El 24 de noviembre de 1948 “fue uno de los días más tristes en la vida de Rómulo Betancourt”, afirma el historiador Robert J. Alexander

(Rómulo Betancourt and the transformation of Venezuela). Es el día del derrocamiento del presidente Rómulo Gallegos por los mismos militares que habían llevado al poder a Acción Democrática para gobernar desde el 18 de octubre de 1945 hasta la entrega del gobierno al gran novelista el 17 de febrero de 1948, como resultado de la primera elección directa, secreta y universal. 

El fácil derrocamiento del presidente Gallegos demuestra que la alianza “cívico-militar” del 18 de octubre de 1945 no estuvo cimentada en un proyecto común de largo aliento, sino en los intereses políticos y militares de cada cual de tomar el poder. 

Además de lo señalado, hay otras tres razones que pretenden justificar el golpe de Estado del 24 de noviembre. La primera, es el ambiente de la Guerra Fría que marcaba la confrontación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, la cual se extendió hasta la caída del “Muro de Berlín”. La segunda razón generalmente señalada, fue el sectarismo que caracterizó al trienio adeco; aunque esta la discuten quienes consideran al trienio como una etapa fundamental en la historia de Venezuela. La tercera razón se refiere al deterioro de la relación entre Rómulo Gallegos y Rómulo Betancourt, como lo explica detalladamente Rafael Simón Jiménez en su libro El pleito entre los dos Rómulos. Esto fue acicateado por algunas intrigas en relación con el manejo del asunto militar. En efecto, alrededor del presidente surge un grupo que le sopla al oído la conseja según la cual él sería “una marioneta” de Betancourt. Al poco tiempo de la juramentación de Gallegos como presidente, los militares le plantearon un cúmulo de pedimentos, entre los cuales estaba la salida de Acción Democrática del gobierno y la expulsión de Rómulo Betancourt del país. El presidente no aceptó y esto estimuló la conspiración. El gran escritor –que demostró que no era político– no estaba dispuesto a ceder, entre otras razones, porque confiaba en la influencia de su “amigo” Carlos Delgado Chalbaud. Todo esto sirvió para justificar el zarpazo final que dio la logia militar, cuyos máximos líderes eran Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez. 

El presidente Gallegos encontró, además, un fuerte movimiento que lo enfrentaba a hierro y fuego, integrado, además de la Iglesia Católica, por amplios sectores políticos y profesionales: Copei, URD, los lopecistas, los medinistas, los empresarios y los profesionales. Por eso, el golpe no tuvo resistencia. Estos son los sectores que se sintieron afectados por la “revolución de octubre”, como la Iglesia Católica en vista de los controles que se establecieron contra la educación privada. Cada grupo tenía su razón para no oponerse al alzamiento, y bajo este manto se gestó el golpe sin tropiezos. 

El gobierno que surge del 24 de noviembre de 1948 fue el primero que ejerce el poder en nombre de las Fuerzas Armadas, que creía que el alzamiento militar era producto de un acto legítimo. Así fue afirmado por el Comunicado n° 6 de las Fuerzas Armadas del 24 de noviembre de 1948, y por las alocuciones de Carlos Delgado Chalbaud de los días 1 y 24 de noviembre de 1949, respectivamente. El comunicado y alocuciones referidas pretenden justificar la intervención militar debido al supuesto desorden y conflictividad generado por el sector civil en el manejo de los asuntos de Estado.

Tal fue el peso de la opinión militar en la política que, luego del golpe de Estado del 23 de enero de 1958, se mantuvo vigente la Constitución de 1953, y no la de 1947, hasta la entrada en vigencia del nuevo Texto Constitucional del 23 de enero de 1961, el cual fue aprobado el 16 de enero de ese año. Según Jesús María Casal (Apuntes para una historia del Derecho Constitucional de Venezuela) las razones de ello se deben, en primer lugar, a que las Fuerzas Armadas no admitían revivir la Constitución de 1947, porque había nacido en una época de alta conflictividad política, y que representaba una ideología contraria “al pensamiento de una parte de las Fuerzas Armadas” (p. 189). Y, en segundo lugar, a que el sector castrense reconocía que la ruptura política ocurrió en las “elecciones” de 1952, y no antes. Y esto debido a que, de restablecerse la Constitución de 1947, se habría interpretado (añade Casal) “como la admisión de que todo lo hecho antes por las Fuerzas Armadas era ilegitimo”. De esta manera, queda claro cuál es el peso del sector castrense en la política venezolana. 

En 1958 la dirigencia civil, sobre la base de las lecciones aprendidas a partir del 18 de octubre, entendió que la política hacia las Fuerzas Armadas debía ser otra. El militar respeta al poder civil por el prestigio intelectual y moral de sus líderes; y cuando detrás de estos hay unidad política nacional y apoyo internacional. Igualmente, el dirigente político, como fue el caso de Rómulo Betancourt, debe conocer los asuntos militares y demostrarlo cada vez que sea necesario. Así nace el respeto del poder militar hacia el civil.  

La experiencia de estos conflictos demuestra que la estabilidad democrática requiere de un sistema de “conciliación de intereses”, que repose sobre el diálogo, la tolerancia y el consenso, en la búsqueda de la unidad. Esta es una de las enseñanzas del Pacto de Puntofijo.