución de la República Cooperativa de Guyana de 1980, nos conseguimos con la auto asignación

y la distribución político-territorial que ellos han establecido, precisamente en la Guayana Esequiba, en flagrante violación del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. Materia que habrá que recomponer una vez recuperada esa inmensa extensión territorial que nos despojaron añagaza y vileza.

En atención con lo señalado arriba, los gobiernos guyaneses delimitaron la Zona en Reclamación, en las siguientes regiones: Guainía-Baruma; Poomeron-Supenam; Cuyuní-Mazaruni; Potaro-Siparuni; AltoTúkutu- Alto Esequibo. Sin embargo, para nosotros la única manera geohistórica de denominarla es la Guyana Esequiba

La inocultable intención, que tal vez miden en perspectiva, conforme al Derecho Internacional Público, sería la invocación de la famosa Cláusula de Prescripción adquisitiva; con la aviesa finalidad de transformar todos los actos de hecho, en que han venido incurriendo, en resoluciones de derecho; o tal vez – remotamente-- que se produzca una decisión jurídica, que tome en cuenta el principio – de ius cogens—de   libre determinación de los pueblos.

Sépase que poseemos respuestas densas, suficientes y a tiempo para cada una de los ardides que pretenda ejecutar la contraparte ente asunto litigioso.

En la Zona en Reclamación – nuestra indiscutida Guayana Esequiba-- hay asentadas importantes ciudades, pueblos de varios tipos y clases sociales; cuyo registro censal, más reciente, arroja una población que sobrepasa las 300.000 personas, incluyendo a las etnias Waiwai, Makushi, Arawakos, Akawayos, Saraos, Patamonas, Caribes y Wapashi.

Al recuperar esa séptima parte de la geografía venezolana, nos corresponderá concretar mayor relacionamiento, obligantemente, con todos esos grupos humanos, porque también han sido nuestros compatriotas.

El Estado venezolano debe ofrecer un trato más igualitario y decoroso a los Esequibanos que viven en Tucupita, San Félix, Ciudad Bolívar, Tumeremo, El Callao etc.

Reiteramos una denuncia, por todos ya conocida, nos referimos a la negativa, por muchos años, del Estado Venezolano a la cedulación de los Esequibanos. Es verdad que ha habido algunos asomos en tal sentido sin concretarse nada. Pura retórica y nada más.

Resulta triste tener que reconocer que mientras reclamamos la Guayana Esequiba; por otra parte, a los compatriotas que proceden de esa zona, que conviven aquí entre nosotros, los ignoramos y negamos sus derechos.

Por propia experiencia puedo mencionar que los Esequibanos que están residenciados en   varias ciudades venezolanas, aún conservan algunas tradiciones religiosas, medicinales, experiencias innovadoras en cuanto al cultivo de la tierra y explotación piscícola, creatividad en procesos de manufactureras, actividades gastronómicas, metodologías educativas, en fin, técnicas productivas en general.

Prestemos atención a lo siguiente: acaso no podemos nosotros aprovechar esos conocimientos; al tiempo que, en tal intercambio de saberes, los compatriotas Esequibanos recibirían las necesarias asistencias que refuercen el carácter identitario de la venezolanidad; con la intención de que repliquen tales eventos hacia sus familiares, que aún viven en la Guayana Esequiba.

Mientras vamos acoplando tareas de estrechamiento social con los Esequibanos y el pleno reconocimiento de sus derechos; en estos momentos, está gravitando -- en todas partes del país-- la incerteza de que, si vamos a hacernos partes del juicio abierto y en proceso, por ante la Corte Internacional de Justicia, a causa de la Acción interpuesta, en contra nuestra, por Guyana, sin la menor sustentación jurídica, histórica o cartográfica.

El 08 de marzo de este año –recientemente-- los coagentes de la excolonia británica se presentaron una vez más en el Alto Tribunal de La Haya y ratificaron todos y cada uno de los elementos contentivos en su petitorio.

Cuyo contenido se resume (y sintetiza) de la manera siguiente: ellos insisten en pedirle a la CIJ que confirme la validez legal y efecto vinculante del Laudo Arbitral de París, dictado el 3 de octubre de 1899, documento que siempre ha sido considerado por Venezuela como írrito y nulo; dos adjetivaciones calificativas adosadas desde sus orígenes.

Eso es todo lo que –en esencia—piden a la mencionada Sala Juzgadora de la ONU.

Es que no tienen nada más que soporte tan extravagante pretensión procesal; por cuanto, el citado Laudo – de ingrata recordación—quedó desechado, cuando se firmó, el 17 de febrero de 1966, el Acuerdo de Ginebra.

El citado Laudo quedó inválido y sin eficacia jurídica; por lo que tal litigio se encuentra en condición de imprejuzgado. Siendo así, resulta absurdo que pueda recibir sentencia de cosa juzgada

La contraparte se vuelve torpe al insistir con ese adefesio ante la Corte; para la perpetración de una nueva abominación contra Venezuela.