El problema se encendió en Caracas en 1859, cuando Eduardo Romea, encargado de negocios de España, insistió en que el Estado venezolano

indemnizara a ciertos súbditos españoles por daños atribuidos a las acciones bélicas que sacudían el país. Venezuela, fiel a su postura, rechazó rotundamente tales pretensiones. Ante la creciente presión diplomática, el Gobierno designó a Fermín Toro como ministro plenipotenciario en España; Toro partió el 7 de agosto acompañado por el secretario de la legación, Mariano Julio Palacios.

Sin embargo, la situación se agravó cuando, el 9 de agosto, dos buques de guerra españoles –el Blasco de Garay y el Habanero– arribaron a La Guaira, enviados por el capitán general de Cuba. Al día siguiente, Romea presentó una nota renovando sus demandas y otorgando un plazo de 24 horas para que Venezuela cumpliera, advirtiendo que de no hacerlo se romperían las relaciones entre ambos países. El diplomático venezolano rechazó la exigencia el 11 de agosto, y al día siguiente, Romea se retiró, pidiendo sus pasaportes y embarcándose en el Blasco de Garay.

Con el fin de manejar el conflicto desde Madrid y mantener informados a los países amigos, el gobierno venezolano designó al expresidente general José Antonio Páez, residenciado en Nueva York, como ministro plenipotenciario para gestionar las relaciones ante el Gobierno de Estados Unidos. El presidente Manuel Felipe de Tovar argumentó que, para fortalecer la amistad entre Venezuela y Estados Unidos, ningún otro representante era más idóneo que Páez, quien había recibido notables muestras de aprecio en territorio norteamericano.

En ese entonces, el presidente de Estados Unidos era James Buchanan, un diplomático experimentado y firme opositor a la influencia europea en Hispanoamérica. Buchanan, siempre atento a incrementar la presencia norteamericana en el Caribe, había instruido a su ministro en Madrid para gestionar con cautela la venta de la isla de Cuba, una cuestión que influiría en las gestiones de Páez, pues el mandatario estadounidense jamás se enfrentaría a España si ello amenazaba sus negociaciones sobre Cuba.

Páez debía dejar claro que Venezuela nunca había pretendido eludir la aplicación de la Ley ante actos vandálicos, sino que solo estaba dispuesta a resarcir daños ocasionados por sus propias fuerzas y no por insurrectos. Además, el uso de buques de guerra para coaccionar a Venezuela fue calificado como una injerencia inaceptable de una potencia europea en los asuntos internos de un país americano.

El 20 de octubre, en Washington, el presidente Buchanan recibió las credenciales de Páez, y dos días después, el secretario de Estado, Lewis Cass, se reunió con el ministro plenipotenciario venezolano. Durante la entrevista, Páez solicitó ayuda para revertir la escalada del conflicto, mientras también mantuvo reuniones con el ministro español en Washington, Gabriel García de Tessara, quien se mostró dispuesto a interponer buenos oficios en Madrid, siempre que la intervención de Estados Unidos no ofendiera a España.

Por su parte, el presidente Buchanan expresó que, aunque confiaba en la amistad venezolana, su política diplomática no le permitía involucrarse directamente en disputas entre otros Estados, ofreciendo, no obstante, sus servicios como medio conciliatorio. Esta postura se enmarcaba en una época en la que la crisis interna en Estados Unidos comenzaba a fracturar la unión de la nación, situación que preocupaba a Páez, quien advirtió sobre los peligros de la eventual desintegración de la Confederación del Sur y el impacto que esto podría tener en la estabilidad regional, especialmente en relación con la isla de Cuba.

Las conversaciones en Madrid, dirigidas en privado por Fermín Toro con el presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O’Donnell, permitieron que España expresara, con energía y cortesía, los motivos de agravio que justificaban sus exigencias. La prensa española criticaba fuertemente a Venezuela, calificando tanto al gobierno como a sus opositores de “devastadores, perversos y atroces”.

Finalmente, tras delicadas negociaciones, España accedió a retirar a su diplomático Romea y a ordenar a sus buques abstenerse de actos hostiles contra Venezuela.

El convenio se firmó el 12 de agosto de 1861 en Santander, cerrando un capítulo que, sin duda, se vio influenciado por la cuidadosa mediación de Estados Unidos y la gestión diplomática del general José Antonio Páez, quien había logrado devolver la controversia a una senda pacífica.

A pesar de las tensiones y los vaivenes políticos, la misión de Páez se destacó por su habilidad para negociar en un contexto internacional complejo, marcando un precedente en la historia diplomática venezolana.

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